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25/02/2021 20:43 CET

Otros informes 'casposos' del Consejo General del Poder Judicial

También se mostró contrario a la Ley de Violencia de Género o la de matrimonio igualitario.

EUROPA PRESS
Consejo General del Poder Judicial

A menos de dos semanas del 8 de marzo y en plena polémica por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el organismo ha emitido un informe desfavorable sobre la Ley de Libertad Sexual o Ley del ‘sólo sí es sí’ elaborada por el Ministerio de Igualdad. En él se muestra contrario a los dos ejes principales de la norma: la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación.

Por un lado, el dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una “inversión de la carga de la prueba”. El problema, han alertado los vocales, no es conceptual, sino de prueba: “Se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de presunción de inocencia”.

Sobre la eliminación de la distinción entre abuso y violación -impulsada, sobre todo, tras las primeras sentencias de La Manada-, el CGPJ cree que puede perjudicar a la víctima y derivar en desprotección, al no castigar con mayor pena a quienes cometan actos más graves.

Qué significa el informe desfavorable del CGPJ sobre la ley del ‘solo sí es sí’

No es la primera vez que este organismo emite un informe de este tipo contra un nuevo proyecto de ley que pretende avanzar en derechos y libertades hacia una sociedad más igualitaria. También lo hizo con la Ley de Violencia de género, la del matrimonio igualitario o el Estatuto de Autonomía catalán en 2006. Se trata de dictámenes críticos pero no vinculantes. 

Sobre la Ley de Violencia de Género

En 2004, el Consejo General del Poder Judicial siguió este procedimiento con el anteproyecto de Ley sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La mayoría conservadora del CGPJ aprobó el informe del vocal Requero, muy crítico con esta ley, que fue una de las medidas estrellas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En las conclusiones de este informe, el CGPJ negaba la violencia de género como la entendemos hoy y no consideraba acertado que la norma regulase sólo la violencia sobre la mujer. “Una ley integral debe abarcar todos los ámbitos en los que se manifiesta la violencia doméstica”, se puede leer en el dictamen. 

Sin ninguna perspectiva de género, el informe señalaba también que era “objetable constitucionalmente que pasen a delito las amenazas y coacciones leves sólo cuando el ofendido sea mujer” y no un hombre. 

Tampoco apoyaban en este texto la creación de los Juzgados para la Violencia sobre la Mujer, ya que “lleva a una suerte de jurisdicción especial basada en la intención del agresor y el sexo de la víctima”. Tras su creación años después, este tipo de juzgados ha llegado en algunas ocasiones al colapso por la cantidad de casos que trataban y los expertos señalan la necesidad de que haya especializaciones de género en casi todos los ámbitos. 

 

La Ley contra la Violencia de Género fue aprobada en 2004 por unanimidad con todos los votos a favor en el Congreso de Diputados, convirtiéndose en la primera y única ley integral contra la violencia de género en Europa en ese momento. 

Contra el matrimonio igualitario

En enero del 2005, el mismo organismo aprobó un estudio similar sobre el proyecto de ley del matrimonio gay. Fue respaldado por vocales propuestos por el PP y el presidente del Consejo en ese momento, Francisco José Hernando. En esa ocasión el informe incluía un párrafo que decía “llamar matrimonio a las uniones homosexuales supondría un cambio tan radical como llamar matrimonio a la unión entre un hombre y un animal”. Esta frase fue finalmente eliminada. 

El ponente del informe, José Luis Requero, dijo a los periodistas que en ningún caso se produjo comparación entre las uniones homosexuales y las de hombres y animales, sino que se empleó la técnica de reducción al absurdo para defender una tesis. También pidió disculpas por si alguien se había sentido ofendido por esa frase. Desde el organismo defendían que las consideraciones vertidas sobre el informe eran siempre “jurídicas” e insistían en que el proyecto presentaba “dudas de constitucionalidad”. 

Para Requero, la conclusión del informe era que “no había una igualdad jurídica de las personas homosexuales respecto a las heterosexuales en relación a la institución matrimonial, puesto que esta tiene una finalidad, una dimensión y una estructura distinta al modelo de convivencia” de los homosexuales.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, también se posicionó públicamente sobre la norma, desaconsejando que se regulasen las uniones entre personas del mismo sexo bajo la fórmula de matrimonio.

 

Sin embargo, la ley fue aprobada en abril de ese mismo año y el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el 3 de julio de 2005, convirtiendo a España en el tercer país del mundo tras Países Bajos y Bélgica en aprobar esta ley. Desde entonces, nuestro país es pionero en cuestión de derechos de las personas LGTBI. 

Contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña

No sólo se ha pronunciado de esta manera en términos de derechos sociales. El CGPJ también se opuso radicalmente a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, la norma básica que regula la autonomía y los márgenes de autogobierno de este territorio. 

El informe cuestionaba la constitucionalidad del proyecto de reforma en una votación en la que se ausentaron dos portavoces. Así lo informó a los periodistas el portavoz del CGPJ, Enrique López -hoy consejero de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso- quien aseguró que “esa ausencia hay que interpretarla como dos votos en contra” de los vocales ausentes.

En las conclusiones del informe, el organismo incide una y otra vez en que “la Propuesta es inconstitucional”. “Es inconstitucional desde el momento en que un Estatuto de Autonomía regula el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único, de ámbito nacional y exclusiva titularidad estatal. Propicia un régimen gubernativo judicial sólo para una parte de España, rompiendo su unidad”, indicaba el informe entre otras muchas conclusiones. 

 El ‘solo sí es sí’, por el mismo camino

En todo caso, el Ministerio de Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual pese al informe desfavorable hecho público este jueves.

Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: “Si el informe del CGPJ va en sentido regresivo, como pasó con los de la ley contra la violencia de género y el matrimonio igualitario, la obligación del Gobierno y de los proponentes de la ley -los ministerios de Igualdad y Justicia- es seguir adelante”, ha destacado. 

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