Gobierno y Generalitat pactan "desjudicializar" la política y proteger el catalán
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado que ambos Ejecutivos "queremos y creemos en el acuerdo".
Dos acuerdos. La nueva mesa de diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña de este miércoles se ha saldado con dos acuerdos para “superar la judicialización” e “impulsar y proteger la lengua catalana”.
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión que tanto el Govern como el Ejecutivo central han coincidido en la necesidad de trabajar “creyendo en el acuerdo entre diferentes para abordar todos los problemas que pueden ir surgiendo”.
El Gobierno también ha acordado con la Generalitat proteger la lengua catalana, defendiendo “el reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de país” y, también, la necesidad de que esa diversidad sea “una fuente de riqueza y oportunidades” de los ciudadanos.
La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha puesto en valor que se trata de “un primer paso” para orientar el “proceso de negociación de la resolución del conflicto político”, pero ha recordado que sin referéndum de autodeterminación no habrá final del conflicto.
Superar la judicialización
El Gobierno y la Generalitat han continuado avanzando en el objetivo fijado en la reunión del pasado 8 de julio, “superar la judicialización” en Cataluña. Bolaños ha hecho hincapié en que ambos Ejecutivos quieren “poner fin a la judicialización de la política”.
“La actividad política e institucional deben llevarse a cabo dentro del marco normativo vigente. La eventual mejora del marco normativo se ha de producir a través del diálogo y los acuerdos”, ha señalado.
Félix Bolaños también ha revelado que los acuerdos alcanzados entre Gobierno y Generalitat deben ser “representativos de mayorías amplias y transversales de la sociedad catalana”. “No puede darse nunca más el enfrentamiento estéril entre una parte de Cataluña que trata de imponer a la otra parte”, ha añadido.
El ministro de la Presidencia ha detallado que el tercer principio del acuerdo para superar la judicialización es que “las instituciones públicas han de preservar el interés general y adoptar las máximas garantías”.
Protección de la lengua catalana
La mesa de diálogo ha obtenido otro importante acuerdo con el que Gobierno y Generalitat se han comprometido a proteger la lengua catalana, destacando que los alumnos terminarán su etapa escolar en Cataluña con el “pleno dominio, oral y escrito, del catalán y del castellano”.
“El acuerdo parte también de dos premisas básicas. El reconocimiento de la diversidad lingüística de España como una riqueza de país y la necesidad de que esa diversidad sea una fuente de riqueza, de oportunidades y derechos de los ciudadanos”, ha señalado Bolaños.
Laura Vilagrà también ha defendido la necesidad de dicho acuerdo, destacando que “partimos de la base de que el catalán está perseguido”. “La lengua nunca debe ser motivo de confrontación y se tiene que mantener su capacidad de cohesión social”, ha expuesto.
El ministro de la Presidencia ha asegurado que reconocerán “la autonomía de cada centro educativo” y esa política lingüística deberá respetar “el principio de legalidad”.
Además, el Gobierno garantizará el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos “en la lengua oficial de su elección” e impulsará la revisión del reglamento del Senado para “favorecer los derechos de los representantes”.
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La Generalitat celebra el “primer paso”
Laura Vilagrà ha celebrado el acuerdo con el Gobierno, porque considera que “la judicialización permanente enquista el conflicto, la agudiza, genera nuevas víctimas”. “Estamos aquí para acabar con la represión”, ha razonado.
La consejera de Presidencia de la Generalitat ha explicado que “tenemos el objetivo de construir unos primeros acuerdos para avanzar definitivamente en la superación de la judicialización y todos sus efectos”.
Vilagrà también ha advertido al Gobierno de España que “hay que tener claro que mientras la ciudadanía no pueda votar su futuro político en libertad, estamos lejos de la resolución del conflicto político”.
