POLÍTICA
23/06/2021 15:02 CEST

Junqueras, Romeva y Turull tendrán que hacer frente a las fianzas que el Tribunal de Cuentas les impondrá el martes

Sus representantes legales están citados junto con los de Mas, Puigdemont y otros altos cargos por los gastos del Diplocat.

EFE
Líderes del procés.

Tres de los líderes independentistas condenados por sedición y malversación indultados por el Gobierno, Oriol Junqueras, Jordi Turull y Raül Romeva, deberán hacer frente aún a las cantidades que tiene que fijar el Tribunal de Cuentas por su responsabilidad contable en el presunto desvío de fondos para las denominadas ‘embajadas catalanas’ y al Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat.

El próximo martes, el Tribunal de Cuentas ha citado a sus representantes legales junto con los de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y de otros dirigentes del Govern para comunicarles la cuantía que considera que desviaron a esta red de embajadas.

Se trata de la liquidación provisional, y en este acto se les comunicará la fianza que se impondrá para responder a una posible condena. Las nuevas cantidades se sumarán a los 4,1 millones de euros que ya calculó que costó el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista.

Las nuevas multas son consecuencia de la instrucción sobre el presunto desvío de dinero para la acción exterior catalana que ha concluido el órgano fiscalizador.

Concretamente, se ha citado a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont; a los exconsejeros de Presidencia Francesc Homs, Neus Munté y Jordi Turrull; los exconsejeros de Economía Andreu Mas Collel y Oriol Junqueras; y al exconsejero de Asuntos Exteriores y Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia (DAERIT), Raül Romeva.

También a los que fueran secretarios generales Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Luis Bertrán, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort Subirana, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Pau Villoria; a las interventoras Generales de la Generalitat, María Vidal Ortí y Rosa Vidal Planella; y a los interventores delegados, Jordi Serra Catalán, Javier Acín Biota, Virginia Astigarraga Pallarés y Francesc Cubel Creus.

Completan la lista de la treintena de presuntos responsables contables, el secretario general del Diplocat, Alberto Royo, y los delegados de la Generalitat de Cataluña en Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea.

Ninguno de ellos tiene la obligación de comparecer personalmente en la sede del Tribunal de Cuentas, sino que pueden estar representados por sus abogados, a los que se les informará del detalle de la reclamación de las cantidades presuntamente desviadas.

Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha convocado también a los representantes legales de la Generalitat de Cataluña, del Diplocat, de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana, a la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas y al Ministerio Fiscal.

Informe fiscalizador

El Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 28 de marzo de 2019 un “informe de fiscalización relativo al destino dado a los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de la Comunidad Autónoma de Cataluña, correspondientes a los ejercicios 2011-2017”, a instancia de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Dicho informe revela que se detectaron gastos no justificados, subvenciones ‘a dedo’ y contratos fraccionados para eludir controles. El fiscalizador concluyó que buena parte de esos fondos públicos se usaron para promocionar en el extranjero el desafío independentista, incumpliendo la legalidad e invadiendo competencias del Estado.

El Tribunal Cuentas ya advirtió que es imposible saber la finalidad y justificación de todo el presupuesto (416 millones en acción exterior entre 2011 y 2017), ya que las llamadas ‘embajadas’ gozaban de autonomía financiera y carecían de control, y todo ello derivó en actuaciones al margen de su marco competencial y fuera de su ámbito geográfico, incumpliendo por tanto sus funciones.

De hecho, aseguró no disponer de documentación justificativa de gastos de las ‘embajadas’ por un importe de 302.794 euros, sobre todo del Reino Unido, Estados Unidos, Austria, Croacia y Polonia, y detectó pagos de 171.613 euros que resultan injustificados (gastos privados, pagos a personas ajenas a las delegaciones, etc.

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