Las mujeres en Perú, más cerca del poder real

Por Gioconda Diéguez, coordinadora en Alianza por la Solidaridad – Bolivia:

Perú ha dado un paso importante hacia la igualdad de género en el ámbito político. El pasado 23 de julio se publicaba en el país la nueva Ley 31030, que establece la paridad y alternancia de género en las listas de candidatas y candidatos en las elecciones a partir de las elecciones generales en 2021. Con esta norma, las listas deberán estar compuestas en un 50% por mujeres, que serán ubicadas de manera intercalada tanto en las elecciones internas de los partidos como en la elección popular de cargos públicos tanto a nivel andino, nacional, regional como municipal; también a nivel ejecutivo en las gobernaciones. Para el caso de candidaturas a la Presidencia y vicepresidencias de la República, la norma especifica que se debe incluir, al menos a una mujer y un hombre, ubicados intercaladamente. 

Perú sigue así los pasos de otros países de Latinoamérica como Bolivia, México, Costa Rica, Nicaragua, Argentina y Ecuador, que vienen aplicando leyes de paridad y alternancia desde hace algún tiempo, pero no hubiera sido posible sin la incansable lucha y el trabajo de incidencia realizado por activistas y organizaciones feministas peruanas. 

Esta lucha cuenta con un largo recorrido en el país, que tiene como un primer hito el logro del derecho al voto femenino en 1955, que dio a las mujeres mayores de edad y alfabetizadas el derecho a elegir y ser elegidas. Al año siguiente se eligieron las primeras nueve parlamentarias. Aún pasaría casi un cuarto de siglo hasta que, en 1979, se logró el derecho al sufragio universal, que incluyó también a las mujeres no alfabetizadas. De hecho, Perú fue uno de los últimos países de la región en incluir el sufragio femenino, 26 años después de Ecuador, el primer país latinoamericano en aplicarlo.  

Pero una cosa es tener derechos en el papel y otra que sean reales, así que en estos 42 años transcurridos desde entonces las mujeres han seguido estando subrepresentadas, sufriendo diversas situaciones de exclusión. Si bien se ha conseguido el objetivo de elegir, no pasa igual con el de ser elegidas, donde desigualdades de género muy enraizadas, entrecruzadas con otras causadas por el origen étnico, de edad o procedencia rural, entre otras, han dificultado los avances. Era necesario plantear medidas de acción afirmativa que promovieran una mayor presencia de las mujeres. De hecho, en las elecciones de 1995, el porcentaje de mujeres en el Congreso de la República fue de un escaso 15% y en el nivel legislativo municipal solamente de un 8%.

En ese sentido, un hito importante tuvo lugar en 1997, cuando las feministas peruanas lograron la primera ley de cuotas, que obligaba a reservar un 25% de las plazas para la elección de congresistas y regidoras femeninas, tanto a nivel legislativo nacional como municipal. Luego se amplió a 30% para elecciones al Congreso, al Parlamento Andino, consejos regionales y consejos municipales. Con las cuotas mejoró la presencia de las mujeres en estos cargos, aunque los porcentajes fueron tomados como máximos y no como mínimo, por lo que se ha mantenido su desventaja en relación con la participación de los hombres. Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 2017, la participación de las mujeres en el Congreso peruano no superó el 30% en los últimos tres periodos (ahora es del 27,7% para el período de 2016 a 2021). En el caso de gobiernos locales la diferencia es abismal: en el periodo del 2015 al 2018, las mujeres ocuparon un 2,8% de los cargos de Alcaldía. Regidoras a nivel nacional eran más,  el 28,5%.

Precisamente estos bajos porcentajes son los que se quieren mejorar con la nueva ley de paridad y alternancia, que es necesario que se extienda a todos los cargos del poder ejecutivo nacional y local. Y tan fundamental como seguir trabajando en la erradicación del machismo imperante en los espacios públicos, es continuar en la lucha contra las diversas formas de violencia que sufren aquellas que toman este camino. Según el estudio realizado por el Movimiento Manuela Ramos y Alianza por la Solidaridad (2019) sobre acoso político en Lima Norte, el 87% de mujeres que ejercen la autoridad han sufrido algún tipo de ataque verbal o humillación en el desarrollo de su cargo. Y son pocos los casos que se denuncian.

Este importante avance legislativo dado en Perú facilitará una mayor presencia de mujeres que, sin duda, permitirá una mejor visibilización de las necesidades y problemáticas que atraviesan las peruanas, que siguen siendo, por su porcentaje, el rostro de la pobreza, el trabajo informal y una violencia de género que se ceba en seis de cada 10 mujeres. La lucha feminista peruana continuará para seguir logrando avances hacia una real igualdad porque sin derechos de las mujeres no hay democracia.