El PSOE y Junts cierran al fin su acuerdo y dan vía libre a la investidura de Sánchez
Los negociadores han tardado una semana en intentar blindar la amnistía, frente a una posible ofensiva judicial. Al final, abarcará entre 2012 y 2023 e incluirá casos de judicialización de la política.
Hay investidura y hay más, compromiso para cuatro años. PSOE y Junts han firmado este jueves en Bruselas el acuerdo para hacer presidente al candidato socialista, Pedro Sánchez, después de varios días de tensas negociaciones en la capital comunitaria. Un pacto que, dicen las partes, no es puntual, sino de legislatura, con el que se trata de estabilizar por la vía política las relaciones entre Cataluña y Madrid. Una nueva etapa de entendimiento, aseveran, pese a que la abordan desde la certeza de que son partidos muy diferentes.
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que lleva en Bruselas desde el pasado domingo encabezando la negociación, ha comparecido este mediodía para explicar los detalles del texto, cuya firma han llevado a cabo el propio Cerdán y el secretario general del Junts, Jordi Turull, condenado por el procés. Del otro lado, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dará otra rueda de prensa a las 14:00 horas en el Club Press de la capital belga.
Este acuerdo da vía libre a la investidura de Sánchez, que será en los próximos días, según fuentes de la negociación. Falta por firmar el acuerdo con el PNV, pero los socialistas aseguran que está muy avanzado y sólo falta cerrarlo. A mediados de la semana entrante, cuando se cumplan los plazos del Congreso, se podrá votar y dar paso a la nueva legislatura, tras la espera desde las elecciones del 23 de julio pasado.
Todo estaba preparado para sellar el pacto con Junts ya el jueves de la semana pasada, pero las negociaciones se han retrasado siete días, sobre todo por el temor de los independentistas a que una redacción no rotunda de la ley de amnistía, que es el pivote del consenso, pudiera dejar fuera de la medida a algunas personas del entorno del exmandatario Puigdemont y, sobre todo, abriera la puerta a que algunos jueces que están en contra de la amnistía pudieran encontrar algún recoveco legal para no aplicarla en sus casos.
La mesa de negociación se ha visto sacudida estos días, en concreto, por el impacto de la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que acordó dirigir la investigación por terrorismo sobre Tsunami Democràtic contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados. Pero eso ya es agua pasada en cuanto al acuerdo se refiere. Obstáculo superado.
Después de una intensa semana de negociación técnica, y con Cerdán, número tres del PSOE, instalado en Bruselas, y Puigdemont al frente del equipo de Junts, la negociación se cerró de madrugada en Bruselas y hoy quedaban los detalles y la puesta en escena. En ningún momento de la semana ninguno de los dos partidos ha trasladado mensajes de que estuviese en riesgo, pese a la dilación, y hoy se ha confirmado que no iban de farol.
El espíritu
El texto del pacto se levanta sobre un espíritu de construir, tras años enfrentamiento Madrid-Cataluña. Como ha dicho Cerdán, se quiere "devolver a la política cualquier disenso, abrir posibilidades de entendimiento y conceder un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo".
Por eso, el acuerdo dice: "El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya constatan que la situación política actual permite alcanzar un acuerdo para abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya, incluso partiendo de posiciones divergentes, desarrollar una dinámica para su resolución en términos diferentes a los de la última legislatura y procurar la gobernabilidad durante la XV legislatura atendiendo a la composición de las Cortes Generales resultante de las elecciones celebradas el 23 de julio de 2023", comienza el texto reconociendo los antecedentes históricos y políticos.
Se ha acordado que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006. Ambas formaciones reconocen sus "profundas discrepancias" y la "complejidad" y los "obstáculos" para la resolución del conflicto, porque mientras que Junts considera "legítimo" el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE "niega toda legalidad y validez" al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral".
Con todo, tanto el PSOE como Junts constatan que se pueden alcanzar acuerdos importantes "sin renunciar a las respectivas posiciones", y para su consecución las partes han acordado dotarse de un mecanismo "internacional" para "acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue".
En concreto, el acuerdo recoge que en la primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes de noviembre, Junts propondrá en pro del reconocimiento "nacional" de Cataluña la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre su futuro político "y amparado en el artículo 92 de la Constitución". El citado artículo establece que el referéndum será convocado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso", y que una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la Carta Magna.
Y, de su lado, el PSOE defenderá el "amplio" desarrollo, a través de los mecanismo jurídicos oportunos, del Estatut de 2002, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña. En el citado contrato ambos partidos se comprometen a ampliar la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales, "particularmente en los asuntos que tienen especial incidencia" en Cataluña. Además, el texto firmado este jueves por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también contempla acuerdos a negociar en el ámbito de los "déficits y limitaciones del autogobierno".
La amnistía
Vamos al meollo del acuerdo: la amnistía. Se cita así, sin nombres, abarcará el periodo comprendido entre 2012 y 2023 e incluirá casos de la denominada "lawfare" o judicialización de la política, tal y como había venido reclamando la formación independentista catalana y se puede leer ya en el texto completo.
La ley de amnistía ha sido el principal escollo para el acuerdo, y finalmente, ambos partidos la defienden "para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato". Ahora, los dos partidos se han comprometido a que la ley incluya tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos.
A ese ámbito temporal se ha referido Cerdán en la rueda de prensa, explicando que ese párrafo implica que la futura amnistía cubre a todas las personas relacionadas "directa o indirectamente" con el procés independentista "entre 2012 y 2023". Ha recalcado, no obstante, que, tal y como se puede comprobar en el texto del acuerdo, éste no incluye nombres.
El pacto señala que "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto "lawfare" o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
El expresident Carles Puigdemont ha venido exigiendo que la ley de amnistía se aplicara a estos casos que, según ha denunciado, implican " un uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes". Esta es una exigencia que puede abrir la puerta a que la amnistía también abarque a personas que han cometidos delitos que no están comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrrás o el colaborador del expresident Puigdemont, José Luis Alay.