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04/09/2013 07:38 CEST | Actualizado 03/11/2013 11:12 CET

¡Cómo no, Gibraltar!

2013-09-03-portada20130903BarcenasRajoyGib.jpgEn el discurso del Gobierno del PP, desplazando cualquier otra preocupación económica, social o acerca de la corrupción, el caluroso verano ha sido cuidadosamente recalentado.

Saludos a los lectores y seguidores del Huffington Post. Aquí va mi abrazo de vuelta al curso político 2013-1014 que conduce a las Elecciones Europeas de 2014. Y como decía Ortega: vayamos a las cosas. Y a por el asunto.

En el discurso del Gobierno del PP, desplazando cualquier otra preocupación económica, social o acerca de la corrupción, el caluroso verano ha sido cuidadosamente recalentado, cómo no, ¡por Gibraltar!

Hace 300 años que los Tratados de Utrecht certificaron el traspaso de la soberanía sobre el Peñón a favor de Gran Bretaña. Es verdad que esos Tratados se corresponden con una estructura jurídica e internacional que nada tiene que ver con el mundo del presente. Como también lo es que, políticamente, obedecieron al interés mutuo de las monarquías reinantes en Gran Bretaña y Francia y, tras la Guerra de Sucesión, en España, siendo inaceptable que aquel interés vincule hoy, ni se imponga sobre los principios que hoy rigen la comunidad internacional. Pero también es cierto que la monarquía española intentó, en repetidas ocasiones, reconquistar la Roca, por las armas, por asedio y bombardeo, fracasando invariablemente, siendo hoy impensable la opción militar para resolver el contencioso. Y del mismo modo lo es que la doctrina de la descolonización articulada por la ONU en los años 60 no se proyecta sin más sobre la actual situación de Gibraltar y sus habitantes: no sólo porque, democráticamente, estos han expresado una y otra vez su voluntad de seguir siendo británicos, sino porque Reino Unido y España forman parte de la UE en cuyas reglas de adhesión han quedado definidas las modalidades y excepciones del Derecho Europeo en los territorios de ambos países, así como las vías disponibles para resolver disputas acerca de las exigencias de cumplimiento de las normas entre sus Estados miembros.

De modo que, asumámoslo, ni la cuestión de la soberanía sobre Gibraltar es nueva -cumple 300 años- ni cabe pensar en resolverla de la noche a la mañana. Pero hay otra cuestión distinta. Cada vez que el PP gobierna España esa cuestión regresa al podium del ridiculario nacional. Los gobiernos del PP encubren sus entuertos colocando esa cuestión en el frontispicio de sus telediarios de régimen, sus NODOS y sus noticiarios trufados de partes gubernamentales de inserción obligatoria. La cohorte mediática de sus cabeceras, televisiones y radios afines -que son casi todas, por decir lo menos- reverberan sus eslóganes, remachándolos con bravuconadas patrioteras sin ningún recorrido y que a ninguna parte conducen. Y se pretende examinar a todo el mundo de españolismo a partir de esa enésima reimpresión distorsionada del problema, próxima a la astracanada, crujiendo a quien no se alinee con la grotesca pretensión de hacer pandilla con la Argentina de la presidenta Cristina Fernández, en un paquete común que reivindique al mismo tiempo Gibraltar y Las Malvinas.

Resulta indiscutible la relevancia de las cuestiones de Derecho europeo implicadas en lo que realmente importa: derecho de pesca, reglas de protección medioambiental, mercado interior, circulación de capitales, fiscalidad y competencia, además de, ahí es nada, la circulación de personas entre un espacio no-Schengen y una frontera Schengen de acceso al territorio de la UE. El esperpento se perfecciona cuando comprobamos que ¡han sido Gibraltar y Cameron quienes se han adelantado al Gobierno del PP y al propio Mariano Rajoy a la hora de invocar la legalidad europea y requerir la intervención de las autoridades comunitarias, convocando una misión de expertos de la Comisión Europea a una inspección sobre el terreno!

Nadie puede esperar de las fuerzas de la oposición ningún ejercicio rendido de seguidismo gubernamental acrítico, ni siquiera bajo la presión de una lectura mecánica y burdamente propagandística de esta emergencia nacional. Ni al conjunto de la sociedad española puede manipulársela como si fuera menor de edad, ni las preocupaciones de la ciudadanía han rozado el infarto como consecuencia de un súbito absceso de gibraltaritis. Los ciudadanos saben bien que la disputa sobre la soberanía territorial (lo que incluye la legítima impugnación española sobre la ilegal ocupación del istmo desde la construcción del aeródromo en la primera mitad del siglo XX, y también la aspiración a la reintegración del Peñón y de su puerto) no se va a disolver mañana ni pasado mañana sacando pecho o con bravatas altisonantes de mero consumo interno.

La ciudadanía sabe también que las cuestiones concretas requieren un enfoque serio, y sostenido en el tiempo, exámenes rigurosos de su tramitación jurídica en el Derecho europeo e internacional, y la construcción de alianzas favorables a la posición española. Es decir, lo contrario de lo que practica el PP, con resultados que no parecen impresionar en lo más mínimo ni al Gobierno de la Roca (basta escuchar a Picardo) ni al del Reino Unido.

En fin, raya lo grotesco que, una vez más, el PP y su muralla mediática de resonancia se hayan aprestado a intentar infamar retrospectivamente a los "Gobiernos Socialistas" por su "debilidad" y "traición" a la ortodoxia supuestamente "patriótica" que encarnaría el Gobierno del PP... con resultados y eficacia perfectamente descriptibles.

Dicho esto, pensaba dedicar estas líneas de inicio del curso a la revelación, insoportable, de que el PP ha destruido deliberadamente pruebas contra la instrucción del sumario que conduce el juez Ruz desde la Audiencia Nacional en el asunto Bárcenas/Gürtel, que afecta, como todo el mundo sabe, a la clarificación de los métodos de la financiación del PP, con indicios clamorosos de enriquecimiento de dirigentes populares a cargo de donaciones empresariales al margen de la Ley aplicable. La jerarquía del PP ha ordenado destruir pruebas con el pretexto falaz de la protección de datos personales. ¡Y lo hizo mientras todavía ejercía hipócritamente la acusación popular en el llamado caso Bárcenas, conduciéndose en todo momento como si en realidad ejerciera como su abogado de parte, buscando su impunidad, bombardeando evidencias y obstruyendo diligencias!

Somos muchos los juristas que tenemos derecho a preguntarnos por qué la Justicia no ordenó algo tan elemental como una entrada y registro para evitar la presumible destrucción de pruebas a la que afanosamente se ha dedicado el PP. Y somos muchos los juristas que tenemos derecho a preguntarnos desde cuándo ninguna empresa o persona jurídica de cualquier tipo destruye sin más el disco duro de un ordenador personal cuando lo reasigna, máxime si estamos hablando de la contabilidad confiada a quien ha sido nada más que gerente/tesorero durante 20 años!

Tiempo habrá de hablar de esto en los meses por delante. ¿Verdad?

Un abrazo a los lectores y amigos del Huffington Post.

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