Cesión de las competencias de inmigración o el IVA del aceite al 0%: lo que Junts ha pactado con Sánchez

Nueva votación y nuevas concesiones. Junts ha decidido no votar en contra de los tres primeros decretos del Gobierno en el pleno del Congreso de este miércoles tras alcanzar nuevos acuerdos con Pedro Sánchez, que suponen más autogobierno para Cataluña y supresión de barreras para hacer efectiva la ley de amnistía.

En un comunicado, Junts ha asegurado que el Gobierno se ha comprometido a traspasar las competencias en inmigración a Cataluña a través de una ley orgánica específica. Una delegación que irá acompañada "de los recursos necesarios y permitirá a Cataluña hacer una política integral, para que sea Parlamento catalán quienes determinen una política propia".

Tanto Junts como PSOE también habrían acordado la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento civil, que amenazaba - según ellos - la viabilidad de la futura ley de amnistía.  Según este precepto incluido en el decreto ómnibus del Ejecutivo, si los jueces españoles elevaban una cuestión prejudicial ante el TJUE, éstos mismos podían suspender la ejecución de cualquier norma hasta recibir la contestación de la Justicia europea. Esta circunstancia afectaría de lleno a la ley de amnistía, dado que la suspensión obstaculizaría la aplicación de la ley y demoraría sus efectos hasta que el TJUE se pronunciara. Algo por lo que Junts no estaba dispuesto a pasar, ya que la propia ley establecía un máximo de dos meses para que los jueces aplicaran la norma.

Expertos consultados por Europa Press coinciden, sin embargo, en que el carácter suspensivo de las cuestiones prejudiciales al TJUE está ya "prácticamente consolidada" y la supresión del artículo 43Bis no tendrá efectos jurídicos. "Es un brindis al sol", aseguran.

Además, según la formación independentista, también se ha pactado con el Gobierno una reforma de la ley de sociedades de capital para incentivar en materia fiscal que las empresas regresen a Cataluña, una de sus principales exigencias en estos últimos días. De hecho, Junts llegó a pedir sanciones para las empresas que cambiaron su sede fiscal tras los meses más calientes del procés si no regresaban a Cataluña. 

En concreto, Miriam Nogueras ha pedido en su intervención durante el pleno “reforzar” los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital, sin dar más detalles al respecto.  El Real Decreto firmado el 6 de octubre de 2017 por el gobierno de Rajoy permitía el traslado del domicilio social de las empresas de forma rápida, solo con la aprobación del Consejo de Administración de la compañía y no por la Junta de Accionistas como dictaba la norma hasta esa fecha. “Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley han de tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas”, ha señalado Nogueras al respecto.

Por lo demás, Junts ha exigido la publicación inmediata de las balanzas fiscales, ha pedido multiplicar por cinco el dinero previsto para la digitalización de la administración de justicia (pasa de 1,2M€ a 6,2M€), que el Estado asuma la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público o que el IVA del aceite sea del 0%. Según la formación, todas estas demandas han sido atendidas por el Gobierno.