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26/10/2020 13:42 CET | Actualizado 26/10/2020 13:42 CET

Toque de queda a la madrileña

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha propuesto contribuir a mermar la confianza ciudadana en el modelo autonómico.

NurPhoto via Getty Images
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su vista al nuevo hospital especializado en covid-19 que se está construyendo en Valdebebas. 

“La única medida que pareció impresionar a todos lo habitantes fue la institución del toque de queda”. A partir de las once, la ciudad, hundida en la oscuridad más completa, era de piedra”.

Albert Camus (‘La peste’)

 

La reciente iniciativa, con freno y marcha atrás, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en relación a su propuesta inicial de toque de queda, para luego desmarcarse y contradecir su propia iniciativa, pone en evidencia la estrategia antagonista del Gobierno Ayuso frente al Gobierno central, y asimismo, aunque parezca algo paradójico, otra más sibilina de degradación del modelo de Estado Autonómico. 

Una política que va más allá del protagonismo de su presidenta al frente de las comunidades autónomas (CCAA) conservadoras en la oposición frontal a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central. Oposición que no se ha visto alterada a día de hoy tras el desencuentro de las derechas en la reciente moción de censura. 

Porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha propuesto además, como objetivo más o menos explícito, contribuir a mermar la confianza ciudadana en el modelo autonómico, precisamente en uno de los momentos más delicados de la pandemia. Desconfianza que ya fue explotada por los sectores conservadores en la crisis financiera para desviar la atención de su origen especulativo, y al tiempo, para debilitar lo público, como paso previo para recortar los derechos sociales del estado de bienestar. 

Y lo ha hecho en cada uno de los momentos relevantes de la pandemia. En sus prolegómenos desmarcándose de la política coordinada con el CCAES en la contención del virus. Con el confinamiento, contribuyendo primero como los independentistas y luego con los negacionistas de Vox, a cuestionar el estado de alarma y el llamado mando único y, ya en la nueva normalidad, bloqueando todas las expresiones tanto de la gestión autonómica como de coordinación y de cogobernanza. Ni único ni compartido. 

Todo ello, en una pandemia que ha sometido a un estrés sin precedentes al sistema sanitario y de salud pública, poniendo a prueba la gestión de las competencias sanitarias de las CCAA, el mando único del Gobierno central en el confinamiento y la cogobernanza de ambos en la fase final de la desescalada y actualmente en plena segunda ola. 

No es casualidad que ahora la presidenta Ayuso se desmarque de nuevo de las acciones coordinadas con los niveles de respuesta del llamado semáforo covid-19, acordados en el consejo interterritorial para hacer frente a la segunda ola, y a su vez encabece el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP a solicitar el toque de queda, con el peregrino argumento de que llega tarde o el mantra de que el estado de alarma no vale y que es necesario un nuevo marco legal para evitar el estado de alarma. 

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha propuesto contribuir a mermar la confianza ciudadana en el modelo autonómico.

Por otra parte, después de la temprana rectificación de Gran Bretaña y Suecia, el Gobierno Ayuso ha convertido a Madrid en la principal ciudad europea como reserva ideológica trumpista de ley y orden y laboratorio de la estrategia de inmunidad de rebaño sobre la covid-19 en España. 

En defensa de la preferencia de la economía sobre la salud pública y de una supuesta inmunidad natural: no solo ha sido evidente en sus declaraciones contrarias a sacrificar a la mayoría de los madrileños por proteger al uno por ciento o en relación a su convicción sobre el contagio de todos los escolares durante el curso, sino ante todo por sus acciones y omisiones como el incumplimiento de sus compromisos de desescalada con la atención primaria, el rastreo y el confinamiento y, más recientemente, el cierre de los barrios del sur como bantustanes o el estado de alarma a la madrileña desde medianoche. 

No en vano, cuenta entre sus apoyos de investidura con la presencia de la extrema derecha más extrema del país, que entre otras medidas programáticas propone la vuelta a la centralización mediante derogación del Título VIII de la Constitución y que recientemente acaba de presentar una moción de censura al Gobierno, es cierto que con escasa fortuna, y no solo por su fracaso, que era previsible, sino por no haber logrado sumar ni un solo voto de ninguno del resto de los grupos parlamentarios. 

