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18/11/2015 07:08 CET | Actualizado 18/11/2016 11:12 CET

Miedo y vallas: ¿se cumple la ley?

En estos momentos, Europa tiene dos retos importantes que afrontar: por un lado, el terrorismo, que viene de largo. El segundo, más reciente, es el aumento del número de personas refugiadas y solicitantes de asilo en sus fronteras. Son dos cosas distintas, y sólo una de ellas constituye una amenaza.

EFE

En estos momentos, Europa se enfrenta a dos retos: el terrorismo y la crisis de refugiados. Sólo uno de ellos constituye una amenaza.

Estos últimos días, en los medios de comunicación, se han multiplicado las apariciones del presidente del Gobierno, donde con razón, una y otra vez, repite que deben cumplirse las leyes de un Estado de Derecho. Sí, señor presidente, estoy totalmente de acuerdo: deben cumplirse escrupulosamente las normas, sin excepciones, también aquellas que garantizan los derechos de las personas migrantes y refugiadas que han accedido o intentan acceder de manera irregular.

Sin embargo, el informe publicado hoy por Amnistía Internacional Miedos y vallas: Los planteamientos de Europa para contener a las personas refugiadas, denuncia que, tanto el presidente del Gobierno español como los miembros de su Gobierno y otros políticos de la Unión Europea, consideran que hay algunas excepciones en las que poco importa saltárselos si así conviene.

Vamos a centrarnos en el ejemplo español, y específicamente en lo que concierne a la gestión de la política migratoria en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Desde la década de los 90, España intenta sellar sus fronteras para controlar la inmigración irregular a toda costa. No ha habido crisis que haya impedido invertir miles de euros para implantar modernos sistemas de vigilancia, elevar vallas, llenarlas de cuchillas -concertinas-, mejorar la equipación y material antidisturbios de los agentes de policía, o mejorar los acuerdos migratorios con terceros países con la esperanza de que hagan de "guardianes", sin importar mucho lo que puedan hacer con los inmigrantes y refugiados interceptados, devueltos o atrapados en estos países de tránsito. Tampoco importa demasiado si estos acuerdos de control migratorio no garantizan las normas internacionales de los derechos humanos.

Pongamos de ejemplo a Marruecos. Muchos son los informes que demuestran sus violaciones de los derechos humanos contra las personas migrantes y refugiadas, sin ir más lejos el del Relator Especial de la ONU para la Cuestión de la Tortura de 2012, que denunciaba un incremento de "brutales palizas, violencia sexual y otras formas de maltrato" contra personas migrantes documentadas.

Denuncias que otras organizaciones de derechos humanos han seguido recogiendo en estos últimos años. Marruecos no permitió a la delegación de esta organización poder comprobar la situación de las personas migrantes y refugiadas, ya que en dos ocasiones ha sido expulsada.

La política de "cuanto más lejos, mejor"

Si fallan los medios físicos que hacen de barrera en las fronteras, los medios tecnológicos que controlan amplias zonas del mar Mediterráneo o el Atlántico o los acuerdos de cooperación migratoria con terceros países, existen otras medidas para impedir el acceso. Y no parece importarles saltarse la legalidad española y las normas internacionales de derechos humanos para ello.

En el año 2005, para repeler un intento de salto en Ceuta, el uso excesivo de la fuerza, tanto por las fuerzas auxiliares marroquíes como por los agentes de la Guardia Civil, se saldó con la muerte de 13 personas que intentaban acceder a territorio español a través de las vallas, y con muchos más heridos y devueltos ilegalmente a Marruecos. Hechos que nunca fueron realmente investigados por ninguno de los dos gobiernos.

Lejos de parar, desde entonces se han sucedido las devoluciones sin ningún tipo de procedimiento que garantice los derechos de esas personas, especialmente su derecho a pedir asilo si huyen de violaciones de derechos humanos. El uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de los agentes de la Guardia Civil y las Fuerzas Auxiliares Marroquíes contra inmigrantes y solicitantes de asilo se ha convertido en una práctica demasiadas veces documentada e impune.

El pasado 6 de octubre de 2014, un total de 23 personas eran entregadas en la playa por agentes de la Guardia Civil a las Fuerzas de Seguridad marroquíes, sin ningún tipo de procedimiento, garantías u oportunidad de poder pedir asilo. Hubo uso excesivo de la fuerza y utilización de material antidisturbios. Al menos 14 personas perdieron la vida ese día.

Tampoco los terribles atentados en París deben llevar a los líderes europeos a ceder a una irreflexiva agenda de rechazo de los refugiados.

Todo esto vulnera la normativa española, europea e internacional. La falta de investigaciones judiciales adecuadas, y la enmienda introducida en la Ley de Extranjería que intenta dar cobertura legal a estas devoluciones ilegales, sólo contribuyen a que se normalicen los abusos y violaciones de derechos humanos contra estas personas, que se ven obligadas a buscar rutas cada vez más peligrosas, quedando al albur de las mafias del tráfico de seres humanos, poniendo en riesgo sus vidas o incluso perdiéndolas por el camino.

Lo peor es que este modelo es seguido por otros países de la Unión Europea, que lo acompañan de discursos racistas y xenófobos. Y todo esto ocurre en un momento donde Europa y España deberían estar a la altura ante la mayor crisis humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial.

Casi 60 millones de personas en todo el planeta se han visto obligadas a desplazarse debido a conflictos, violencia y persecución. España y el resto de países la Unión Europea no pueden seguir dando vergonzosamente la espalda a la pequeña porción de personas necesitadas de protección que intentan llegar a nuestras fronteras; es contrario a nuestras leyes y valores el recibimiento que se encuentran.

Tampoco los terribles atentados en París deben llevar a los líderes europeos a ceder a una irreflexiva agenda de rechazo de los refugiados. En estos momentos, Europa tiene dos retos importantes que afrontar: por un lado, el terrorismo, que viene de largo. El segundo, más reciente, es el aumento del número de personas refugiadas y solicitantes de asilo en sus fronteras.

Son dos cosas distintas, y sólo una de ellas constituye una amenaza. Los dirigentes europeos deben distinguir cuidadosamente entre ambas, y tener claro que lo mejor para la seguridad de Europa no es dar la espalda a una crisis global de refugiados, sino garantizar la entrada ordenada, organizada y humanitaria de personas que huyen del horror del mismo terrorismo.