El 'matrimonio de conveniencia' de PP y Vox: lo que implican sus acuerdos programáticos

"Me comprometo. Yo no voy a gobernar con Vox". Las palabras que la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronunció 10 días antes de que los populares alcanzaran un acuerdo de Gobierno con la formación de Santiago Abascal en la región, podrían ser el resumen perfecto a lo que ha ocurrido con ambos partidos en las últimas semanas.

Tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo, Alberto Núñez Feijóo ha apostado por cerrar pactos con Vox, para garantizarse la gobernabilidad en algunas comunidades autónomas a cambio de cesiones, como presidencias en los parlamentos o consejerías dentro del propio Ejecutivo. 

Lo que ha pasado este viernes en Extremadura es la negociación que más daño puede causar en el PP. Tras todo el debate generado en torno al rechazo tajante de María Guardiola a la posibilidad de gobernar con la ultraderecha, la candidata popular ha terminado cediendo a las presiones que se habían ido formando en el interior de su partido.

Pese a los tira y afloja que se han producido dentro del PP, el resultado siempre ha sido el mismo, con acuerdos programáticos con Vox que no han estado exentos de polémica, pero que exhiben el 'matrimonio de conveniencia' que existe entre ambos partidos.

Vicepresidencia, tres consejerías y "violencia intrafamiliar" en la Comunidad Valenciana

El mapa electoral fue muy claro tras los comicios autonómicos. El PP ganó las elecciones, pero, en algunas comunidades, tenía que entenderse con Vox si quería llegar al Gobierno y poner fin a la continuidad de un Ejecutivo socialista o la celebración de unas nuevas elecciones.

Por ello, el primer acuerdo programático que los populares alcanzaron fue en una de las regiones que antes del inicio del escrutinio ya había sido considerada clave para las próximas generales, la Comunidad Valenciana.

La principal polémica que suscitaba el acuerdo era la de contar con el candidato de Vox a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Flores, que fue condenado por maltrato en 2002, dentro del Ejecutivo. Una tensión que acabó desapareciendo cuando el partido ultraderechista decidió que dejara de ejercer como candidato en la región y lo situaron como el 'número uno' de Vox por Valencia al Congreso.

A cambio de formar Gobierno, el candidato del PP, Carlos Mazón, ofreció a la ultraderecha una vicepresidencia, tres consejerías, Agricultura, Cultura y Justicia, y acabó aceptando un documento de 50 puntos en el que se cambia el término violencia de género por el de "violencia intrafamiliar".  

Entre esos puentes que unen a ambos partidos, al menos durante los próximos cuatro años, también aparece la derogación de las leyes de memoria democrática que "atacan la reconciliación en los asuntos históricos".

El PP también ha dejado el hueco necesario a Vox para aplicar las principales medidas del llamado 'pin parental' y también apuestan por eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y la creación de una oficina "especializada para el asesoramiento y acompañamiento de todas las víctimas" de la okupación.

Dos 'consells' y derogación la ley trans autonómica a cambio del Govern balear

La Comunidad Valenciana sólo ha sido la primera piedra en las negociaciones que se siguen dando entre ambos partidos. La segunda región en la que los populares gobernarán gracias a Vox es Baleares.

Marga Prohens, candidata del PP, será investida como presidenta del Govern, y, aunque los de Abascal no entrarán en él, sí lo harán en los consells insulares de Mallorca y Menorca. El documento está compuesto por 110 puntos acordados, en los que no se menciona a la violencia de género y sí se plantea la derogación de la ley trans autonómica.

Entre el más de un centenar de medidas también hay otros puntos similares a los de la Comunidad Valenciana, como el fin de las leyes de memoria democrática para buscar "la reconciliación evitando la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas y del drama del enfrentamiento civil".

Otros de los apartados más polémicos son la eliminación de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, la suspensión de la Ley Celáa y un plan de choque contra la "inmigración ilegal". De hecho, la primera decisión que ha abordado la Mesa del Parlament ha sido rechazar que se cuelgue la bandera LGTBI durante el Orgullo en la fachada como sí se había hecho desde hace años. 

