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03/12/2019 04:56 CET | Actualizado 03/12/2019 04:56 CET

Emergencia climática: ¿Escuchan el grito global?

Detrás de cada problema ambiental se sitúan los intereses económicos de unas élites aliadas con el poder político y mediático.

Vincent West / Reuters
Imagen de archivo de unos agricultores gallegos trasladando su ganado por un paraje devastado por un incendio. 

La naturaleza, los científicos y la sociedad civil organizada lo repite cada día. Estamos sobrepasando todos los indicadores que permiten la vida como la conocemos en el planeta tierra, a escala global. 

No hay planeta B. Lo decíamos en Copenhague hace exactamente 10 años miles de activistas entre los que nos encontrábamos mi compañero Juantxo Lopez de Uralde, hoy diputado, y yo mismo. Mientras en estos 10 años el nivel de concienciación en la sociedad civil se ha profundizado y hecho más vigoroso, esta COP25 se abre con el eterno interrogante: ¿escuchan de verdad los grandes poderes, los gobiernos y las potencias mundiales el grito global de calles y científicos que nos indican que, para frenar la catástrofe ya vamos tarde, que ya no hay tiempo que perder? 

La acción climática ha sido desde hace años una de las principales prioridades de millones de científicos, activistas, organizaciones civiles y ciudadanos anónimos de todo el mundo, que desde hace décadas son conscientes de que el calentamiento del planeta y el irreversible cambio climático que de él se derivará es la principal amenaza que enfrenta hoy la especie humana. Y la inmensa mayoría de ese colectivo también es consciente de que su lucha no es una acción aislada o independiente. Está directamente relacionada con todos aquellos movimientos sociales que cuestionan un modelo económico y de reparto de la riqueza basado en la injusticia, la insolidaridad y la desigualdad. 

Desde que a principios del milenio se puso en manos del mercado de emisión de gases la lucha contra el cambio climático, la temperatura media del planeta ha crecido en casi 1,5 grados con respecto a los índices de los años noventa. Demasiado cerca del límite en el que estaremos abocados a una catástrofe segura. En algunas zonas de África, del norte de Rusia y de Groenlandia, el calentamiento supera los 3 grados. Esas cifras evidencian las dañinas consecuencias de dejar en manos del laissez fair, laisser passer la protección del medio ambiente. El neoliberalismo que las sustenta no sirve para ganar esta batalla. Al contrario. Nos conduce a la derrota. Y no se trata de una cuestión ideológica. Es una constatación empírica. 

En España, donde la temperatura media ya ha crecido este siglo por encima de un grado –cerca de dos en algunos territorios– la acción climática también ha sido desde hace años la prioridad de quienes llevamos lustros oponiéndonos a aquellas políticas que subordinan la protección de la biodiversidad, los recursos naturales esenciales para la vida y los bienes comunes como el agua, la energía, el aire, el medio ambiente limpio y la buena salud, a los intereses de unas élites minoritarias que buscan sacar partida y enriquecerse explotando lo que es de todos. 

Detrás de cada problema ambiental se sitúan los intereses económicos de unas élites aliadas con el poder político y mediático.

El último informe sobre El impacto del cambio climático, de la Agencia Europea del Medio Ambiente, subraya que España es el país europeo más vulnerable a los efectos del cambio climático. En ese contexto, Galicia presenta características de especial fragilidad, pues ha sido una de las comunidades que más ha padecido la nefasta gestión ambiental desarrollada hasta ahora por quienes mejor han representado a ese modelo económico depredador sobre el que se construye el negacionismo. 

Las problemáticas específicas de Galicia son múltiples y diversas, pero relacionadas entre sí: el sistema de gestión de residuos está literalmente colapsado, con una tasa de reciclaje por debajo del 13,5% y una red de proyectos de megavertederos apoyados y fomentados por el Gobierno autonómico. Las oleadas de incendios se suceden, mientras se profundiza en las políticas forestales basadas en el monocultivo del eucalipto, una especie invasora que ha provocado que en Galicia se produzcan el 70% de todos los incendios que cada año se desatan en España. La contaminación sistemática de los ecosistemas acuáticos es la norma en un país con más de 10.000 ríos y que cuenta con un 30% de toda la costa española peninsular. Por si fuera poco, la emisión de gases de efecto invernadero es abrumadora y desproporcionada: de Galicia proviene cerca del 12% del CO2 que España emite a la atmósfera, cuando su población representa apenas el 6% del total y su PIB, nada más que el 5%. La estrategia política de respuesta a esa situación es la inacción de una Xunta en la que el PP lleva gobernando 25 de los últimos 29 años, y que se limita a seguir apostando por proyectos altamente contaminantes como los de la minería a cielo abierto, lo que ha llevado a los colectivos medioambientalistas a calificar a Galicia como ”territorio de sacrificio”. 

Detrás de cada uno de esos problemas se sitúan los intereses económicos de unas élites que, aliadas con el poder político y mediático, planean seguir haciendo negocio gracias a un sistema económico que se lo permite, obteniendo colosales beneficios con lo que seguir pagando millonarias campañas mediáticas para condicionar y manipular a la opinión pública. 

No es casualidad que el mismo día en el que se inaugura la cumbre de Madrid, decenas de periódicos de abrieran sus portadas con una de esas campañas destinadas a teñir de verde la imagen de la empresa eléctrica que más emisiones genera en España. No hay planeta B es el lema activista. Tiempo actuar el lema institucional. Desde las calles y desde las instituciones es tiempo de actuar. Legislar y cumplir las normas que garanticen futuro para nuestro planeta desde las instituciones. Cambiar los modos de vida, actuar en lo local y presionar a gobiernos e instituciones, desde el ámbito social. 

 

Antón Gómez Reino es diputado por Galicia en Común-UP; es también portavoz en la Comisión Agricultura y Alimentación, así como portavoz adjunto de Transición Ecológica.

 

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