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01/03/2013 08:31 CET | Actualizado 30/04/2013 11:12 CEST

Un año con Sinde-Wert

Debo reconocer que yo fui el primero en alarmarse cuando la hoy conocida como Ley Sinde-Wert era solo un proyecto y dibujaba las competencias de la que entonces parecía una temible Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura.

Debo reconocer que yo fui el primero en alarmarse cuando la hoy conocida como Ley Sinde-Wert era solo un proyecto y dibujaba las competencias de la que entonces parecía una temible Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura. No fui el único que creyó que la ministra Sinde estaba preparando un arma mortífera contra la piratería en la red que, como casi todas las armas mortíferas, iba a causar daños colaterales bien delicados en internet, y lo digo desde la posición de alguien que defiende que la lucha contra la piratería es esencial para la supervivencia de las industrias culturales.

Por eso, a pesar de que el originario proyecto de Sinde pasó por el tuning político del acuerdo con el Partido Popular y CiU, y a pesar también del cuidado que se dedicó a definir (o a comunicar, al menos) los contornos competenciales en que la Comisión quedaría instalada, seguí creyendo -qué inocente- que iba a entrar en internet como un elefante en una cacharrería y a tumbar cientos de webs dando origen a procedimientos intrincados, si no a planteamientos de constitucionalidad más o menos sensatos por los perjudicados.

La realidad ha venido recientemente, en forma de saldo, a rebajar todas las expectativas. Teresa Lizaranzu, directora general de Políticas Culturales y del Libro, ha hecho un resumen del primer año de funcionamiento de la Comisión que decepciona a cualquiera que temiera el armagedón de los cierres de webs: en 12 meses, se han planteado 363 solicitudes a instancia de parte (esto es, casi una al día)... de las que 248 han sido directamente archivadas por irrelevantes o por defectos en su presentación. De las 115 restantes, otras cuatro han sido archivadas y 30 han finalizado con un acuerdo de inicio (la retirada de los contenidos potencialmente infractores por parte de los responsables de las páginas, una vez advertidos del inicio del procedimiento). Las 81 solicitudes que quedan se encuentran aún pendientes.

Sin embargo, esta decepción no es tranquilizadora. La Comisión no está funcionando menos de lo que debiera, porque actúa a partir de la iniciativa de los particulares que se dirigen a ella. Tampoco creo que esté funcionando peor de lo que debiera, porque no hay razones para interpretar que nada o nadie haya entorpecido su desarrollo. De hecho, si algo sorprende es el silencio que ha rodeado su puesta en marcha y esta primera andadura.

Lo que sucede realmente es que la Comisión no ha sembrado el pánico entre las páginas de descargas o contenidos ilegales porque ese escenario es mucho más enrevesado y complejo de lo que los redactores de la Ley Sinde-Wert consideraron a la hora de crearla y ponerla en funcionamiento. Seamos honestos: si tomamos las 10 principales páginas o foros en los que se concentra el grueso de las descargas ilegales en la red, encontraremos que la mayoría son extranjeras y escapan al control de la Comisión.

Por eso sugiero que reconsideremos el significado de esa amenaza que pende sobre España a propósito de su inclusión en la funesta lista negra 301, que distingue a los países más piratas o, más exactamente, a los que peores o menores controles ejercen sobre el tráfico de contenidos protegidos. Cuando menos, sería aconsejable que alguien se aclare de una vez acerca de qué significa encontrarse en ella, sobre todo después de que lográramos salir el año pasado (¿pero qué demonios ha ocurrido en estos 12 meses?) y mientras existan otros Estados (Canadá, por poner un ejemplo) a los que sospechosamente casi nunca se menciona en ese triste ranking.

Mientras tanto, las industrias culturales pierden millones, y despiden diariamente a cientos de personas cada día en todo el mundo.