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El Reino Unido planea duras medidas para frenar la inmigración de la UE

"No estamos cerrando las puertas a toda la futura inmigración pero tiene que ser gestionada adecuadamente y la gente esperará ver una reducción del número", constata el ministro de Defensa.

06/09/2017 19:58 CEST | Actualizado 06/09/2017 20:23 CEST
REUTERS

El Reino Unido pondrá fin al libre movimiento de comunitarios inmediatamente después del Brexit e introducirá restricciones para frenar el ingreso de los trabajadores de la UE con excepción de los altamente cualificados, según unas propuestas contenidas en un documento filtrado hoy.

Según revela hoy el periódico The Guardian, el documento, de 82 folios, ha sido elaborado por el ministerio del Interior y muestra por primera vez la forma en que el Reino Unido aplicará las nuevas medidas sobre inmigración, un asunto altamente delicado.

Marcado como extremadamente sensible y con fecha de agosto de 2017, el documento se centra en una política que da prioridad a los trabajadores británicos, indica el rotativo.

"Claramente, esto significa que, para ser considerado valioso para el país en su conjunto, la inmigración debe beneficiar no sólo a los mismos inmigrantes sino a los actuales residentes", señala el informe del ministerio.

Tras conocerse esta filtración, el ministro de Defensa, Michael Fallon, dijo a la BBC que el Reino Unido no cerrará sus puertas a los inmigrantes comunitarios tras el Brexit. "No puedo establecer las propuestas todavía, no han sido finalizadas, se está trabajando en ello", dijo Fallon.

"No estamos cerrando las puertas a toda la futura inmigración pero tiene que ser gestionada adecuadamente y la gente esperará ver una reducción del número", agregó.

Entre las propuestas contenidas se incluye la reducción del número de inmigrantes comunitarios menos preparados, a los que se les ofrecería residencia por un máximo de dos años, mientras que a los más cualificados se les concedería un permiso de empleo de entre tres a cinco años.

El documento -titulado Sistema de Frontera, Inmigración y Ciudadanía después de que el Reino Unido salga de la UE- deja claro que estas propuestas tendrán que ser aprobadas por los ministros y estarán "sujetas a la negociación con la UE".

LAS PROPUESTAS

No obstante, The Guardian subraya que el documento pone de manifiesto la posición del ministerio de Interior sobre el debate del Brexit en materia migratoria. Entre otras cosas, el texto señala que los ciudadanos comunitarios estarán obligados a presentar el pasaporte y no el documento nacional de identidad.

Además, Londres daría prioridad a los británicos a la hora de concederse un trabajo, mientras que se propone reducir las oportunidades para que los comunitarios se establezcan en el país a largo plazo.

De acuerdo con la filtración, los comunitarios que vivan en el Reino Unido tendrán más dificultades para traer a miembros de su familia puesto que se les exigirá disponer de unos ingresos brutos anuales de un mínimo de 18.600 libras (20.274 euros).

También hay planes para que los empleadores estén obligados a revisar el estatuto de residencia de sus trabajadores y se impondrán sanciones a las compañías que tengan empleados ilegales.

"Somos claros en que, cuando sea posible, los empleadores del Reino Unido deberán gestionar sus necesidades laborales de la mano de obra residente", dice el documento.

Según el periódico, el documento ya ha provocado problemas entre los ministros del Gobierno, que tratan de encontrar un equilibrio entre las peticiones de los empresarios británicos de retener el libre movimiento de personas y los políticos del ala más dura del Brexit (partidarios de un fuerte control de la inmigración).

El diario añade que las propuestas pueden enfurecer a los 27 al considerar éstos que el Reino Unido tiene intención de tratar a los comunitarios como ciudadanos de segunda clase, lo que provocaría medidas similares por parte del bloque europeo.

Este documento sale a la luz mientras continúan las negociaciones entre Londres y Bruselas sobre los términos de la salida del Reino Unido de la UE, prevista para marzo de 2019, sin que se hayan conseguido progresos.

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