¿Por qué se ha ganado Hungría el castigo de la Unión Europea?

Bruselas quiere congelarle 7.500 millones de ayudas por vulnerar el Estado de derecho y Budapest plantea medidas para evitar el tijeretazo. Tibias, para lo que está en juego.
Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, en una reunión de líderes comunitarios en Bruselas, en diciembre de 2020.
Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, en una reunión de líderes comunitarios en Bruselas, en diciembre de 2020.
John Thys via AP

La Hungría de hoy no podría ser miembro de la Unión Europea por su opacidad, su corrupción o sus ataques a derechos esenciales como la igualdad o la expresión. Los criterios de acceso al club comunitario son tan duros y garantistas que nos pasaría la criba. Sin embargo, es socio desde 2004 y ahora toca lidiar con su distanciamiento de una democracia plena. Se ha torcido por el camino, no se parece a lo que Europa defiende desde sus tratados fundacionales, y su primer ministro, el derechista Viktor Orbán, lleva años regodeándose de ello. Por eso, al fin, se ha decidido tomar cartas en el asunto.

Empezó poniendo las cosas en su sitio el Parlamento Europeo, quien la semana pasada aprobó un informe el que se se constataba que Hungría ya no es una democracia, sino un “régimen híbrido de autocracia electoral”. Con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones, la Eurocámara constataba que los hechos y las tendencias en el país “representan una amenaza sistémica a los valores del artículo 2 del TUE y entrañan un riesgo claro de violación grave de los valores contemplados en el mismo”. Un texto durísimo en el que también se acusa a la Comisión Europea y al Consejo Europeo de inacción, de haber dejado a Orbán hacer en su proceso de desmantelamiento del sistema.

Gwendoline Delbos-Corfield, la eurodiputada verde francesa que redactó el informe, recordó que en 2018 se activó un procedimiento pensado para ir contra los estados que, como Hungría, violan los pilares de la UE, pero la situación no ha hecho más que empeorar en estos años sin que nadie le haya metido mano al problema. El derecho comunitario, violentado, y los que mandan, vino a decir, de brazos cruzados.

La declaración del plenario no tiene valor jurídico, pero supone un bofetón importante. “Era urgente dado el ritmo alarmante al que se deteriora el estado de derecho en el país”, defendió la política gala. Había que hacer algo: el Europarlamento reclamaba a la CE que se implicase con Budapest como lo había hecho con Varsovia a cuenta de sus ataques a la independencia de los jueces, pero no pasaba nada. A Orbán aún lo protegía su pertenencia al Partido Popular Europeo (PPE), que lo atesoraba como mandatario de una nación de peso medio, buena situación estratégica y holgada mayoría de gestión.

Los pecados y la penitencia

Nacionalista y liberal, Orbán había sido un conservador más entre 1998 y 2002, en su primer mandato, pero regresó hace 12 años y desde entonces, sin ceder el sillón en este tiempo, la corrupción se ha convertido en una seña de identidad de su Gobierno, especialmente relacionada con el nada transparente reparto de ayudas comunitarias, ha modificado la constitución en su beneficio y ha atacado a la prensa libre y al activismo opositor. Abandonó el PPE el año pasado, antes de que lo echaran a él, y la tolerancia respecto a sus excesos ha bajado.

Aún así, no se daba el paso fundamental, reclamado por el Parlamento Europeo, de recurrir al llamado mecanismo del estado de derecho, una nueva herramienta de la UE que le permite retener la financiación comunitaria cuando se detectan riesgos sistémicos de mal uso y de corrupción en un estado miembro. Ni la Comisión lo aplicaba ni el Consejo hacía caso de los ruegos de la Cámara, dejando que todo “empeore”, dice Delbos-Corfield. Se le podía haber quitado el derecho a voto, ejemplifican, pero tampoco.

Tras el puñetazo en la mesa de los eurodiputados, el domingo Johannes Hahn, el comisario de Presupuestos, compareció para anunciar que proponía la suspensión del desembolso de fondos europeos por valor de 7.500 millones de euros al país. Eso supone “suspender el desembolso del 65% de los compromisos de tres programas operativos de la Política de Cohesión”. Es la primera vez que Bruselas se ve forzada a dar este paso. “Sigue habiendo un riesgo para el presupuesto de todos, no podemos concluir que el presupuesto de la UE esté suficientemente protegido”, reconoce.

