El pacto con Sumar también es “un elemento de presión”

Tras largos días de mutismo y nervios en aumento, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaron un avance importante en las negociaciones de cara a la investidura. Si bien, Francina Armengol aún no ha fechado la votación de la misma en el Congreso de los Diputados, para cabreo del PP, y en Moncloa admiten que “lo más complejo” todavía no está resuelto. Esto es, el apoyo de los independentistas catalanes para que Sánchez continúe siendo presidente del Gobierno. “Avanzamos pero no está siendo fácil”, repiten una semana más las partes implicadas.

En puridad, nadie en la política española tenía dudas de que Díaz respaldaría a Sánchez. Pero había que teatralizar tensión y un resultado potente fruto de las negociaciones, según deslizan las fuentes consultadas del lado socialista. La medida estrella para Sumar es la semana laboral de 37,5 horas aunque el acuerdo también incluye impuestos a la banca y las grandes energéticas o un aumento de vivienda pública. Sin contestar preguntas de los periodistas, los protagonistas presentaron el pacto con todo boato en el Museo Reina Sofía.

En el PP, aunque sin aclarar su posición con respecto a las medidas en concreto, tiraron de ironía en su primera respuesta al acuerdo: “Queremos poner en valor la capacidad negociadora de Díaz, que hasta el último momento se ha mostrado inflexible y totalmente dispuesta a dejar de ser vicepresidenta y pasar a la oposición con tal de no renunciar a sus férreos principios y que prevaleciera en su pacto con los socialistas”, se burlaron. Y lo cierto es que en Moncloa se daba por descontada la fumata blanca, aunque llegó más tarde de lo previsto.

“Sí tiene relevancia el acuerdo, es nuestra hoja de ruta. Nuestro marco de legislatura”, enfatizaron desde el Gobierno. “Lanzamos el mensaje claro de que tenemos un proyecto de gobierno y, además, que estamos trabajando con intensidad en las negociaciones”. Pero ahora falta lo mollar, conseguir el sí de Junts y ERC, para que todo lo demás no se convierta en papel mojado. Y en dicho capítulo el Ejecutivo evita ser rotundo, y los días continúan pasando. Algunas fuentes aventuran a que la investidura podría celebrarse la segunda semana de noviembre, aunque no hay confirmación oficial. “Sería bueno”, es lo más que se desliza.

Hay una nueva fecha en el calendario que destacan dirigentes socialistas. Málaga acogerá los días 10 y 11 de noviembre el congreso del Partido Socialista Europeo, con Sánchez como anfitrión. Y a nadie se le escapa “la fuerza” que tendría que para entonces el presidente dejara de estar en funciones. “Cuanto más se tarde, más riesgo. No debemos llegar al tiempo de descuento”, en palabras de un diputado socialista. El 26 de noviembre es la fecha límite para ello. Si antes no se ha investido a un presidente, se disolverán las Cortes y quedará finalizada la legislatura.

Pese al apagón informativo, todas las fuentes consultadas tanto en el Ejecutivo como en la oposición creen que finalmente la legislatura echará a andar. Una percepción que lleva siendo así desde la misma noche electoral, hace ya tres meses. Aunque esto, en el caso de los socialistas, es compatible con los nervios y la preocupación. “Lo publicabais hace unos días y es verdad, no tenemos ningún tipo de información. La gente nos pregunta por la amnistía y no tenemos un argumentario para explicar nada”, confirma un dirigente regional, en conversación con este diario. “Sabemos lo mismo que vosotros e incluso menos”, era la denuncia un líder socialista, llevado al titular de ElHuffPost.

Moncloa solicita paciencia mientras trata de “ablandar” a los independentistas, en palabras de María Jesús Montero, otra de las negociadoras clave de Sánchez. El presidente no quiere desgastarse más en términos políticos, dando detalles de una posible amnistía, sin antes no lograr de Junts y ERC mensajes nítidos de que están a favor de que la legislatura fructifique.

Y para ello también es importante el orden de los factores. Los españoles ya tienen negro sobre blanco medidas concretas que saldrán adelante si hay un gobierno socialista, explican. “El acuerdo con Sumar también es un elemento de presión para el resto de socios. ¿Van a bloquear la reducción de la jornada laboral? Estamos hablando de un programa de reformas para cuatro años”, rematan las fuentes consultadas.