Un juzgado de Madrid abre diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación de la reforma laboral
Lo hace a instancias de un particular, que ha pedido intervenir a la Guardia Civil.
El jaleo de este jueves en el Congreso llega a instancias judiciales. El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias para determinar si hubo algún tipo de delito informático en la votación por la que ayer en el Congreso se aprobó, con un voto de diferencia, la reforma laboral.
La investigación nace de la petición del abogado de Alberto Casero, Esteban Gómez, que ha solicitado a la Guardia Civil que requisara el ordenador con el que votó el diputado del PP Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos. Así se explica en el auto de este mismo viernes, citado por Europa Press.
El letrado del diputado había solicitado también al instituto armado que accediese al Congreso “para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios”.
Sin embargo, el juez Adolfo Carretero ha optado por denegar esta cuestión, que “no ha lugar en este momento,sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento”.
En el marco de la resolución, el magistrado ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal con la intención de que presente informe al respecto.
El PP repite una y otra vez que se trató de un fallo técnico del sistema, que marcó como ‘sí’ un voto que el diputado Alberto Casero supuestamente habría marcado como ‘no’. Fuentes del Congreso confirman que toda votación telemática obliga a confirmar dos ocasiones antes de que se emita el acta de validez del sufragio. Además, nunca se ha registrado un fallo de ese calibre, por lo que dudan de que haya ocurrido en esta ocasión.
Y a Teodoro García Egea se le movió hasta la mascarilla: el final a una votación loca