La congelación de los fondos debe ser acordada en un mes por la mayoría cualificada de los estados (55% de los países UE y 65% de población), pero se puede demorar dos meses más, hasta mediados de diciembre, si es necesario. Hungría es hoy uno de los mayores beneficiarios de fondos regionales, con más de 22.500 millones asignados hasta 2027 en política de cohesión, según EFE.

Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuestos, el su intervención del pasado 18 de septiembre en Bruselas.
Johannes Hahn, comisario europeo de Presupuestos, el su intervención del pasado 18 de septiembre en Bruselas.
KENZO TRIBOUILLARD via Getty Images

Hungría no sólo tiene la espada de Damocles del recorte de fondos, sino que Bruselas tiene pendiente ver qué hace con los fondos de recuperación de la pandemia, unos 6.000 millones. Hace 10 meses, presentó su propuesta pero por estos estos desmanes la aprobación del plan se ha retrasado. En diciembre se sabrá, como máximo, qué pasa con eso. Puede perder hasta el 70%.

Los reproches concretos forman una larga y contundente lista: irregularidades sistemáticas y deficiencias en la contratación pública, insuficiencia en el tratamiento de los conflictos de intereses en el espacio público, carencias en el seguimiento de investigaciones judiciales en casos relacionados con fondos comunitarios y, en fin, violaciones nada puntuales en materia de lucha contra la corrupción y fraude. Un informe reciente de la CE apuntaba, así, que las empresas con conexiones políticas tenían 2,5 veces más de posibilidades de hacerse con un contrato público que las que no. Hablaba de un “problema sistémico”, no de casos puntuales.

Hay más cosas, aunque no las citara el comisario: su presión con la justicia ha afectado a la separación de poderes ya que, por ejemplo, Orbán ha optado por adelantar la edad de jubilación de los jueces y, de esta manera, colocar a sus afines, o por crear un Tribunal Supremo para la Administración Pública, un foro paralelo para ver los casos en que aparezca el Estado, con jueces elegidos por el Parlamento -tiene mayoría absoluta de dos tercios desde las elecciones de abril- y el Ministerio de Justicia es responsable de sus presupuestos, estructura y organización.

En el campo de la comunicación, la ONG Reporteros Sin Fronteras cataloga al Gobierno como un “depredador de la libertad de prensa” porque “ha construido un auténtico imperio mediático, sometido a las órdenes de su partido y, aunque los medios independientes mantienen posiciones relevantes, están expuestos a presiones políticas, económicas y legales”. Y es el azote de homosexuales -no se puede hablar de ellos en los colegios- y de los migrantes -este verano defendió una raza local “no mezclada”, lo que le valió el repudio de la UE y la dimisión de una asesora que lo llamó directamente “nazi”-.

La negociación

Bruselas ha lanzado esta propuesta, pero si con una mano daba el reglazo a Budapest, con la otra le ofrecía un salvavidas: no habrá castigo si Hungría presenta un plan de reformas que satisfaga las demandas de los Veintiseis. Ya sobre la mesa había 17 puntos para tratar, que se llevaban negociando semanas, con los que empezar a trabajar. Puntos que necesitan tiempo, avisa la UE, lo que da a entender que puede haber un colchón de meses para darle la oportunidad a Orbán de rectificar. “Queremos encontrar una salida”, es la frase que más repiten las dos partes estos días.

El lunes, ni 24 horas después de la intervención del comisario Hahn, el Ejecutivo húngaro presentó sus primeras propuestas. Aceptaba la mano tendida y ofrecía medidas porque sabe que la situación económica del país hace imposible prescindir de las ayudas comunitarias, con la inflación acercándose al 20% y con la población culpando al Gobierno de ella, bajando su popularidad.

Básicamente, ha planteado crear una agenda anticorrupción con expertos independientes y un cambio en las normas de contratación públicas, para reducir los contratos con un único licitador. Cada dos meses, los inspectores de Bruselas podrán ir y pedirle cuentas a Orbán. Su ministra de Justicia, Judit Varga, que es quien encabeza las negociaciones bilaterales, pide de antemano que sus colegas de la UE sean “tolerantes, positivos y constructivos” con este periodo de ajuste que empieza. Con este primer acercamiento, los derechistas húngaros ya cantan victoria frente a Bruselas, a cuyos dirigentes siguen denostando, pero también tratan de mostrarse más mansos y están multiplicando sus contactos fuera, con viajes de sus dirigentes a España, Portugal o Francia.

