POLÍTICA
29/07/2021 15:01 CEST | Actualizado 29/07/2021 16:02 CEST

El juez archiva la causa contra Repsol, CaixaBank, Fainé y Brufau por Villarejo

No ha encontrado indicio alguno de la participación “directa o indirecta”.

Europa Press via Getty Images
El excomisario José Manuel Villarejo, el pasado 6 de julio en la Audiencia Nacional.

Carpetazo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien ha procesado al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por Kitchen, ha archivado la investigación contra Repsol y CaixaBank como personas jurídicas y contra el expresidente del banco Isidro Fainé y el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, por la contratación de los servicios del excomisario José Manuel Villarejo.

El magistrado explica, en un auto fechado este jueves, que, tras la práctica de las oportunas diligencias, no se ha encontrado indicio alguno de la participación “directa o indirecta” de Brufau o Fainé.

El pasado 8 de julio, el juez imputó a Repsol y CaixaBank en la causa sobre los encargos realizados al excomisario que habrían tenido como objetivo investigar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero. Brufau y Fainé también fueron imputados a mediados de abril.

No hay indicios de participación

El juez da por válidos los argumentos de las defensas de Fainé y Brufau y asegura que, de toda la documentación aportada por ambas compañías, “no se desprende que éstos tengan una obligación de supervisión y vigilancia”.

Los procesos penales deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaríanManuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional.

De hecho, García-Castellón apunta que es más bien “al contrario”, ya que se trata de aspectos delegados “en los órganos competentes para ello”.

El magistrado recuerda que la contratación de los servicios de Cenyt, vinculada a Villarejo, “no recaía en el ámbito de control” de los presidentes de las compañías, “sino en el de sus directores de seguridad”.

De manera que “sin indicios” que apunten a que Fainé y Brufau “interviniesen de manera directa en los hechos, no es posible transferir a los presidentes una obligación de supervisión y vigilancia corporativa que está delegada en los órganos competentes para ello”, zanja el juez.

García-Castellón considera, además, que “no se debe perder de vista la situación a la que se somete a una empresa cuando no solo se le imputa responsabilidad a la persona jurídica, sino también a la figura de su presidente, máximo representante de la compañía interna y externamente”.

El sobreseimiento, añade, “redunda en que los procesos penales no deben sufrir dilaciones indebidas” y “deben evitar los daños reputacionales de naturaleza empresarial que implicaría” mantener una línea de investigación insustancial.

Sobre las compañías

Por lo que respecta al sobreseimiento de la investigación contra Repsol y CaixaBank, el juez entiende que “no puede exigirse responsabilidad a la persona jurídica por la mera comisión por alguno de sus directivos o empleados de alguno de los delitos previstos en el Código Penal”.

No puede exigirse responsabilidad a la persona jurídicaManuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional.

No existen en el presente caso, añade el magistrado, “razones que justifiquen seguir adelante en la causa con alguna persona, ya sea esta física o jurídica”.

García Castellón ha asumido los argumentos de las defensas, que en el caso de CaixaBank alegó que no concurrían los elementos del tipo de descubrimiento y revelación de secretos ni del tipo de cohecho, en cualquiera de sus modalidades, y defendió que en todo momento “comprobó, con la debida diligencia, a quién iba a contratar, en cumplimiento de todos los controles sobre conocimiento y legalidad del proveedor de servicios Cenyt”.

En cuanto a Repsol, tenía implantado “todo un sistema de cumplimiento normativo o ‘compliance’, no solo limitado a la prevención de delitos, sino dirigido a fomentar una verdadera cultura empresarial del cumplimiento normativo en general, y todo ello con carácter previo a los hechos”.

El exdirector de seguridad de Mutua Madrileña, procesado

García Castellón, no obstante, ha decidido procesar al exdirector de Seguridad de Mutua Madrileña Benjamín García Cañón por un presunto delito de cohecho activo por la contratación de la empresa Cenyt.

Junto con García Cañón, el magistrado propone juzgar a Villarejo y a su socio Rafael Redondo por la redacción de un informe sobre un expresidente de la aseguradora, un proyecto denominado “Autumm” por el que Cenyt percibió 16.000 euros.

En el momento de la contratación, en 2012, Villarejo era comisario de Policía en servicio activo, indica el juez, de ahí el posible delito de cohecho activo. Según relata el juez, en octubre de 2009 Villarejo se dirigió a García Cañón para proponerle un proyecto de investigación denominado “Lump”, con objeto de salvaguardar los intereses de la Mutua “ante una eventual situación de riesgo, como consecuencia de prácticas poco ortodoxas de ciertas personas”.

Entre ellas figuran Juan Expedito Suárez Sánchez, el expresidente de la aseguradora José María Ramírez Pomatta y el exconsejero Arturo Baldasano, que se encuentra en la causa como perjudicado. El encargo a Cenyt partió del conflicto entre la aseguradora y Ramírez Pomatta por su pensión de jubilación de 13,9 millones de euros.

La Mutua encargó a García Cañón la elaboración de un informe sobre la solvencia de Pomatta, que incluyó todo tipo de datos personales y patrimoniales de él y de su familia; el directivo se dirigió entonces a Cenyt para la elaboración del informe, por el que la empresa de Villarejo cobró 16.000 euros más IVA.

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