El Gobierno denuncia ante la Fiscalía el cartel de Vox por criminalizar a los niños

El Gobierno denuncia ante la Fiscalía el cartel de Vox por criminalizar a los niños

PSOE, Podemos y Más Madrid también lo han denunciado ante los tribunales por incitar al odio.

El líder de Vox, Santiago Abascal, realiza una intervención en el acto electoral del partido en Fuenlabrada, (Madrid, España), a 19 de abril de 2021Ricardo Rubio - Europa Press

El Gobierno ha denunciado ante la Fiscalía el cartel electoral de Vox sobre menores migrantes al considerar que despliega una “criminalización absoluta de los niños y niñas que migran solos” y supone un ataque racista contra este colectivo vulnerable que puede ser constitutivo de un delito de odio.

Las ministras de Igualdad y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, han anunciado este miércoles en rueda de prensa que el Ejecutivo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, que constituyen “un ataque directo” a la democracia.

“El odio, la xenofobia, la intolerancia y el racismo no tienen cabida. Es obligación del Estado proteger la dignidad y garantizar los derechos humanos de todas las personas en nuestro país. Ante el discurso racista y xenófobo tenemos la obligación de actuar. (...) Aquí tienen a un Gobierno dispuesto a defender hasta el final todos los derechos”, ha aseverado Montero.

  El Gobierno denuncia el "ataque racista" a menores con la campaña de Vox.MINISTERIO DE IGUALDAD/Europa Press

Belarra ha subrayado que, ante estos “hechos gravísimos”, el Gobierno quiere mostrar una “contundencia absoluta” y “mandar un mensaje muy claro a la ciudadanía” de que está al lado de los niños y niñas, vengan de donde vengan.

El PSOE denuncia a Vox por delito de odio

Unos minutos después de esta comparecencia, el PSOE ha presentado una denuncia contra Vox ante los tribunales al considerar que está incurriendo en delitos de odio y discriminación por el origen, así como contra la ley electoral, con su campaña ‘Protege Madrid’, en la que señalan a los menores extranjeros no acompañados a través de los polémicos carteles electorales pero también desde su página web, sus redes sociales y sus declaraciones públicas contra este colectivo.

“Sus representantes, su campaña electoral, su página web y, su perfil público y oficial de Twitter, en su conjunto y por separado puede ser considerada como constitutivos de un delito de odio y discriminación”, asegura el PSOE en su denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que aportan como pruebas fotos de los carteles y también fragmentos de su programa o de mensajes en sus redes sociales.

Sus representantes, su campaña electoral, su página web y su perfil de Twitter pueden ser considerados como constitutivos de un delito de odio y discriminación

Según los socialistas, esta campaña implica “acciones catalizadoras de mensajes y conductas que pueden fomentar, promover o incitar de manera directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o, incluso la violencia contra aquellos a los que se refieren, lesionando por ello la dignidad de estos, y colocándolos en la diana de la sociedad haciéndoles responsables de inseguridad ciudadana y despilfarro en contraposición a los ciudadanos españoles”.

“Estamos ante delitos de odio y discriminación por el origen, frente a un colectivo vulnerable y desamparado, menores extranjeros, y su religión, haciendo mención implícitamente también a su credo”, resume la formación que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Antes de conocerse esta denuncia ante la Fiscalía, fuentes de la parte socialista del Gobierno han explicado que ellos consideraban que el asunto de los carteles de Vox era lo suficientemente grave como para que la Fiscalía interviniese de oficio. Además, han reconocido que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, así lo alertó a la fiscal general del Estado, la exministra de Justicia, Dolores Delgado.

La también ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática habló con la fiscal y le expresó su opinión de que hay que entrar en las provocaciones y actuar de oficio en este asunto que consideran “de manual”.

Las mismas fuentes cuestionan el papel de la Junta Electoral Provincial, que en los últimos tiempos, a juicio del Ejecutivo, se “está columpiando”.

Que ese cartel “repugnante” se quite “lo antes posible”

Al respecto se ha pronunciado también, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha pedido que ese cartel “repugnante” se quite “lo antes posible”.

“Ni España ni la ciudadanía de este país merecen que pueda haber estos mensajes de odio, de enfrentamiento, y desde luego espero que se quiten lo antes posible”, ha dicho Robles, que ha acusado a Vox de estar “fuera de los estándares mínimos de cualquier democracia”.

En la rueda de prensa, la ministra de Derechos Sociales ha indicado que los derechos de la infancia son consensos que “costó mucho construir y que representan lo mejor de nuestra historia democrática”, unos consensos que hay que defender porque, ha dicho, vuelve a existir la “amenaza del fascismo”.

“Estos mensajes no tienen cabida democrática en la sociedad española, que es acogedora y respeta los derechos humanos”, ha añadido.

Este es un ataque que no solo es racista, sino que además es un ataque hacia los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país

“Este es un ataque que no solo es racista, sino que además es un ataque hacia los niños y las niñas más vulnerables de nuestro país, que son los niños y niñas que migran solos, que migran sin su familia, que muchas veces en el tránsito migratorio han sufrido terrible violencia y que cuando llegan aquí muchas veces son acogidos en condiciones que no siempre cumplen todas las garantías, tengo que decirlo también como ministra competente en la materia”, ha explicitado Belarra.

Por su parte, la titular de Igualdad ha incidido en que los delitos de odio por motivos étnicos o raciales han repuntado un 21 % en los últimos tiempos y ha mostrado preocupación por que se puedan extender en la sociedad discursos de odio y racistas.

Montero ha recordado que la población migrante y racializada que sufra delitos de odio o agresiones racistas o xenófobas puede denunciarlos en el teléfono 900203041.

“Que sepan que como Estado tenemos la obligación de proteger y garantizar todos y cada uno de sus derechos, de garantizar su dignidad”, ha destacado.

En el cartel electoral de la formación de Santiago Abascal, desplegado en las instalaciones de Cercanías de la Puerta del Sol, se ve a una anciana y a un niño de origen migrante y se lee: “Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión/mes”, junto al lema de Vox “Protege Madrid, vota seguro”.

La denuncia de Pablo Iglesias: “Recuerda a la propaganda nazi”

A título personal, el candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, también ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía de delitos de odio y discriminación el cartel electoral de Vox al considerar que “incita al odio, a la discriminación y a la violencia” contra esos niños, con una imagen que “recuerda a la propaganda nazi”.

“Es obvio que el contenido de lo publicitado es claramente discriminatorio y de carácter xenófobo, rechazando al extranjero”, apunta Iglesias en su denuncia, en la que señala que los carteles de Vox “alientan el odio, la humillación, el menosprecio y el descrédito” de los menores inmigrantes por razón de su raza y origen.

La Fiscalía Provincial de Madrid ya lo investiga

La Fiscalía Provincial de Madrid anunciaba este martes que investigará por cuenta propia el cartel por un presunto delito de odio. Más Madrid y Unidas Podemos ya lo han denunciado ante la Junta Electoral.

También el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica prepara una demanda contra Vox por incitar al odio con una “propaganda electoral racista contra la infancia migrante”.

Desde Renfe se ha asegurado que se solicitará la inmediata retirada de la campaña si alguno de los organismos competentes, como la Junta Electoral correspondiente o la autoridad judicial competente, determinan que es contraria a derecho o incurre en delito.