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09/09/2021 07:16 CEST | Actualizado 09/09/2021 07:16 CEST

Lecciones de la crisis afgana en migración y asilo

En Afganistán, la UE está aún lejos de honrar la estatura que se espera de ella.

FREDERICK FLORIN via Getty Images
Bandera oficial de Eurocorps.

Tras la pausa de agosto - un mes en que la realidad no se detiene, como ha demostrado una vez más la brutal enormidad de la crisis afgana con el regreso de los talibanes a Kabul-, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo (PE) ha recomenzado con fuerza el curso político con grandes asuntos de fondo. Algunos de ellos son clásicos -como la discusión sobre la situación de la democracia y los derechos en la UE, o la articulación de una respuesta solidaria ante la escala europea de las migraciones y las demandas asilo-, pero incluso estos reclaman ahora enfoques adaptados a los escenarios abruptamente emergidos como nuevas prioridades.

Este 1 de septiembre de 2021- ¡82 aniversario, ahí es nada, del inicio de la II GM con la agresión nazi contra Polonia!-, hemos arrancado debatiendo el segundo Annual Rule of Law Report (2021), cernido sobre todos y cada uno de los 27 Estados miembros (EEMM), con el Comisario de Justicia D Reynders. Acto seguido discutimos sobre los procedimientos de sanción del art.7 TUE contra Hungría y Polonia por las actuaciones de sus Gobiernos de extrema derecha contra los valores comunes consagrados en el art.2 TUE. En ambos debates, las Resoluciones aprobadas por el PE describen un hilo conductor: diferenciar con claridad aquellas situaciones que describen una “violación sistemática” (Systemic Breach) de esos valores comunes consagrados en al art.2 TUE (los casos de Hungría y Polonia) respecto de aquellas que describan problemas específicos (reflejados en las respectivas Country by Country Recommendations) en cada uno de los EEMM de la UE.

En lo demás, ambos debates están relacionados con el Reglamento de Rule of Law Conditionality, en vigor desde el 1 de enero de 2021, y con el Reglamento de Fondos de Recuperación y Resiliencia, también aprobado en el mismo Package presupuestario del Marco Financiero Plurianual 2021/27. La Comisión Europea ha anunciado su disposición a suspender el de Polonia y Hungría acceso a los Fondos de la UE si sus Gobiernos no garantizan su disposición a acatar el Derecho europeo y las sentencias del TJUE. Una decisión adecuada al contumaz desacato de las reglas europeas de sujeción al Derecho y a los valores comunes por los desafiantes gobernantes iliberales en Hungría y en Polonia.

Vista la magnitud de la crisis afgana, ninguna medida al alcance de la UE será suficiente por sí sola; hará falta poner en marcha un mix virtuoso

Pero el asunto más caliente es, sin duda, la situación en Afganistán, tras el desmoronamiento de todos los cortafuegos que, supuestamente, contenían el regreso de los talibanes al poder. Participé, el 30 de agosto, en la Reunión de la Conferencia de Presidentes (CoP) con la que el PE reinicia su actividad tras el verano. Escuchamos el informe del High Rep (jefe de la diplomacia de la UE) Josep Borrell, severo, sin complacencias. Ciertamente, la crisis afgana sacude la conciencia europea -la de la UE, la de sus EEMM y sus opiniones públicas y ciudadanía-, y afecta a todas las variantes y concreciones de la política europea, exterior e interior. Requiere una reflexión seria, sin eludir ninguna crítica ni tampoco la autocrítica, acerca de los cálculos estratégicos que se han comprobado erróneos (por la ausencia en Afganistán de los “prerrequisitos de la Democracia” que teorizó S. Lipset), y arroja lecciones terminantes sobre la necesidad imperiosa de que la UE afirme su autonomía estratégica con una diplomacia propia y servicios de inteligencia y unidades militares de intervención rápida a la altura de nuestra proclamada vocación global.

Pero, además de todo ello, en esas primeras jornadas de septiembre en la Comisión LIBE del PE debatimos con la DG Home Monique Pariat y con el SEAE (Paola Pampaloni) acerca del específico impacto de la crisis afgana sobre la Migration & Asylum Policies, que son competencias distintivas de nuestra responsabilidad política y legislativa en los ámbitos de Justicia e Interior.

Importa aquí subrayar que las Instituciones europeas han reconocido expresa y reiteradamente el ejemplar papel desempeñado por España en la evacuación de personas directamente amenazadas por el terror talibán. Por la misma razón, muchos en ese debate expresamos decepción y malestar por la respuesta del Consejo de Justicia e Interior bajo Presidencia eslovena ante la crisis afgana, penosamente distante del nivel de entendimiento y compromiso que se espera de la UE. Contrariamente a lo manifestado en ese Consejo de la UE celebrado el lunes 30 de agosto, ni el “cierre de fronteras” ni la “prevención de la inmigración irregular” procedente de Afganistán pueden acotar el impacto del regreso talibán al poder absoluto en Afganistán ni mucho menos limitar las prioridades europeas a la evitación de “nuevas olas de presiones migratorias”. Pese a los requerimientos insistentes del PE para activar en plenitud los instrumentos disponibles en el campo de la ayuda humanitaria -establecimiento inmediato de corredores seguros y visas humanitarias, con la concesión de estatutos de protección temporal-, ni siquiera ha habido en el Consejo de la UE una mayoría cualificada para aprobar la activación de la (actualmente en desuso) Directiva de Protección Temporal adoptada por el PE en 2001.

La UE está aún lejos, de nuevo, de honrar la estatura que se espera de ella, y de los valores que proclama

Así las cosas, la controversia parlamentaria a la que hemos asistido hasta el momento no es punto final de nada. Antes bien, es meramente el principio de un ciclo de discusiones que nos acuciará durante años. Vista la magnitud de la crisis afgana, ninguna medida al alcance de la UE será suficiente por sí sola; hará falta poner en marcha un mix virtuoso. Corredores humanitarios, visas humanitarias, estatutos de protección temporal... con un foco especial en personas y grupos (familias) vulnerables: singularmente mujeres que se hayan distinguido en la cooperación con la misión de la UE en Afganistán y/o en la defensa de los derechos humanos y de la igualdad de género, por su exposición al peligro de represión y opresión por parte de los talibanes. Y programas vinculantes de realojamiento y de reasentamiento desde Estados terceros externos a la UE (Resettlement Programs, coordinados por ACNUR), junto a incentivos económicos y liberación de Fondos UE para atender esa redistribución de los millares de personas evacuadas en condiciones extremas, 2.200 de ellos/as a España vía Torrejón.

De poco o nada servirá incrementar las expatriaciones desde Afganistán, con dificultades crecientes por la ineludible necesidad de hablar con los talibanes sin que ello comporte prestarles reconocimiento diplomático ni menos aún legitimación, si no se potencia y financia la voluntad política de los EEMM a la hora de expresar una solidaridad efectiva con las personas ya evacuadas (realojamiento y redistribución por toda la UE) y con las muchas que ansían una, aun no alcanzada, oportunidad de abandonar el país huyendo de la opresión o del inminente riesgo de su integridad personal y de la propia vida.

La UE está aún lejos, de nuevo, de honrar la estatura que se espera de ella, y de los valores que proclama. El paisaje político que delinea en el horizonte esta catástrofe humanitaria es ciertamente desalentador. Pero ni el desánimo ni menos aún el desistimiento son opciones disponibles. La única respuesta aceptable debe ser europea, en sus formas, en su fondo, en sus contenidos, en su altura moral.

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