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03/06/2020 15:22 CEST | Actualizado 03/06/2020 15:22 CEST

"Yo acuso": La desestabilización frente a la antipatria

El Gobierno ha logrado demostrar en la práctica, a pesar de los obstáculos y las zancadillas, la utilidad del tiempo y las medidas de confinamiento.

ALBERTO DI LOLLI via Getty Images
Spanish conservative People's Party (PP) leader Pablo Casado attends a plenary session at the parliament to debate on an extension of the state of emergency amid the coronavirus outbreak in Madrid on June 3, 2020. - The government will seek parliament's approval to extend Spain's state of emergency one final time, which would keep the coronavirus lockdown in place until June 21. (Photo by Alberto DI LOLLI / POOL / AFP) (Photo by ALBERTO DI LOLLI/POOL/AFP via Getty Images)

Asistimos, en plena salida del confinamiento, a una escalada en la confrontación política que pasa de la inicial deslegitimación del nuevo Gobierno de coalición a una estrategia de desestabilización que resume y pretende culminar la actitud obstruccionista de la oposición de la derecha extrema y la ultraderecha en toda la pandemia. 

Llama la atención que a la insistencia en poner fin al estado de alarma y a la autoridad del Gobierno central le suceda ahora, en el momento de la última prorroga, y sin solución de continuidad, la crítica por parte del PP al Gobierno por eludir su responsabilidad y la exigencia de un plan o protocolo nacional. 

De nuevo la venda antes de la herida, por lo que pueda suceder, para seguir cargando en exclusiva toda la responsabilidad al Gobierno central y a la autoridad sanitaria en pandemia, al margen del mantenimiento íntegro de las competencias de salud pública, de gestión sanitaria y de servicios sociales por parte de las comunidades autónomas. 

Algo que ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia, con objeto de cargar toda la responsabilidad al Gobierno, incluso la previa a la declaración del estado de alarma, y sobre todo de eludir las propias de la derecha, tanto de las CCAA que gobierna, como la de los recortes, y la más grave aún paralización del desarrollo y aplicación de la ley de salud pública de 2011. 

Unas comunidades que tan pronto exigen un Gobierno compartido de la desescalada, para a continuación convertirse tan solo en una correa de transmisión más de la oposición política. Que tan pronto se olvidan de sus competencias plenas de gestión de los pilares del Estado de bienestar, que la Constitución y los estatutos han puesto en sus manos, como se convierten gustosas en un papel de representantes en exclusiva de los intereses desnudos de los sectores económicos y de sus presiones para acelerar las fases de la desescalada. Materia en la que luego exigen, aceleran y frenan a voluntad y sin asumir ningún tipo de error. 

El Gobierno ha logrado demostrar en la práctica, a pesar de los obstáculos y las zancadillas, la utilidad del tiempo y las medidas de confinamiento.

Si en un primer momento fue el paradójico elogio de las derechas españolas al confinamiento total de Wuhan y la crítica a la tardanza y timidez de las medidas del Gobierno, según ellos debido a su compromiso con las movilizaciones feministas del 8M, luego fue por el contrario el rechazo al manteninmiento del confinamiento y del estado de alarma, al rebufo de la extrema derecha, para terminar con una declaración en rebeldía con las caceroladas y las caravanas de automóviles en el barrio de Salamanca (autodenominada zona nacional) para denunciar la restricción de movimientos y de la actividad económica como un supuesto ataque a las libertades. 

Por otra parte, y sin dar tiempo siquiera al fin de la desescalada y la vuelta a la nueva o vieja normalidad, se provoca la minoría y se aprovecha el error del acuerdo con Bildu para precipitar la escalada en la factura de la crisis, desde la deslegitimación inicial del Gobierno de coalición, a la agitación ahora del viejo espectro de la antipatria y la más descarada desestabilización. 

La ocasión, como se dice, la pintan calva: primero fueron los llamados herederos de ETA, como fruto de una jugada desafortunada para blindar la mayoría de la prórroga, y más tarde fue la incorporación al relato de un grupo minoritario de la resistencia antifranquista como gen terrorista de Pablo Iglesias y por extensión del Gobierno de Pedro Sánchez. En definitiva, el espantajo de la antipatria. 

