POLÍTICA
12/08/2021 10:06 CEST | Actualizado 12/08/2021 14:04 CEST

Ribera abre la puerta a una empresa pública de energía

La ministra ha asegurado que ha asegurado que la subida del precio de la electricidad no tiene un gran impacto sobre los consumidores domésticos.

EFE
Tarifa de la luz.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha planteado este jueves la creación de una empresa pública que aglutine las concesiones hidroeléctricas una vez expire su plazo de concesión, tal y como ha propuesto Unidas Podemos, socio de Gobierno.

Para ayudar a rebajar el recibo eléctrico, Unidas Podemos ha pedido en varias ocasiones la creación de una empresa pública energética, que, según han explicado a Efe fuentes de la formación, podría surgir a través de la recuperación de los saltos hidroeléctricos cuya concesión está ya terminando.

“Es público que no está siendo sencillo convencer al socio de Gobierno de la iniciativa, puesto que no se encuentra dentro del acuerdo de Gobierno. Por eso, desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos se está trabajando ya en una ley que impulse esa empresa pública de energía”, aseguraron las mismas fuentes.

En respuesta a un tuit en el que el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, aseguraba que su formación dará la batalla por la subida de la luz en el Gobierno, el Parlamento y la calle para acabar con el expolio llevado a cabo por el oligopolio eléctrico, Ribera ha dicho que el problema eléctrico no se resuelve como movilizaciones.

“Movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra el incremento del precio del petróleo. Es una señal de protesta, pero el problema no es movilizarse contra las cosas, contra las energías renovables, contra las nucleares, contra el gas, contra el carbón, contra el sistema eléctrico o contra la intervención. El desafío es encontrar soluciones”, ha dicho Ribera en declaraciones a la SER.

La ministra ha subrayado que el Gobierno de coalición ha hecho una apuesta muy importante para dar cobertura a los consumidores vulnerables al máximo y para facilitar la cobertura de los consumidores medios.

“Yo creo que esto es muy relevante, incluido la modificación de las reglas de mercado de generación, en su caso el poder disponer de toda la hidroeléctrica a través de un sistema concesional distinto a través de una empresa pública según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”, ha subrayado.

El problema eléctrico “no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle porque el precio de la electricidad depende de muchas cosas diferentes y hay que tocarlas prácticamente todas”, ha insistido la ministra.

Garantías ambientales para la ampliación del Prat

Por su parte, también ha hecho referencia a la ampliación del Aeropuerto de El Prat, asegurando que deberá cumplir todas las garantías ambientales para este tipo de proyecto o “no saldrá adelante”.

“Nadie hasta ahora ha dicho nada que ponga en duda que debe ser así, o que cumple todas las garantías ambientales, es compatible con las obligaciones de las que nos hemos dotado, o no saldrá adelante”, ha dicho al ser preguntada, durante una entrevista en la SER, por la compatibilidad ambiental del proyecto.

Ha agregado que su deber consiste en velar por que la ampliación del aeropuerto, que “aparentemente estaba al límite de su capacidad antes de la crisis”, cumpla con los estándares medioambientales como el ruido o la movilidad.

Preguntada sobre si conocía el acuerdo entre AENA y la Generalitat, ha explicado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico emitirá su opinión más tarde, “cuando vea el planteamiento de la infraestructura” (cuyo proyecto deberá pasar el preceptivo procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que fija la legislación).

La Generalitat y el Gobierno alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat, con una inversión de 1.700 millones de euros, y un calendario de reuniones que comenzará en septiembre tras la Mesa de Diálogo y acabará con una nueva bilateral en enero o febrero.

Varias de las principales ONG nacionales reclamaron ayer la paralización del proyecto de ampliación que consideran lesivo para el medio ambiente.

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