POLÍTICA
11/06/2020 20:57 CEST

Los testigos del 8M niegan haber recibido presiones para suspender las protestas

El informe de la Guardia Civil daba a entender que habían sido presionados.

EFE
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, sale de los Juzgados tras declarar este miércoles como imputado ante la jueza que investiga la celebración de actos el 8M, que ha mantenido su declaración a pesar de los recursos de la Abogacía y de la Fiscalía que pedían anular la causa.

Los testigos que han declarado este jueves ante la magistrada que investiga la celebración de actos el 8M han rechazado haber recibido presiones por parte de la Delegación del Gobierno para cancelar sus manifestaciones por el coronavirus.

Las 15 declaraciones previstas para este jueves han transcurrido con normalidad ante la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quien ha pedido al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que le comuniquen “los eventos colectivos o masivos públicos o privados” que se celebraron entre el 5 y el 8 de marzo “con su autorización o conocimiento en el ámbito de sus competencias”.

Un nuevo paso de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía ha dado un nuevo paso y ha recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial para que anule buena parte de las decisiones adoptadas por la jueza.

El argumento es el mismo que esgrimió ante Rodríguez-Medel y que ésta desestimó: su celeridad en la instrucción mientras los plazos procesales estaban suspendidos por el estado de alarma ha generado indefensión al único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Por el juzgado número 51 han pasado este jueves trabajadores y responsables de diferentes áreas de la Delegación y varias de las personas que pretendían celebrar manifestaciones aquellas semanas de comienzos de marzo y que finalmente desconvocaron o no recibieron autorización por parte de esa administración.

En la sesión de la mañana ha comparecido el jefe de Riesgos Laborales, Ramez Muhzrram Rey, quien ha reiterado ante la jueza que, aunque no es virólogo, en su opinión la manifestación del 8M no se debería haber producido.

Y han testificado los jefes de servicio y sección del departamento de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez Gracia e Ignacio Ortíz Salazar, y dos auxiliares administrativas.

Jesús Martín Vázquez, letrado de Unión de Oficiales (UO), asociación que tiene la dirección letrada en la causa, ha comentado que, según testigos, todas las llamadas del departamento de Franco para persuadir a los convocantes a que no llevaran a cabo sus protestas se produjeron después del 8M.

“No me dieron orden de cancelarla”

La jueza también ha escuchado a varios de los convocantes de manifestaciones para aclarar el contenido de esas conversaciones con los trabajadores de la Delegación y la mayor parte de ellos, a preguntas de la Abogacía del Estado, ha negado haber recibido presiones para desconvocar, han informado fuentes jurídicas.

“Interpreté que me invitaban a cancelarla. No me dieron la orden de cancelarla”, ha explicado a los medios Moisés Fernández, de CGT Madrid, al ser cuestionado por estas presiones.

En cambio, otros como Luis Concha del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, suspendieron sus actos un día antes de su celebración, el 11 de marzo, sin haber recibido comunicación previa de la Delegación del Gobierno.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler, Diana Chnaiker, ha advertido a la jueza que la Guardia Civil hizo una “mala interpretación” de la declaración que prestó ante los agentes que la citaron.

“Según lo que se entendía (en el informe), yo había cancelado la protesta por una llamada, pero no era así”, ha precisado, al tiempo que ha explicado que la Delegación pidió que enviara un documento para confirmar la cancelación de la protesta.

También han rechazado haber recibido presiones María Teresa Martínez, de la plataforma Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe y Pedro Gallego, de la Plataforma de Pensionistas de Alcorcón.

“Para prevenir problemas”

Otros comparecientes como Santiago de la Iglesia del sindicato Oficios Varios del Sur CGT ha reconocido haber recibido la llamada de Delegación del Gobierno para que se replantearan una protesta.

“Les dijimos que no la íbamos a cambiar pero al día siguiente al ver el estado de alarma entendimos que la participación iba a ser menor y la cancelamos por prevenir problemas”, ha explicado a los medios.

Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura Asaja, ha recordado que entre el 12 y el 14 de marzo recibió llamadas de personal de la Delegación del Gobierno para que cancelara una “tractorada” convocada para el 24 de marzo.

Ante la negativa a desconvocar esta marcha, la Delegación del Gobierno en Madrid decidió no autorizarla a fecha del 16 de marzo por la pandemia del coronavirus. 

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