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30/08/2021 07:07 CEST | Actualizado 30/08/2021 07:07 CEST

Poner freno al capitalismo: un acto de justicia social

El desarrollo descontrolado y el nivel de vida de los más ricos se sustenta en la pobreza extrema y el sufrimiento  de los que menos tienen.

chuchart duangdaw via Getty Images
Ola de calor.

El capitalismo salvaje y las prácticas neoliberales de las últimas décadas han generado desigualdad, pobreza y el desmantelamiento paulatino de los instrumentos de socialización de la democracia. 

Por entrar en materia y aportar algunos datos sobre desigualdad económica, según el informe “una economía al servicio del 1%”:

  • El 99% de la población mundial posee menos riqueza que el 1% más pudiente de la población del planeta. 
  • Mientras la mitad de la población mundial sobrevive con 5,5$ al día, el hombre más rico del mundo gana más de 200.000.000$ al día. 
  • En España el 1% con más poder económico concentra casi 25 de cada 100 euros de riqueza, mientras que el 50% más pobre tiene que repartir 7 de cada 100 euros.

A pesar de lo que se cuenta en las facultades de economía y en los principales medios de comunicación, el dogma de que el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y redistribución de la riqueza se cae cuando se observan las cifras: ni se regula por sí solo ni es un ente abstracto. Son unas pocas manos con un poder lo suficientemente grandes como para volcar la balanza de un lado a otro. El mercado es, en definitiva, una maquinaria bien engrasada de generar pobreza y precariedad para la mayoría, y riqueza y opulencia para una minoría.

Pero las injusticias no son solo económicas, también climáticas. Existe una relación inversamente proporcional entre la contribución al cambio climático y el padecimiento de sus consecuencias. La desigualdad climática entiende de estratos sociales: quienes sufrirán globalmente más del 50% de los efectos del calentamiento global apenas son responsables del 10% de las emisiones, y por el contrario, el 10% más rico de la población mundial produce el 50% de las emisiones de CO2. En España la situación no es distinta: el 10% más rico emite 6 veces más que el 10% más pobre.

Lo que evidencia estos datos es como la riqueza, el desarrollo descontrolado y el nivel de vida de los más ricos –apoyados en un sistema globalizado, capitalista y bajo las prácticas neoliberales más crueles− se sustenta en la pobreza extrema y el sufrimiento  de los que menos tienen.

Otro de los grandes escándalos firmados con el sello y bajo la excusa de la eficiencia del mercado −que a su vez ha privado al Estado de ingresos públicos y de una industria nacional competitiva− han sido las privatizaciones. Según la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, desde 1984 hasta 2014 se privatizaron más de 120 empresas públicas españolas por las que el Estado obtuvo unos ingresos derivados de su venta de 45.000 millones. Parece mucho, pero solo los dividendos repartidos por 5 de las más importantes (Enagás, Repsol, Red Eléctrica, Endesa y Telefónica) entre 2011 y 2020 ascienden a 59.700 millones. Por el camino nos hemos dejado un buen trozo de soberanía y riqueza nacional de la que hoy disfrutan fondos de inversión y países extranjeros.

Tras contextualizar la realidad en la que nos encontramos, es momento de poner freno al capitalismo, de librar una batalla cultural y política por contrarrestar el dogmatismo liberal y volver a una etapa en la que la lucha por la igualdad y la redistribución de la riqueza sea el pilar de nuestra sociedad. Pasar del individualismo al colectivismo nunca ha sido tan necesario como ahora; renunciar al lenguaje de pérdidas y ganancias y sustituirlo por el del beneficio mutuo, ¿acaso no os resulta ajeno y poco representativo que la métrica nacional por la que se valora un país sea el PIB, en vez la calidad de vida, la igualdad entre sus ciudadanos, la justicia social o su estado del bienestar? El problema siempre ha sido el mismo: el economicismo, reducir a las personas, las naciones, las decisiones políticas y empresariales únicamente a lo que muestran las estadísticas y los informes económicos en los que solo opinan un puñado de expertos –que por cierto, rara vez aciertan− y sobre los que la mayoría popular nunca tiene nada que decir.  Sin embargo, las personas, la vida, la salud o el bienestar, que son los indicadores que realmente importan, no tienen un precio pero sí un valor incalculable.

