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30/05/2014 07:52 CEST | Actualizado 29/07/2014 11:12 CEST

Can Vies: de solución a problema

Un caso de estas características, en plena crisis del sistema político, en plena crisis económica, y en un escenario de desconfianza hacia las instituciones, no ha sido bien gestionado por quien debía. Demuestra un notable desconocimiento de lo que era y representaba Can Vies en el barrio y en la ciudad.

Lo que ha estallado en Can Vies desde el lunes 26 de mayo no es un suceso de violencia urbana más. Tampoco es solo la típica reacción de los afectados y de sus colegas ante la pérdida del lugar en el que vivían y realizaban sus actividades. Ha habido muchos otros desalojos en Barcelona en los últimos años y meses y no dieron lugar a situaciones como las que vivimos estos días.

Estamos hablando de un espacio de propiedad pública (concretamente de la empresa metropolitana de transportes, controlada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Barcelona), cuyo solar está calificado de zona verde, y que llevaba ocupado desde hacía 17 años. Desde ese momento, lo que originalmente fue simplemente una casa ocupada más, con su dinámica de actividades alternativas más bien cerrada, fue convirtiéndose a lo largo de los años en un equipamiento social más del barrio, con sus especificidades y formas atípicas de gestión.

Muchos de los y las cabezas de familia de Sants estuvieron en su juventud en las fiestas y actividades de Can Vies. En los últimos años, el centro había ido integrándose en dinámicas vecinales más amplias. Así, no se puede explicar la enorme fuerza que tuvo la ocupación vecinal de Can Batlló en junio del 2011, que condujo a un acuerdo con el Ayuntamiento para gestionar una parte del enorme recinto de la antigua fábrica textil, sin la colaboración conjunta del Centro Social de Sants o de la Asociación de Vecinos de La Bordeta (ambas entidades de larga tradición en el barrio), del movimiento cooperativista de Barcelona y de grupos profesionales como los arquitectos del colectivo La Col. Todo ello en un barrio de gran tradición obrera. No es de extrañar que ahora la Plataforma de Can Vies tenga más de cincuenta entidades adscritas.

Desde hace tiempo se venía negociando con el Ayuntamiento el futuro del edificio. Los responsables municipales querían que se desalojara el local para proceder al arreglo de algunas deficiencias estructurales que, a su juicio, hacían peligrar las actividades que se desarrollaban, así como proceder a insonorizar ciertas partes del edificio para evitar las molestias y los ruidos que la actividades del centro ocupado generaban en los vecinos colindantes. La propuesta consistía en que se desalojara el local y que posteriormente, una vez acondicionado, se podría volver a ocupar.

La Plataforma, que desconfiaba de la propuesta ya que en anteriores ocasiones ese tipo de acuerdo no se habían cumplido, propuso como alternativa proceder por ellos mismos a acondicionar el local, contando con la colaboración técnica del colectivo de arquitectos mencionado, y sin que de esta manera se perdiera el control del edificio. La Empresa ganó el juicio civil que había interpuesto contra la ocupación, y el desalojo estaba pendiente de que se exigiera el cumplimiento de la sentencia. En otros casos anteriores, como can Masdeu (otro edificio ocupado en Barcelona, de gran tradición y enraizamiento en la ciudad), la sentencia existe pero no se ha pedido la ejecución de la misma. En el caso de Can Vies se exigió la ejecución de la sentencia. El plazo para el desalojo acababa el sabado 31 de mayo. El día después de las elecciones del 25M se procede al desalojo, e inmediatamente se empieza la demolición del edificio, con lo que el mensaje que se lanza es que no hay vía de retorno posible y que la negociación ha concluido.

Hasta aquí una versión de los hechos. La que yo conozco y me creo. Lo que no sabemos es si el Ayuntamiento tiene un plan en el que figura el desalojo y la demolición de Can Vies. Si lo tiene se desconoce. Si no lo tiene, la cosa es aún peor. Recordemos que el mismo Ayuntamiento ha procedido de manera muy distinta en el ya mencionado caso de Can Batlló, en el Ateneu Flor de Maig (en el barrio de Poble Nou, local ocupado que luego es comprado por el Ayuntamiento y cedido a las entidades vecinales), en Sant Andreu (donde tras negarse a la ocupación por las entidades de los locales de Can Fabra el sábado 24 de mayo, accede a ello el miércoles 27 de mayo), o en la gestión de los solares municipales vacíos tras la crisis (Pla Buits).

¿Es un estallido de rabia? ¿Es la punta de algo más de fondo? Lo que es evidente es que un caso de estas características, en plena crisis del sistema político, en plena crisis económica, y en un escenario de profunda desconfianza hacia las instituciones, no ha sido bien gestionado por quien debía hacerlo. Demuestra, entiendo, un notable desconocimiento de lo que era y representaba Can Vies en el barrio y en la ciudad. Y pone de manifiesto un tema más de fondo, la falta de un modelo claro de gestión de los espacios y centros sociales, en el que los movimientos sociales y las entidades vecinales que se ofrecen a realizar actividades de forma autogestionada, se les permita hacerlo sin querer mantener el control y el principio de autoridad por encima de todo. Como decía Gemma Galdón, Can Vies podía ser visto como un problema o como parte de la solución. Ahora es un problema. Grande. Y no solo para los que han sido desalojados.

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