Por la seguridad y la dignidad de las personas trans, todos a una

Por la seguridad y la dignidad de las personas trans, todos a una

Reclamamos una legislación en España que proteja de una manera integral los derechos de las personas trans en nuestro país.

Una manifestación a favor de la Ley Trans en Barcelona.SOPA Images via Getty Images

El pasado 31 de marzo celebramos el Día Internacional de la Visibilidad Trans. Ese mismo día publicamos un manifiesto en el que llevábamos trabajando meses, recabando el apoyo de hasta un centenar de asociaciones LGTBIQ+ de todo el mundo, para reclamar una legislación en España que proteja de una manera integral los derechos de las personas trans en nuestro país.

En total, 92 asociaciones y organizaciones dedicadas a la defensa del colectivo LGBTIQ+, con presencia en más de 40 países de todo el mundo, han suscrito una declaración que pide, entre otras cosas, una norma que simplifique los trámites para el cambio de nombre y sexo, que las personas trans accedan de manera directa al reconocimiento legal de su identidad sexual o de género, que resuelva de manera urgente el problema de discriminación al que se enfrenta este colectivo y que tenga en cuenta a los menores de edad trans, todo ello en un marco que garantice la seguridad jurídica.

La declaración, que han apoyado asociaciones y organizaciones de Estados Unidos, América Latina, Europa o Rusia, entre otros, lanza un simbólico mensaje de unidad para la acción e insta a cumplir con una necesidad acuciante en nuestro país: actualizar la legislación para proteger a las personas trans de la violencia y discriminación.

No solo se trata, por tanto, de reconocer la existencia de expresiones de género diversas, sino también de conseguir cuanto antes su plena protección e integración social. Hay que recordar que, entre 2008 y 2019, se produjeron al menos 3.300 asesinatos de personas trans en más de 70 países, la mayoría de trabajadoras sexuales, aunque la cifra real podría ser mucho mayor dada la ausencia de estadísticas fiables.

Se trata, además, de una petición directa de la Comisión Europea, que ya ha incluido entre sus recomendaciones la necesidad de que los estados miembros dispongan de procedimientos transparentes y accesibles para las personas trans, basados en el principio de autodeterminación del género.

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