Vivimos una coyuntura histórica profundamente corrupta, las normas neoliberales han sido corrompidas por sus propios creyentes y a los ateos a quienes nos han sido impuestas nos resultan más dolorosas que nunca. Por ello, reformular el sistema actual y encaminar las políticas públicas y los instrumentos de socialización de la democracia hacia una igualdad real y efectiva debería ser el objetivo número uno del progresismo internacional. Está en nuestras manos establecer un modelo de desarrollo sostenible sustentado en principios de justicia económica, social, fiscal y ambiental. ¡Ah, sí! y os contaré un secreto: tampoco hace falta que nos pongamos creativos, en realidad ya está casi todo inventado. Repasar los libros de historia económica sirve para ilustrar y poner de manifiesto como las cosas pueden hacerse de otra manera, para ello os voy a pedir que os retrotraigáis a una época pasada en la que la lucha contra la desigualdad y el desarrollo comunitario estaban en el foco de la acción política, y citaré, a modo de ejemplo, lo que a mi juicio podrían ser medidas y soluciones para cambiar las reglas del juego y las fichas del tablero.

Hacia una fiscalidad más justa

¿Sabíais que durante las décadas de los años treinta a los sesenta los tipos impositivos en Estados Unidos se situaron entre el 70% y el 90% para las rentas más altas? Este sistema fiscal les permitió salir de la Gran Depresión, superar las dolorosas consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, así como impulsar el famoso “Plan Marshall” para la reconstrucción de Europa tras la gran guerra. No fueron los únicos, por poner otro ejemplo, Reino Unido llegó a situar el tipo máximo en torno al 90% durante un largo periodo de tiempo para disminuir la excesiva acumulación de capital existente por aquél entonces.

A día de hoy, y viendo la situación actual, no parece disparatado plantear una subida de tipos impositivos a las rentas, herencias y patrimonios más altos; un impuesto a las empresas tecnológicas que a menudo hacen uso de la ingeniería fiscal entre países y paraísos fiscales o establecer impuestos ambientales, evitando así que cuatro ultra ricos compitan por emanciparse de la sociedad enviando cohetes tripulados al espacio mientras contaminan el equivalente a miles y miles de personas sin coste alguno. Y así, con la recaudación de estas medidas poder ampliar el deteriorado estado del bienestar e implementar instrumentos de justicia social como la renta básica, la herencia universal o el derecho al tiempo.

Según el informe “Tiempo para el cuidado”, un incremento de tan solo el 0,5% adicional al impuesto sobre la riqueza del 1% más rico de la población mundial durante los próximos 10 años permitiría recaudar los fondos necesarios para crear 117 millones de puestos de trabajo de la llamada «economía de los cuidados» en sectores como la educación, la salud, el cuidado infantil y la asistencia a las personas mayores.   

Un clima empresarial soberano, sostenible y colectivo 

Otra posible respuesta se articularía a través de un “Estado emprendedor” que financiase iniciativas innovadoras a modo de capital riesgo y lanzadera de empresas con participación accionarial pública. Que el Estado participe de la vida empresarial es una gran noticia, ya lo visteis en los ingresos generados por las empresas públicas posteriormente privatizadas, pero también por el afán de fomentar la investigación, el desarrollo y el impulso de un empleo de calidad, ya que como accionista estatal otras vías alternativas a la remuneración económica son posibles, esto implica que las empresas no se vean forzadas a contaminar el medio, explotar a sus trabajadores o maximizar el beneficio por encima de cualquier cosa.

Tomando como ejemplo los avances de la  socialdemocracia sueca y alemana debemos apostar por una organización sindical fuerte  que participe activamente en las decisiones empresariales, fortaleciendo la negociación colectiva y la cogestión. En estos países los trabajadores participan en los consejos de administración de las empresas a través de sus representantes sindicales, de este modo no solo se alinea el horizonte de la corporación con los intereses de los grandes accionistas −que en ocasiones distan de los intereses de la propia empresa para descapitalizar y vender por partes la misma o asumir un exceso de riesgo sin ninguna ética− sino también con los de sus trabajadores: salarios justos, desarrollo sostenible y convenios colectivos dignos.

Espero haber aportado algo de luz a esta época de las tinieblas donde nadie es capaz de ver más allá de la hegemonía neoliberal y aportar un relato, una narrativa distinta sobre la que sustentar futuros debates, ideas y proyectos. Necesitamos caminos alternativos por los que trascurrir como sociedad y un modelo económico sostenible y justo, pues como decía el gran Erich Fromm: “La economía como esencia de la vida es una enfermedad mortal, porque un crecimiento infinito no armoniza con un mundo finito”.