"Quienes tengan la tentación de caer en un tipo de prácticas, aprovechándose de una subida del IVA, para repercutir ese aumento en consumos que se hayan hecho con anterioridad al 1 de septiembre, que es cuando va a entrar en vigor, tendrán que asumir las consecuencias de esa conducta, que es absolutamente reprobable".

Son palabras del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. "El Gobierno va a estar en la defensa del interés general porque en una economía seria no pueden permitirse ese tipo de prácticas", afirmó a mediados de agosto en declaraciones a Europa Press Televisión. "Vamos a velar por que no se produzcan", advirtió.

Pero sí se han producido. De hecho son millones los usuarios que están recibiendo facturas de suministros, fechadas en el mes de agosto, que tendrán que pagar a comienzos de septiembre con el nuevo IVA pese a que corresponden a consumos anteriores.

La cuestión es que, por desgracia, se trata de una práctica perfectamente legal.

El ministro Soria no mintió. Sencillamente cometió un error porque se limitó a criticar lo que considera injusto creyendo y afirmando que también resulta ilegal. Quizás debería impulsar una reforma de la Ley del IVA de 1992 para acabar con esta injusticia.

Aunque claro, la subida del IVA también es injusta y peligrosa para la economía española, como afirmaba el PP incluso semanas antes de aprobarla. Y ello no ha impedido que la apruebe lanzando la mentira masIVA de que su efecto será justo el contrario del que venía alertando sin parar desde 2010, cuando los socialistas aumentaron el impuesto al consumo.

En cualquier caso, se trató de un gravísimo error, un disparate impropio de un ministro teniendo en cuenta que se produjo en una entrevista que posteriormente ni Soria ni nadie del Gobierno se ha preocupado de rectificar, aumentando todavía más el desconcierto masivo que tienen los consumidores sobre cómo se aplica la subida del IVA en servicios como la luz, el gas, la telefonía, el acceso a Internet (21%) o el suministro domiciliario de agua (10%).

Señor Soria, si quiere usar sus armas de ministro para acabar con algún fraude con el IVA, apunte bien.

Desconcierto entre los consumidores

FACUA -ya sabes, la organización de consumidores que el Gobierno amenaza con ilegalizar por criticar la subida del IVA y los recortes- está recibiendo una avalancha de consultas de consumidores que creen que las grandes compañías energéticas y de telecomunicaciones están cometiendo un fraude en sus recibos.

Pero el artículo 75 de la Ley del IVA lo deja muy claro -aunque con un lenguaje bastante farragoso, eso sí- y señala que las facturas de los denominados suministros de tracto sucesivo se cobrarán aplicando el impuesto en vigor en el momento en que se genere la obligación del pago de las mismas y no el vigente durante el periodo de consumo.

Solo habría un fraude si una compañía retrasase la fecha habitual de pago para cobrar el nuevo IVA. Fecha que los usuarios pueden verificar mirando recibos de periodos anteriores.

De hecho, una resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas fechada el pasado 2 de agosto recuerda esta circunstancia:

"Resultará plenamente ajustado a Derecho el gravamen a los nuevos tipos impositivos cuando se trate de contraprestaciones exigibles contractualmente con posterioridad al 31 de agosto de 2012, aun cuando se trate de servicios o suministros que se correspondan con periodos de consumo anteriores a esa fecha, pero cuya exigibilidad del precio sea posterior a la misma".

¿Seguro que no van a repercutir la subida en los precios?

Pero ya que el ministro de Industria -que tampoco se leyó la citada resolución cuando hizo sus declaraciones- ha advertido que el Gobierno no va a permitir que nadie se aproveche de la subida del IVA para cometer prácticas abusivas contra los consumidores, no estaría de más que impulsase controles sobre las empresas que aseguran que no van a repercutirla en sus precios.

Tanto la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), el Instituto Nacional del Consumo (INC) como los distintos organismos que tienen competencias para supervisar precios y los organismos que tienen encomendada la protección de los consumidores y la vigilancia del mercado en las comunidades autónomas deberían estar controlando mediante muestreos cómo han variado los precios en agosto con respecto a julio.

Numerosos consumidores están trasladando a FACUA, y es un clamor en las redes sociales, que hay grandes empresas que acaban de incrementar los precios de muchos productos. Habría que indagar en los motivos y verificar si todas esas subidas representan cantidades similares a las que dejarán de ingresar si congelan los precios de venta al público en septiembre.

Porque, ¿debemos creernos que tantas grandes empresas van a dejar de ingresar las decenas o cientos de millones de euros cada año que representa la subida del IVA o en realidad hay quien está incurriendo en competencia desleal y cometiendo gran un fraude a los consumidores?

En Buenos Aires, acaban de pillar a Carrefour en un fraude a los consumidores porque lanzó a bombo y platillo una oferta para comer por solo 6,99 pesos (1,20 euros) al día y cuando los inspectores del Gobierno visitaron sus establecimientos comprobaron que el 40% de los productos anunciados en su menú no estaban a la venta.

En España esas cosas no pasan. Lo de realizar ese tipo de inspecciones, digo. Y así nos va.

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