El Mar Menor, una catástrofe natural reconvertida en conflicto político

Murcia, de nuevo en el centro de la diana. El Mar Menor se muere, un verano más, entre reproches del Gobierno central, Gobierno autonómico y oposición sin que ninguno encuentre soluciones a una crisis natural cada día más acuciante. La aparición de varias toneladas de peces muertos en sus aguas ha terminado de encender los ánimos por un problema que se encona desde 2016 y que amenaza la propia existencia de este paraje natural, teóricamente protegido por su valor ecológico.

Solo en los últimos nueve días se han recogido más de 5.000 kilos de peces y crustáceos sin vida por falta de oxígeno en el agua. La ‘bolsa anóxica’, fácilmente visible desde el aire y sin respuesta aparente a corto plazo, viene causada por el vertido masivo de residuos en la albufera, cuyos efectos han superado el ecocidio registrado en 2019.

En lugar de propuestas, los distintos responsables intercambian reproches. El enclave no será reconocido de momento como zona catastrófica, tal y como ha señalado este martes la portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros. Sí ha otorgado esta calificación a los puntos afectados por los recientes incendios forestales.

Lo ha justificado en que la “grave” situación que afecta al Mar Menor “no es cosa de un día ni ha sido fruto de un fin de semana”, “sino la consecuencia de un periodo muy dilatado de inacción y de falta de cumplimiento en lo que se refiere a sanciones”, en referencia al Ejecutivo regional, presidido por el popular Fernando López Miras.

Las palabras de la portavoz de Moncloa han encendido más los ánimos del propio López Miras, que ha respondido a golpe de tuit. El líder murciano ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de funcionar a base de “mentiras, excusas y confrontación política”, tras su ‘no’ a la petición lanzada para proteger el Mar Menor.

“Esperaba un cambio de actitud del Gobierno central tras los últimos episodios en el Mar Menor. Confié en que nos tenderían la mano ante la situación que estamos viviendo. Pero nada ha cambiado”, añade.

Desde el PP murciano el tono es similar. Su portavoz territorial, Miriam Guardiola, habla de “motivos políticos diseñados con el único objetivo de atacar a la región” y reta a Pedro Sánchez a que si “quiere denegar la declaración del Mar Menor como zona gravemente afectada por emergencia civil, que lo diga, pero que no invente excusas, porque ninguno de los motivos aducidos tienen soporte en la norma”. Para Guardiola, Sánchez y su equipo usan “argumentos falsos que solo buscan confundir y esconder su inacción, pero que se desmontan fácilmente”.

Casado dice que no importa de quién es la competencia... pero que es del Gobierno central

Pablo Casado tampoco ha perdido ocasión, ya que pasaba por tierras murcianas, de lanzar un dardo al Ejecutivo central bajo la fórmula del apoyo “responsable”. El líder nacional del PP ha pedido que cesen los vertidos en la zona, señalando al Estado, que es “quien tiene la competencia para ello”. Sin embargo, segundos después ha hecho hincapié en que los ciudadanos “estamos hartos de que los españoles vean de quién es la competencia, de qué dice el alcalde, al región o el Estado, da igual, la solución es evitar que se sigan vertiendo al Mar Menor unas aguas dulces cargadas de nitratos”.

Sobre las competencias también ha hablado Isabel Rodríguez. Desde la sala de prensa de La Moncloa ha pedido que “cada uno ejerza sus competencias. El Gobierno ejerce sus competencias y el Gobierno de Murcia ha de ejercer las suyas”.

Hasta la zona se desplazará este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, con una ronda de reuniones con López Miras, alcaldes y asociaciones locales para buscar soluciones y mostrarles la postura del Gobierno, algo que hará posteriormente en sede parlamentaria.

Qué soluciones están sobre la mesa

A falta de acuerdo en lo más básico, quién tiene la competencia para actuar, se acumulan las propuestas para intentar atajar el problema. El ejecutivo autonómico ha acordado prohibir por decreto ley los vertidos por la rambla del Albujón, como medida para obligar a Moncloa a eliminarlos por completo, junto a la petición de transferencia de las competencias en las costas y la cuenca vertiente.

Otra de las propuestas de López Miras es que el Gobierno central recupere el calado de la gola de Marchamalo como operación para intercambiar agua con la zona más afectada y poder oxigenarla, en respuesta a la bolsa anóxica que ha causado toneladas de peces muertos.

La oposición a López Miras le reprocha su plan y piden, con urgencia, poner el foco en clausurar los regadíos ilegales, actuar en las aguas que llegan a la rambla para desnitrificarlas y vigilar la mala praxis de empresas agrícolas en la zona.

Varios ayuntamientos locales, por su parte, se han adherido a una propuesta para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor y su entorno, a fin de obtener un mayor blindaje ante el vertido de residuos ilegales.

Una “sopa marrón”

Desde la oenegé ecologista WWF, definen al Mar Menor como una “sopa marrón” y advierten que la crisis no va a remitir a corto plazo. “La turbidez invade la columna de agua en las zonas interiores y profundas de la laguna, donde apenas penetra la luz, y el fondo va perdiendo fauna, mientras las praderas de alga Caulerpa están muriendo de nuevo y el fango y las emisiones contaminantes se extienden por las aguas”.

El problema natural y social viene de lejos. El primer episodio de mortandad de peces masiva ocurrió en 2016. A lo largo de los últimos cinco años se han sucedido las intervenciones policiales, las políticas de urgencia y el hallazgo masivo de peces muertos sin que nada haya cambiado en la zona. Principalmente, a consecuencia de los vertidos agroquímicos que han poblado las aguas de residuos y de algas, que captan la gran parte del oxígeno y dejan sin luz el fondo, provocando la muerte del resto de especies.

El Mar Menor, una de las mayores lagunas litorales del Mediterráneo en 13.500 hectáreas de costa, fue incluido en 1994 en la lista de humedales inscritos en la Convención Ramsar. Siete años antes, se aprobó la ley de protección de sus usos permitidos, un texto que recurrió el PP y que fue derogada con la ley del suelo..