Previamente se había creado el clima de polarización necesario por parte de la derecha extrema, primero en las manifestaciones de las calles de la zona nacional y luego en el Parlamento, para luego, de acuerdo con la bisagra del aznarismo, agitar el fantasma de la antipatria, con referencias, no precisamente inocentes, al terrorismo para caracterizar a la familia del vicepresidente del Gobierno. 

Se trataba con ello de adecentar la oscura memoria del franquismo oponiéndolo a organizaciones armadas para ocultar la feroz represión de la dictadura y la resistencia democrática, siguiendo aquella máxima aznariana de negarle la superioridad moral a la izquierda. Un intento más por parte de FAES en su alianza fáctica con la extrema derecha de maquillar la dictadura franquista y al tiempo de negar el legado moral del antifranquismo democrático y de la izquierda. 

Se trata de dinamitar la capacidad de interlocución del Gobierno y de su credibilidad en el marco del plan Europeo. Algo suicida, si no fuese porque el cainismo es la esencia del dextropopulismo.

Por si algo faltaba, a todo esto aparece en escena el deep state o Estado profundo (tan negado como evidente) interviniendo como última ratio frente al verdadero virus de esta pandemia: el protervo Gobierno social comunista, comenzando por su nefasta ideología de género puesta de manifiesto el 8 de Marzo. El virus es entonces el Gobierno de izquierdas y el feminismo aparece como vector de una epidemia política. Algo similar al papel del Gobierno chino y los antifas para Donald Trump. Burdas maniobras de distracción y elusión de responsabilidad. 

Un Estado profundo de sectores minoritarios de la Magistratura y la Guardia Civil que pretenden convertir un falso relato de prejuicios y bulos epidemiológicos y de salud pública en materia judiciable, para a continuación poner el foco en la denuncia histérica de los intentos fallidos del Gobierno para abortarlo como afrenta a la separación de poderes. Un libelo admitido a trámite y materia suficiente para abrir una causa judicial y con ello una nuevo motivo de politización de la justicia y desprestigio judicial. 

Otra cosa es si en este relato y en esta estrategia el vicepresidente del Gobierno ha puesto el dedo en la llaga o simplemente ha caído en la provocación, o si le tocaba a él precisamente o no ese papel. Tampoco, las contradicciones del ministro del Interior para sustentar la pérdida de confianza en el responsable último de un informe manipulado y falso. 

Después se ha continuado con la filtración de la valoración de la ministra Irene Montero sobre la menor afluencia del 8M debido al covid19 y la desproporcionada reacción de la derecha con grandes aspavientos, como si se tratase de una prueba irrefutable de culpabilidad en el supuesto retraso de las medidas frente a la pandemia. 

Un tiempo e intensidad de la respuesta a la covid-19 equiparable al resto de los países europeos de nuestro entorno y de nuestro nivel de movilidad, concentración urbana y sociabilidad. 

Ante la desestabilización, la reacción de algunos sectores bienpensantes es situarse al margen de la melé.

El Gobierno ha logrado demostrar en la práctica, a pesar de los obstáculos y las zancadillas, la utilidad del tiempo y las medidas de confinamiento para aplacar la fase más dura de la pandemia, y ha conseguido aprobar la última prórroga del Estado de alarma con un apoyo incluso más amplio que la anterior. 

Pero la estrategia de desestabilización no perdona. Se trata con ella en primer lugar de obstaculizar, tras el ruido y la furia, las medidas puestas en marcha por el Gobierno para dar continuidad a su agenda política y social, algunas de ellas trascendentales como el ingreso mínimo vital y el acuerdo de reactivación de la UE. Pero también se trata de dinamitar la capacidad de interlocución del Gobierno en la concertación de reconstrucción y también su credibilidad en el marco del plan Europeo. Algo suicida, si no fuese porque el cainismo es la esencia del dextropopulismo. 

Ante la desestabilización, la reacción de algunos sectores bienpensantes es situarse al margen de la melé, en posición equidistante entre el estado de alarma y la exigencia de desconfinamiento a las bravas, entre el Gobierno aunque no guste y las maniobras de desestabilización del Estado profundo y entre el antifranquismo como germen de la Transición Democrática y el intento de maquillar su herencia y estigmatizar a los que resistieron, y en particular a los comunistas y por extensión a socialistas, anarquistas, republicanos y demócratas y su legado moral. Yo, por el contrario, creo que hoy lo que toca es denunciar la estrategia de desestabilización y la utilización para fines espurios de los aparatos y las instituciones del Estado. Sin seguidismo, pero también sin ambigüedad.