INTERNACIONAL
09/08/2012 16:49 CEST | Actualizado 09/08/2012 16:49 CEST

Los pueblos indígenas de América Latina luchan por su supervivencia en su día internacional

EFE

En mitad de una selva o un bosque se inicia la construcción de una carretera o la explotación de una mina. El Gobierno ha dado su visto bueno, pero nadie ha avisado a los pueblo vecinos, que temen la pérdida de su patrimonio cultural. Son indígenas.

Esta es la historia común de algunas zonas de países de América Latina que, este 9 de agosto, celebran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo conmemora, pero la misma organización ha reconocido que aún es difícil combatir estereotipos, discriminación y abusos sobre los derechos de estas comunidades.

La falta de respeto a la comunidades indígenas y a sus territorios han llevado a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a desarrollar normas entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos para determinar los derechos de los indígenas sobre sus territorios.

“Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en principio sobre todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan actualmente, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial internacionalmente protegida”, reza la declaración de la CIDH sobre el tema, publicada en 2009.

Con estas normas bajo el brazo, algunos pueblos han reclamado a sus Gobiernos el respeto a su territorio. Varios han prosperado, mientras otros continúan resistiendo por la supervivencia de sus culturas.

Wirikuta (México)

La comunidad indígena de los wixárika iniciaron en mayo una intensa defensa de su territorio en el estado de San Luis Potosí, después de que el Gobierno de ese país autorizara 22 concesiones a una empresa canadiense para explotar las minas de la región.

Desde los pueblos indígenas hasta la capital de México se ha pedido el respeto al territorio, después de que los habitantes de la zona jamás fueran consultados sobre esta intervención. La presión social ha retrasado el ingreso de las empresas mineras, pero no ha logrado zanjar de forma definitiva el proyecto de explotación de las minas.

Cauca (Colombia)

Hartos de los combates entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército colombiano, los indígenas del departamento de Cauca decidieron poner orden en la zona que habitan. En julio pasado, grupos organizados de indígenas iniciaron el desalojo tanto de las tropas oficiales como de las guerrillas.

El Gobierno colombiano ha insistido en que no sacará a los uniformados de la región porque en ella se concentran importantes frentes contra la guerrilla. Los indígenas -unos 115.000- mantienen un diálogo con el Gobierno mientras los militares han regresado a sus posiciones en la zona.

TIPNIS (Bolivia)

Aunque desde 2003 los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) han denunciado la invasión de sus territorios con la construcción de una carretera, en agosto de 2011 se movilizaron para exigir al presidente boliviano, Evo Morales, la suspensión del proyecto. La presión que desde entonces han ejercido estas comunidades en el Gobierno central han llevado al Ejecutivo boliviano a suspender la construcción de la autovía. Este mes, las 69 comunidades involucradas en este conflicto participarán en una consulta para determinar si el proyecto se construye o no.

Sarayaku (Ecuador)

Los indígenas sarayaku de Ecuador iniciaron en 2003 una batalla legal contra el Gobierno del país para exigirle la expulsión de una empresa petrolera de sus territorios. Los sarayaku llevaron el caso hasta la CIDH, que falló a su favor hace un mes, por lo que el Gobierno ecuatoriano tendrá que indemnizar a las comunidades indígenas afectadas por los trabajos de la petrolera. La administración del presidente, Rafael Correa, ha aceptado el fallo y ha ampliado las medidas administrativas para consultar a los pueblos indígenas sobre las intervenciones en sus territorios.

Las denuncias de estos y otros pueblos indígenas de América Latina han sido denunciados por organizaciones como Amnistía Internacional, que además ha desarrollado un informe que incluye a comunidades de países como Guatemala, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay.

“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten”, concluye el informe de la ONG sobre la situación.