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03/01/2018 07:06 CET | Actualizado 03/01/2018 07:07 CET

La última oportunidad de Rajoy

Getty Images

Ahora que, por enésima vez, se ha puesto de manifiesto que el unionismo no supera al independentismo en Cataluña ni en número de votos, ni en porcentaje ni en escaños ¿qué solución va a aportar Mariano Rajoy para superar la situación actual, que, si en una cosa coinciden ambas partes, es que no beneficia nadie? Rajoy y el bloque del 155 se lo jugaron todo a una carta, la de las elecciones convocadas por quien no tenía la representatividad democrática ni legítima, como ha vuelto a quedar claro tras el resultado del 21D. Pero esta carta les ha salido mal: la mayoría silenciosa y el voto oculto no era (exclusivamente) unionista, sino que estaba repartido en ambos bandos y, a pesar de concurrir a unas elecciones sin tener las mismas opciones que sus rivales –con candidatos presos o perseguidos por cumplir el programa de la mayoría–, el independentismo continúa siendo mayoría.

Lo normal en un país civilizado sería que, tras las elecciones con mayor participación de la historia del Estado español, la voluntad de la mayoría fuera aceptada por el propio estado –especialmente el Gobierno– en vez de bloquearla. Y la voluntad de la mayoría es que Carles Puigdemont –que es quien reúne el mayor número de apoyos– pueda ser investido con naturalidad.

Lo normal en un país civilizado sería que el Gobierno arbitrara las medidas necesarias para tratar la crisis política catalana en el ámbito de la política

Lo normal en un país civilizado y con un alto sentido de responsabilidad democrática sería que la Fiscalía (que todo el mundo sabe desde donde "se afina") cediera el testigo a la política, es decir, a la voluntad de la mayoría, y que el candidato que reúne los apoyos suficientes para ser investido pudiera presentarse en el Parlament con plenas garantías para proceder a su investidura. Es decir, que el Gobierno arbitre las medidas necesarias para que un conflicto político se traslade al ámbito político.

Pero no. El Gobierno –y el bloque del 155, con el seguidismo del PSOE incluido– se niega a facilitar el veredicto de las urnas y vuelve a renunciar a la política para refugiarse en la vía que nunca va a resolver el conflicto, la judicial.

Derrotado por el resultado del 21D, azotado por las encuestas en su popularidad y prestigio y afectado por haber pilotado a España ante su mayor crisis de imagen desde la muerte de Franco, Rajoy tendría ahora una buena oportunidad para mover ficha y facilitar la investidura del candidato que reúne los apoyos requeridos. Él que, precisamente, "ha descabezado" el independentismo –y, por lo tanto, ha superado la separación de poderes–, estaría en condiciones de tomar prestada la imagen de estadista que ha rehusado a asumir en todo este conflicto y trasladar el conflicto político a los órganos políticos donde debe tratarse.

El nuevo escenario pone de manifiesto que el independentismo ha de renunciar a las aventuras unilaterales

La solución al conflicto catalán sólo puede pasar por el reconocimiento que cada una de las dos partes ha de tener respecto a la otra. El soberanismo no está en condiciones de volver a la andada con aventuras unilaterales y necesita reconocer a los partidarios que todo siga (más o menos) igual, ya que, aunque derrotados en las urnas, constituyen un 44% más que significativo. Y lo ha de hacer por responsabilidad y contribución a la búsqueda de una solución negociada, pero también por interés propio en tejer una estrategia que no vuelva a cometer errores que dinamiten su crecimiento. En estos últimos años, el independentismo ha regado de manera ejemplar su propia planta, pero para salir victorioso debe ampliar la plantación. Y para ello se necesita algo más que la legitimidad.

Pero donde realmente se debe de producir un reconocimiento explícito de la otra parte –y, al mismo tiempo, de su condición de mayoritaria– es en el bloque del 155. El resultado de las elecciones ha sido claro y la capacidad de resistencia del soberanismo está fuera de toda duda. A pesar de la dureza de sus acciones –violencia, cárcel y desproporcionadas multas incluidas– no hay ni un solo independentista que haya dejado de serlo. Al contrario, en cada cita electoral, surgen más.

Ha quedado sobradamente demostrado que a través de los tribunales el Estado español no va a solucionar el problema real y de base, que es que una mayoría de los catalanes quieran constituir una república independiente. Sin este reconocimiento –a sus tesis y aspiraciones y también a sus dirigentes– no hay solución posible al conflicto.

Rajoy tiene ahora, tras el inequívoco resultado del 21D, la última oportunidad para buscar una solución. El anuncio de JxCat i ERC que renunciarán a la errática vía unilateral y el hecho que no van a depender de la debilitada CUP en el nuevo Parlament constituyen un principio argumental para que el presidente del Gobierno empiece a hacer política con el caso de Cataluña. Hay pocas esperanzas que aproveche esta oportunidad, vistos los precedentes: un pirómano difícilmente puede ser un buen bombero. Pero lo contrario supone someter España entera –no solo Cataluña– a una crisis internacional de proporciones insólitas. No únicamente de imagen, sino también política y económica.

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