El Gobierno propone blindar el derecho al aborto en la Constitución ante el auge ultra

El Gobierno dará el paso. Cuando se esperaba conocer con qué contundencia responderían al Partido Popular después de que el Ayuntamiento de Madrid le comprase inicialmente otra de sus propuestas a la ultraderecha. Aunque posteriormente rectificó, el Ejecutivo municipal del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, había dado su visto bueno a una medida sin base científica alguna, la de ofrecer información -a mayores de la que ya se ofrece, se entendía- a mujeres que quisiesen abortar. Pero información falsa sobre un supuesto síndrome, de que eso podría derivar en alcoholismo, depresión y otras dolencias.

El Ejecutivo de coalición progresista no solo cumplirá con su advertencia de que lo llevarán a tribunales, por temer que sea una forma de coacción a las mujeres que quieren ejercer ese derecho. Ahora han vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de blindar ese derecho al más alto nivel jurídico, es decir, con redacción en la propia Constitución española.

Así lo han trasladado fuentes del Ejecutivo a distintos medios, como la Agencia EFE, señalando que "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas". En este sentido, y según esas mismas fuentes, el gran objetivo pasa por impulsar un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución. 

Pero para que llegue a materializarse dicho cambio constitucional, el Ejecutivo requerirá de mayoría cualificada, 210 votos, lo que se traduce en lograr poner de acuerdo a tres quintas partes de un arco parlamentario en el que el Partido Popular tiene 137 asientos y la ultraderecha de Vox, 33.

La recogida de cable doble del PP y... las orejas del lobo estadounidense

Cabe recordar las 48 horas complicadas que han pasado en Génova 13, después de haber apostado inicialmente por cerrar filas con el PP de Madrid. Hasta que el propio Almeida fue preguntado sobre el denominado como 'trauma postaborto', reconociendo que carece de base alguna -más allá de lo que crean los obispos, claro-. 

El Gobierno ahora va a impedir que estas mujeres "reciban información falsa o sin evidencia científica", a pesar de que el regidor trató de salvar el discurso popular asegurando que ellos solo ofrecerán información a las mujeres, en ningún caso tendrán que escucharla obligada. Ese último extremo suscita la duda de si, entonces, no se estaba usando este sistema de informar a las mujeres o qué cambia realmente respecto a lo anunciado.

Con todo, no es la primera vez que desde el Gobierno se había evidenciado la necesidad de blindar este derecho en la carta magna, sobre todo después de lo ocurrido en la Corte Suprema de EEUU -con una mayoría conservadora decantada por Trump-, cuando tumbó en 2022 el caso Roe contra Wade, que daba base a todo el derecho al aborto en EEUU. Desde entonces, distintos estados han cambiado su legislación para endurecer los requisitos para abortar, provocando que mujeres -las que puedan permitírselo- tengan que desembolsar sumas mayores de dinero para abortar. 

Durante la Administración Biden, cuando trascendió la revocación del caso causando una ola de indignación y temor entre las mujeres estadounidenses, desde el Despacho Oval se firmó una orden ejecutiva, para reforzar las medidas que protegen el acceso al aborto y a los anticonceptivos, pero la clave también pasó por las decisiones de los Estados demócratas de blindar esta cuestión en su normativa. 

Cabe recordar también que el primer Gobierno de coalición progresista, con Irene Montero como ministra de Igualdad, ya dio pasos en esta materia, mediante la aprobación de la reforma de la ley del aborto, que lo blindó en la sanidad pública con base legal y además trajo consigo importantes avances, como la eliminación del permiso paterno a las menores de 16 y 17 años.