La moción presentada significaba un desafío por la hegemonía de la derecha española y finalmente el PP así lo ha entendido y ha actuado en consecuencia, respondiendo que si bien el apoyo de la extrema derecha le es necesario para gobernar, ni su proyecto neofranquista ni su programa antieuropeo ni Abascal pueden liderar la alternativa de gobierno desde la derecha española. La frase de “hasta aquí hemos llegado”, lo resume . 

Es demasiado pronto, sin embargo, para que el PP pase de las musas de la polarización al teatro de la crítica y la colaboración. El aprovechamiento del desgaste de la gestión de la pandemia continúa siendo el pilar básico de su política de oposición al Gobierno Sánchez, y en este sentido, el estado de alarma sigue siendo para la derecha un tabú insalvable, aunque el objetivo del mismo sea dotar a las CCAA del instrumento legal necesario para limitar drásticamente las interacciones y la movilidad, y con ello contribuir a aplanar la segunda ola pandémica, hoy por hoy desbocada. 

Estas son las razones del debate actual del toque de queda, utilizado por la Comunidad de Madrid, primero como señuelo y luego como enredo.

El conflicto en relación al confinamiento de las ciudades parecía haber culminado en su momento esa dinámica de confrontación con un armisticio, si no con la derecha, al menos con la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, muy pronto se ha demostrado que era un cierre en falso de la crisis, y la comunidad ha pasado del esperpento de la sala de banderas, la negociación, el preacuerdo y la división interna a la ruptura y la explotación del victimismo ante el estado de alarma finalmente aprobado por el Gobierno central. 

Continuaba con ello el papel de pepito grillo del Gobierno Ayuso ante las iniciativas del Gobierno progresista ya desde el inicio de la pandemia. En particular, desde la declaración del estado de alarma y la puesta en marcha del confinamiento. Ahora, en la segunda ola, la actitud de confrontación y el conflicto persisten. 

En el confinamiento, primero con la supuesta tardanza en la toma de la decisión vinculada al 8-M y luego frente al mando único en una extraña convergencia con el independentismo y la extrema derecha. Como legitimación de las concentraciones y la cacerolada de la extrema derecha. 

Más tarde, en la desescalada, gestionada por algunas CCAA como Madrid como una desbandada, saltando en el vacío desde la fase dos hasta la nueva normalidad. Más adelante, con el sistemático incumplimiento de las medidas de nueva normalidad y de alerta temprana, en particular con el abandono de la atención primaria y el rastreo en favor de un nuevo hospital de pandemias como panacea. Una muestra más de la apuesta por una inviable inmunidad natural o de grupo frente a las medidas preventivas. 

Ahora, con el bloqueo sistemático de las decisiones compartidas y actuaciones coordinadas, tanto en las conferencias sectoriales de educación como en las reuniones de consejo interterritorial, con respecto a las medidas básicas para un inicio de curso presencial o bien a las de actualización del plan de respuesta temprana frente a los brotes y la trasmisión comunitaria. 

Es demasiado pronto, sin embargo, para que el PP pase de las musas de la polarización al teatro de la crítica y la colaboración.

Estas son las razones del debate actual del toque de queda, utilizado por la Comunidad de Madrid, primero como señuelo y luego como enredo, con su posterior rectificación ante la obligada declaración de estado de alarma como amparo legal. 

En reciente auto del Tribunal Superior de Justicia de Asturias “se requiere la expresa declaración del estado de alarma por el Gobierno de la nación; en particular no podrían adoptarse sin esa cobertura jurídica limitaciones indiscriminadas o generales de circulación y permanencia consistentes en restricciones a franjas horarias que excluyan la circulación ciudadana por calles y espacios públicos de una localidad o varias de la comunidad autónoma”. 

Pero sobre todo, sus idas y vueltas en el Consejo Interterritorial del SNS y su sistemático bloqueo de las medidas coordinadas, sean estás educativas o sanitarias significan una carga de profundidad contra el modelo autonómico, contribuyendo desde dentro a deformar una vez más su imagen ante los ciudadanos. 

Conocer al adversario del modelo no debe ser obstáculo para reconocer que, independientemente de la estrategia centralizadora así como de la independentista, interesadas ambas en dar por agotadas las potencialidades del actual modelo de Estado, la pandemia ha mostrado algunas se sus debilidades que será necesario contribuir a superar, tanto en el propio ejercicio del autogobierno, como especialmente en la cooperación estatal y en la articulación de instancias de coordinación federal en general, y también en concreto en las políticas de sanidad y salud pública.

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