España real (y diversa) ante la investidura y presidencia europea: reto de PSOE... y (PP)

España real (y diversa) ante la investidura y presidencia europea: reto de PSOE... y (PP)

Más pronto que tarde se abrirá paso un Gobierno (el único realmente posible, visto el reparto de escaños) presidido por Pedro Sánchez.

El reto español en Europa, por López Aguilar

Arranca, tras la pausa del verano, la pista final de la Legislatura 2019/2024 del Parlamento Europeo (PE) en la que la finalización de la ambiciosa agenda legislativa europea bajo Presidencia española del Consejo de la UE (hasta 31 de diciembre de 2023) pende de que, en España, tras el paréntesis abierto por las elecciones anticipadas del 23 de julio, haya un nuevo Gobierno a pleno rendimiento, con un Presidente investido con la confianza de una clara mayoría del Congreso (art.99 CE).

Los medios de comunicación —no solo españoles, también los de toda la UE— discuten intensamente acerca de las condiciones de viabilidad de una investidura a la vista de la aritmética surgida de las urnas. Una primera conclusión —asumida, aunque se resista a expresarse— es la de que la propuesta recaída sobre Feijóo no es verosímil ni factible. Más pronto que tarde se abrirá paso un Gobierno (el único realmente posible, visto el reparto de escaños) presidido por Pedro Sánchez. 

El impulso de su agenda política, interna e internacional pasa por la agenda europea en la negociación con el PE en esta fase final de los procedimientos legislativos en curso, algunos tan decisivos como el Pacto de Migraciones y Asilo con responsabilidad compartida y solidaridad vinculante. Es esta la ocasión oportuna de subrayar hasta qué punto la continuación de este Gobierno ha sido buena noticia, alivio e inspiración no sólo de progresistas a todo lo ancho de la UE, sino de europeístas de toda orientación ideológica y afinidad política.

Pero, escuchando los discursos del PP, de su liderazgo y de su entourage mediática, ferozmente encastillados en su deslegitimación de todo acuerdo de investidura con los nacionalismos periféricos, es obligada una reflexión sobre el error estratégico de aspirar a gobernar un país cuya complejidad distintiva —la yuxtaposición de un eje territorial e identitario respecto del eje ideológico de la confrontación— ni se entiende ni se acepta.

 Asombra, a estas alturas, la ausencia de ese debate impostergable en el PP acerca de la imposibilidad de representar adecuadamente la España realmente existente —irreductiblemente diversa— desde los postulados de una coyunda de derecha uniformadora y ultraderecha recentralizadora e impugnadora del mismo Estado constitucional autonómico con que se llena la boca.

Ha vuelto a circular estos días (así, Manuel Cruz en El País) una paradoja sobre la que me he detenido en otros escritos: la demonización de una idea republicana de España (“federalista y laica”, dicen para denostarla) como un engendro izquierdista, sin reparar en que ni república, ni federalismo, ni laicidad son conceptos “de izquierda” (como prueban las experiencias en EEUU, Alemania o Francia, respectivamente). 

La explicación de la incompatibilidad de la derecha española con la diversidad constitutiva de España y la identificación de la izquierda con la conllevanza y gestión política del pluralismo cultural e identitario —por más que la razón de ser de la izquierda siga siendo social e internacionalista, lo opuesto al nacionalismo— tiene en nuestro país hondas raíces históricas; no indician la incompatibilidad de unos valores y unas ideas con una realidad contrastada como la manifestada en las urnas del 23 de julio.

Es esta la ocasión oportuna de subrayar hasta qué punto la continuación de este Gobierno ha sido buena noticia, alivio e inspiración no sólo de progresistas a todo lo ancho de la UE, sino de europeístas de toda orientación ideológica y afinidad política.

Creo, incluso, que sería útil explorar, en términos de sociología electoral, el impacto de un temor fundado a un nuevo auge de crisis de convivencia entre catalanes y —por extensión— entre españoles a propósito de Cataluña, ante la inminente hipótesis de un Gobierno de coalición PP/Vox, en movilización de las preferencias electorales de quienes han apostado mayoritariamente por revalidar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez.

No cabe, pues, ningún fariseísmo ante las conversaciones —ergo, negociaciones— que deban conducir a la articulación, con liderazgo socialista, de esa mayoría de investidura, sumando para ello vectores —complicados, de muy difícil manejo, a qué negarlo— nacionalistas, lingüísticos, diferenciales, expresivos en todo caso del país que realmente somos y conformamos las generaciones vivas de los españoles.

Sigue siendo cierto, sin embargo, que no seremos un país vertebrado y con futuro si —en lugar de perseverar en la trayectoria de desencuentro y confrontación polarizada de nuestra actual deriva hacia un bibloquismo imperfecto (subrogado de nuestro estadio anterior, bipartidismo imperfecto)— no restablecemos cuanto antes cauces de conversación y cooperación política entre uno y otro de los campos (con liderazgo de PP y de PSOE en cada uno, de PSOE y de PP) en materias constitucionales (el CGPJ, para empezar, cada vez más condenado por la obcecación del PP, sin parar en mientes en un daño sistémico y reputacional que no para de crecer) europeas y globales.

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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).