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17/09/2021 07:13 CEST | Actualizado 17/09/2021 07:13 CEST

Más que puertas giratorias, inhabilitación civil y antipolítica

En defensa del derecho a la reinserción civil y laboral de los cargos públicos

EFE
El ex líder de Podemos, Pablo Iglesias.

A raíz de las noticias sobre la presencia del expresidente Pablo Iglesias, fuera ya del gobierno y de la política, como colaborador en diversos medios de comunicación, se ha desatado una nueva polémica llena de descalificaciones, atribuyéndole en este caso el haber recurrido a las denostadas puertas giratorias, que fueron parte esencial de la crítica a la casta política desde el mismo origen de Podemos.

Parece como si ni siquiera la máxima clásica de “al enemigo que huye, puente de plata”, pudiera evitar la tentación populista del señalamiento del adversario, el rencor, la inquina y el “ojo por ojo y diente por diente” que se ha instalado en la política y en los medios de comunicación que, en los últimos tiempos, proviene en particular del ámbito de la ultraderecha y de derecha española.

Si antes le negaban el derecho a disfrutar de un chalet en zona nacional, acosando a su familia con la excusa de los escraches, ahora cuestionan todo lo relacionado con su futuro trabajo en la Universidad y el sector privado en base a una interpretación extensiva de las puertas giratorias.  

El término concreto de puerta giratoria se refiere a la utilización del puesto institucional por parte de un cargo público para establecer lazos, de uno u otro tipo, con una gran empresa privada o un sector de actividad, todo ello con la expectativa de una compensación de contrataciones o salida laboral en dicho ámbito, una vez finalizada la carrera política. En otro sentido se refiere a la otra práctica frecuente de las grandes empresas cotizadas de contar con figuras políticas significativas en sus Consejos de Administración para establecer vínculos, complicidades e influencias con los gobernantes del sector público.

Con ello, el mencionado cargo público entraría en un evidente conflicto de intereses: el de los intereses generales a que debe responder en su ejercicio público frente al trato de favor a una empresa o sector de actividad, que a su salida se lo retribuiría y que a su vez se beneficiaría de la información y las relaciones privilegiadas conseguidas por el político en el ejercicio del cargo.

Entre los casos más sonados que han provocado el rechazo y la indignación ciudadana se encuentra la presencia en los consejos de administración de las grandes empresas de sectores regulados, como en particular el energético. Pero también en otros como la banca, las telecomunicaciones, el transporte, la construcción o las auditorías, la de algunos de los expresidentes, vicepresidentes y varios exministros de distintos gobiernos de los partidos mayoritarios PSOE y PP.

En sentido inverso, lo que resulta menos conocido y casi nunca ha sido objeto de regulación ni de denuncia, ha sido la entrada en las instituciones proveniente del el sector privado para desde ellas favorecer sus intereses, por ejemplo, mediante procesos de privatización, o también el paso de altos funcionarios del Estado al sector privado para lo que podríamos denominar ejercer el papel de caballo de Troya, asaltando lo público desde dentro.

Aspectos, todos ellos, que no toca siquiera la regulación actual de las puertas giratorias, limitada a lo poco previsto en la ley de altos cargos 3/2015. Ésta establece un periodo de dos años de enfriamiento para entrar en aquellas empresas que hayan podido estar afectadas por sus decisiones, aunque ni siquiera surta efecto alguno como incompatibilidad, ya que la Oficina de Conflictos de Interés, encargada de valorarlo y que depende del gobierno, carece de medios ni de capacidad sancionadora. Solo excepcionalmente ha informado negativamente alguna solicitud de compatibilidad, y por tanto, convierte en la práctica en automática la incorporación del expolítico a la empresa privada, una vez finalizada la actividad política.

Es por eso que, entre otros, también el programa electoral de Unidas Podemos se propone prohibir la recolocación de los altos cargos institucionales en los consejos de administración o en asuntos relacionados con cualquier prestación de servicios remunerados con empresas del Ibex o que tuvieran decenas de millones de euros de facturación, sobre cuyas actividades hubiera podido tener capacidad de decisión, proponiendo incluso la tipificación como delito de los casos más graves.

Desde entonces, poco o nada ha cambiado en esta materia de las puertas giratorias, como tampoco de manera sustancial con respecto a las necesarias medidas de regeneración democrática. Unas de las grandes olvidadas en los compromisos del gobierno de coalición de izquierdas. Ni se ha propuesto el aumento de los años de incompatibilidad, ni cambiar la actual dependencia gubernamental de la Oficina de Conflictos, ni dotarla de capacidad sancionadora. Ni tan siquiera establecer un código ético y una comisión parlamentaria de seguimiento como en otros países.

El problema es que los vacíos se llenan y, a veces, con los contenidos más oscuros e incluso contrapuestos al objetivo de transparencia y regeneración democrática.

Por eso, el término puerta giratoria, en un clima de desconfianza y desafección hacia la política, ha cambiado de significado y se ha terminado utilizando para denominar a toda aquella actividad laboral remunerada de un político diferente del ejercicio estricto de su profesión e incluso del nivel que tenía a su entrada en las instituciones, negando su derecho a la promoción interna. Es decir, el rechazo de las puertas giratorias ha pasado de ser una medida de regeneración política, a señalar la política como estigma y, con su generalización, a banalizar y exculpar a los que hoy están en los consejos de administración de las grandes empresas y a decretar por el contrario una suerte de inhabilitación civil para cualquier actividad laboral de los expolíticos, en particular de los provenientes de la izquierda e incluso de sus familiares directos.

Sólo algo así puede explicar que se considere la participación de profesor o mero colaborador en la Universidad o en los medios de comunicación como un tipo de puerta giratoria, cuando con anterioridad a la entrada en política, Iglesias ya enseñaba en la Universidad, escribía artículos y participaba en debates y entrevistas.

Por otra parte, en unas actividades y unos medios de comunicación sobre los que, como Vicepresidente de asuntos sociales, no ha tenido competencia directa ni posibilidad de decidir, y como consecuencia, no ha contado con ninguna oportunidad para algún trato de favor que luego tuviera que ser recompensado o retribuido.

Algunos dirán, como excusa para sostenella y no enmendalla, que él se lo ha buscado denunciando hasta la exageración las puertas giratorias, como hicieron en su momento con los escraches. Con ello, solo demostrarán que hace tiempo que se han sumado a la agitación populista que tanto denuncian.

Incluso, habrá quien diga que hora el caché de Pablo Iglesias vale más, precisamente por haber estado en política y en la vicepresidencia del gobierno. Demostrarán con ello que solo buscan satisfacción en la muerte civil de sus adversarios. Populismo.

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