En el aparatado económico, también defienden la eliminación del impuesto de sucesiones, centrarse en el sector turístico y aplicar una reducción del IRPF.

El espacio rural para Vox en Extremadura

El último acuerdo se ha anunciado en Extremadura, algo que podría parecer impensable hace sólo unos días. María Guardiola logrará la investidura a cambio de que la ultraderecha se encargue de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y pongan en marcha otras 60 medidas programáticas que ambos partidos han acordado.

Los populares han vuelto a dar el visto bueno a algunas iniciativas defendidas por el partido ultraderechista en otras regiones, como la derogación de las leyes de memoria democrática, las rebajas de impuestos o luchar contra la "ocupación ilegal de inmuebles".

La principal diferencia entre los 60 puntos en los que han coincidido PP y Vox se produce en el término violencia intrafamiliar. Mientras que en Baleares y la Comunidad Valenciana sí se habla de él, en el acuerdo de Extremadura no hay ninguna cita al mismo.

De hecho, en el documento de siete páginas que han hecho oficial, la única vez que se habla de violencia es en el apartado 46 para asegurar que defenderán los derechos de las familias y que trabajarán para “erradicar de nuestra comunidad los discursos machistas, ya sean en el ámbito civil o religioso, que promuevan o justifiquen la violencia contra la mujer”.

PP y Vox también ponen el punto de mira en la educación pública extremeña y buscarán garantizar la "neutralidad ideológica" de la enseñanza en la región. Además, fomentarán "el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones".

Próximas paradas: Murcia y Aragón

Con el acuerdo de Guardiola y Vox, la tensión que también se está viviendo en Murcia podría ir disminuyendo con el paso de las horas. Algo en lo que, según ha informado Europa Press, ha hecho hincapié Génova 13 en las últimas horas.

Los populares han querido mandar un nuevo mensaje, justificando para los de Abascal no será sencillo justificar que bloquea la toma de posesión de un presidente del PP, Fernando López Miras, "que obtuvo casi el 43% de los votos".

Tal y como ya hizo María Guardiola, Miras ha amenazado en estas últimas horas con repetir las elecciones, insistiendo en que quiere formar un Gobierno como el que tuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la anterior legislatura, con Vox fuera del Ejecutivo.

Una situación parecida a la que también está defendiendo Jorge Azcón, candidato a la Presidencia de Aragón, tras los resultados electorales del pasado 28 de mayo.

Pero, a cambio de que la ultraderecha sea flexible, hace unos días ya adoptó una polémica decisión, dar la Presidencia de las Cortes a la diputada machista y racista de Vox, Marta Fernández.

A falta de que se concrete el devenir político de Murcia y Aragón, ya ha dado tiempo para que se haya generado una importante polémica con varias de las medidas que ambos partidos han puesto en marcha en algunos de los ayuntamientos en los que gobiernan desde hace unas semanas.

En municipios como Torrelodones, Marbella, Cádiz o Nàquera, los nuevos ediles han decidido incrementar sus salarios tras dos semanas en el poder. En el caso de Nàquera (Valencia), la cosa no sólo ha quedado ahí ya que ambos partidos han decidido eliminar las banderas LGTBI y las concentraciones contra la violencia machista.

No ha sido la única polémica protagonizada por ambos partidos sobre el Orgullo. Después de que el partido de Abascal colgara una lona con la que simulaba que tiraba a una papelera a algunos colectivos como el LGTBI, algunos consistorios en los que gobiernan juntos han rechazado instalar la insignia, como ha pasado en Valladolid o Toledo.

Lo que está claro es que, salvo contadas excepciones, PP y Vox parecen estar en la misma onda, cerrando acuerdos pese a las presiones y las tensiones y apostando por el entendimiento, quizá, con la mente puesta en el escenario que se puede abrir tras las elecciones generales del 23-J. Tanto a Feijóo como a Abascal les conviene llevarse bien.