Sánchez se pone firme con cuatro comunidades para que garanticen el derecho al aborto en la pública

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha remitido este lunes una carta a los presidentes autonómicos de Asturias, Aragón, Madrid y Baleares exigiéndoles que garanticen el derecho al aborto de las mujeres en la sanidad pública y que, para ello, pongan en marcha el registro de objetores de conciencia, como marca la ley.

"Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", comienza el escrito remitido por Sánchez y al que ha tenido acceso EFE.

El presidente del Gobierno pide concretamente en este requerimiento formal a los presidentes autonómicos que adopten, con la mayor celeridad posible, las medidas necesarias para crear y regular el registro de personas objetoras, conforme al mandato establecido en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento, advierte el presidente en la misiva.

Sánchez recalca que el registro de personas objetoras de conciencia es una herramienta "indispensable" para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso al aborto en los hospitales públicos.

Recuerda que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el 16 de diciembre del año pasado el protocolo específico para la creación de estos registros y que los acuerdos de coordinación aprobados por unanimidad son de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes del Consejo.

El jefe del Ejecutivo lamenta que casi un año después Aragón, Asturias, Baleares y Madrid sigan sin cumplir con una ley cuyo objetivo es garantizar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus propias vidas y que, puntualiza, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 9 de mayo de 2023.

Insiste en que el respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio.

Por eso, emplaza a los presidentes de estas cuatro comunidades autónomas a crear y regular cuanto antes los registros o, de lo contrario, en tres meses se activará los mecanismos legales para que los pongan en marcha.

"El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías", concluye Sánchez.