Toque de atención del Congreso a los 52 diputados de Vox por sus declaraciones de intereses económicos

Toque de atención del Congreso a los 52 diputados de Vox por sus declaraciones de intereses económicos

La Oficina de Conflicto de Intereses cree que evitan declarar sus actividades anteriores, lo que dificulta comprobar un eventual conflicto de intereses.

Los diputados de la formación de extrema derecha Vox aplauden a Abascal.Europa Press News via Getty Images

Toque de atención del Congreso a los 52 diputados de la formación de ultraderecha Vox por sus declaraciones de intereses económicos.

Según el informe de la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes, todos los parlamentarios del partido de Santiago Abascal optaron por rellenar sus declaraciones con respuestas tipo que considera no “creíbles”.

En la declaración de intereses económicos que deben entregar todas sus señorías cuando acceden al escaño, hay un epígrafe reservado para las actividades desarrolladas en el lustro anterior que puedan condicionar su actividad política o les hayan proporcionado ingresos económicos.

La Oficina ha detectado “problemas prácticos” a la hora de cumplimentar este apartado. Al parecer, muchos interpretaron que no era necesario declarar cargos, mandatos o actividades públicas en general o que no tenían por qué hacerlo si se trataba de actividades incluidas en las declaraciones de actividades o bienes y rentas. A todos ellos se les ha recomendado que incluyan todos esos datos aunque ya estuvieran en su declaración de actividades o bienes.

También había dudas en cuanto al sentido exacto de las actividades capaces de “condicionar la actividad política”. En este punto se cita el caso de los 52 diputados de Vox, que en su respuesta tipo omitieron la declaración de toda actividad previa que pudiera influir en su actividad política por entender que el compromiso que adquirieron al acatar la Constitución excluye ya esa posibilidad.

Pero la Oficina explica que “no se trata de detectar irregularidades o ilícitos”, sino de conocer los intereses particulares con los que el parlamentario lícitamente ha estado en relación para poder hacer “objetivamente plausible la aparición de un conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones parlamentarias”.

En sus conclusiones, este órgano subraya que “no resulta creíble, ni compatible con el sentido de la norma, el que haya una coincidencia total entre las actividades desarrolladas durante un periodo de tiempo extenso por un elevado número de parlamentarios”. A su juicio, la declaración genérica de los diputados de Vox resulta ”inidonea” para satisfacer los propósitos del Código ético porque “objetivamente propicia la falta de divulgación de actividades relevantes desde el punto de vista del conflicto de intereses”.

En este sentido, la Oficina plantea una nueva redacción de este punto del Código ético para dejar claro a sus señorías que deben consignar todas sus actividades, aunque consideren que no tienen por qué generar conflicto de intereses, y todas las que les proporcionaron ingresos, incluyendo los derivados de mandatos representativos.

También les insta a concretar el nombre de su empleador y el sector al que pertenecía si trabajaron por cuenta ajena y a ser concretos en sus respuestas sin remitirse a la información que aportan en sus declaraciones de actividades y bienes, como hicieron los 52 de Vox, puesto que esos documentos sólo se refieren a su situación al inicio cuando obtienen el escaño, pero no a la de los cinco años anteriores.

Pese a todas estas llamadas de atención, la Oficina no alude a ninguna infracción por parte de Vox en el informe. Sí, reseña que un grupo pidió que abriera un expediente a sus diputados por vulneración de esta norma, pero recalca que una denuncia de este tipo ha de dirigirse los diputados o senadores de manera individual y concretando por qué se formula.

Sólo siete diputados publican sus reuniones con ‘lobbies’

El Congreso también ha detectado que sólo siete diputados de los 349 que hay actualmente en la Cámara publican sus reuniones con ‘lobbies’ en la web de la institución pese a que están obligados a hacerlo desde la aprobación, en octubre de 2020, el Código de Conducta de las Cortes Generales.

En el Senado la cifra asciende a 17. Por ello la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes ha recordado a todos los grupos que sus señorías deben hacer pública esa información.

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