Sin embargo, aún se niega a unirse a la fiscalía europea de reciente creación dedicada a investigar delitos contra los intereses financieros de la Unión, aunque habla de fortelecer la cooperación con ella, y usa con frecuencia su derecho de veto sobre decisiones que requieren de unanimidad, como pasó el año pasado con los fondos de recuperación de la pandemia o este 2022, con la lista de sanciones contra Rusia; Hungría es el país más cercano a Moscú de toda la UE, acepta a regañadientes algunos de los castigos por la invasión de Ucrania o los suaviza, y también mantiene una relación de entendimiento con China que choca con la política exterior común.

Esta misma semana, en una reunión de su partido, Fidesz, el primer ministro húngaro ha defendido incluso que las sanciones europeas contra Rusia por invadir Ucrania deben levantarse para mejorar los precios de la energía y los combustibles y reducir la inflación. Orbán sostuvo que sin las sanciones, el bloque comunitario podría recuperarse y evitar una utura recesión, y señaló que el castigo económico daña más a Europa que a Rusia. Es el mismo político que se ha negado a apoyar militarmente a Ucrania.

Pese a esa postura, la CE y sus socios no quieren otro gran incendio interno, con la que está cayendo, y eso hace que se suavice la mano dura. Guerra, energía, inflación... No hay ni ganas ni fuerzas, por más que la batalla sea contra algo troncal, como la lucha contra unos iliberales en el seno de la Unión, contra quienes violan una promesa propia, interna, pero mantienen el derecho a vetar cualquier medida que requiera unanimidad, una tiranía que ya se está intentando remodelar en nuevos protocolos. Quién iba a prever que habría un autoritario en su seno. Es algo nuevo en un contexto complejo.

Viktor Orbán y Vladimir Putin, juntos en 2017 en el mundial de judo de Budapest, en 2017.
Viktor Orbán y Vladimir Putin, juntos en 2017 en el mundial de judo de Budapest, en 2017.
Petr David Josek via AP

La credibilidad, por los suelos

Daniel Freund, eurodiputado alemán del Partido Verde, explicaba a Euronews que Bruselas “debería haber congelado todos los fondos europeos por ahora, porque sabemos que todos los programas y todas las partidas presupuestarias son objetivo de la corrupción de Orbán, sus amigos y su familia (...). Lo que necesitamos es un plan ambicioso para reparar el Estado de derecho, para reparar el gasto de dinero en Hungría para que no haya más corrupción”.

De eso se quejan las asociaciones, europeas y húngaras, que no se fían de Orbán, de la falta de pegada y de control. ¿Serán suficientes las medidas correctivas planteadas? ¿Cómo fiscalizará la UE la independencia de las investigaciones? ¿Qué plazos habrá para aplicar los cambios? “La sociedad civil está aullando”, resume gráficamente Politico. El Comité Húngaro de Helsinki, una ONG que observa, documenta y denuncia lo que pasa en el país, indica que “la Comisión ha avanzado mucho en el uso de su caja de herramientas para proteger el presupuesto de la UE, pero debería ir más allá exigiendo medidas para proteger la independencia judicial en Hungría”, según su presidenta, Márta Pardavi.

La credibilidad de Orbán está por los suelos, se teme la aplicación de parches, medidas descafeinadas que mejoren apenas levemente el problema. La UE se ha centrado en sus críticas en la corrupción y las ayudas, pero flancos como el de la independencia judicial o la prensa no aparecen en su primer argumentario del castigo. Desde el partido opositor Momentum, centrista, se reclama por eso que no se le de un cheque en blanco sólo porque accede a hablar y dar algunos pasos. Quieren medidas “convincentes, concretas, creíbles, realizables” y que las negociaciones con Bruselas sean “transparentes”. Como no se fían, piden mientras que las ayudas europeas se dirijan mejor “a los gobiernos locales y a la sociedad civil”, para que no sea el Ejecutivo central el que las toque.

Quedan meses de baile entre las partes. La esencia de Europa está en juego.