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22/03/2013 14:29 CET | Actualizado 22/03/2013 15:50 CET

Reforma Ley Propiedad Intelectual: se excluirá a los buscadores y se perseguirá la publicidad en páginas de descargas

EFE

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de modificación del texto de la Ley de Propiedad Intelectual, unas modificaciones "urgentes " para mejorar "la protección de derechos de propiedad intelectual", en un marco que se seguirá desarrollando a lo largo de la legislatura, según el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. En la lucha contra "la piratería" se perseguirá a la publicidad en páginas de enlaces a descargas y no habrá sanciones para los buscadores (como Google).

Estas son algunos de los puntos del anteproyecto:

  • Cortar los ingresos por publicidad de webs de descargas. En el nuevo marco legal, se podrá "solicitar la colaboración de intermediarios de pago o de las agencias de publicidad" que incluyan anuncios en las páginas en las que se difundan contenidos protegidos. Se pretende así "forzar la prohibición de publicidad" en este tipo de servicios.
  • Google y compañía se salvan. Wert destacó la filosofía de persecución "a quienes realizan a gran escala este tráfico". Así que se 'salvan' quienes no lo hagan "de forma maliciosa". El ejemplo del ministro: "En los motores de búsqueda, que en algún caso pueden facilitar información del acceso [a esos contenidos] que no lo hacen de forma maliciosa [...] y que los retiran". Las sanciones se fortalecen: "En el caso de reiterados incumplimientos en la retirada de contenidos serán de 30.000 a 300.000 euros".
  • Identificación de los infractores. Además, Wert indicó que se podrá identificar a los prestadores que difundan a gran escala contenidos protegidos (podrán ser identificados en la fase de diligencias preliminares) para que así quienes vean vulnerados sus derechos puedan acudir a la vía civil. Mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, concretamente del artículo 256, "la Sección Segunda podrá pedir a los jueces que obliguen a proveedores de servicios a identificar a los infractores, algo que hasta ahora está reservado para los delitos graves", detalla El Mundo.
  • Limitación del concepto de "copia privada". La ley propone una concepción de copia privada más restrictiva que la actual: solo la podrán realizar personas físicas para uso privado (adecuándose a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo y la sentencia Padawan). Se permite la duplicación sin fines comerciales ni lucrativos de CD y DVD y la grabación de lo difundido en radio y televisión.
  • Mayor control a las entidades de gestión. Tras el escándalo SGAE, el Gobierno decidió reforzar la vigilancia a la transparencia de las entidades de gestión, para que no se produzca una "asimetría entre las entidades de gestión y las posibilidades de los usuarios". Podrán ser multadas hasta con el 2% de lo recaudado el año anterior si incumplen estas obligaciones legales de transparencia.
  • A la caza del pez grande. "Es importante la filosofía de persecucción a quienes realizan a gran escala este tráfico, tanto difusores como facilitadores de enlaces", ha dicho Wert. La también conocida como Ley Lassalle -por el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle- no va dirigida contra el usuario de página de descargas.

LA PRESIÓN DE EEUU

A finales de enero, el embajador de Estados Unidos en España Alan D. Solomont expresó su "frustración" con la Ley Sinde, unas declaraciones que vinieron seguidas por la inclusión de España en la lista 301, una herramienta utilizada por EEUU para presionar a otros países en la defensa de los derechos de autor de sus productoras. España había sido "premiada" en 2012 por haber aprobado la Ley Sinde con la salida de esta lista. Como demostraron los papeles de Wikileaks, la piratería es un asunto clave en la relación bilateral entre EEUU y España, y la embajada juega un papel fundamental en ella.

La ley Sinde entró en vigor el 1 de marzo de 2012, hace poco más de un año, tras una difícil tramitación en la que se mojaron dos ministros de dos gobiernos de orientaciones diferentes (Ángeles González Sinde y José Ignacio Wert) y tras una gran polémica entre internautas y activistas, que criticaban cómo una prerrogativa judicial pasaba a depender de un órgano administrativo, la "Comisión de Propiedad Intelectual" que empezaría a actuar en junio con no demasiado éxito. Su composición, mantenida en secreto, fue desvelada por Pablo Romero en El Mundo. Muchos sospecharon que la ley "nacía muerta" para, una vez demostrada su falta de eficacia, poder arremeter con una ley más dura aún.

Tras pasar por el Consejo de Ministros, el Gobierno iniciará una ronda consultiva con Comunidades Autónomas y sectores afectados y se recabarán informes, entre otros, del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. El texto volverá al Consejo de Ministros para ser aprobado como proyecto de ley, iniciando entonces su tramitación parlamentaria, que Wert prevé que comience en tres meses.

Para saber más sobre la Ley Lassalle- Reforma de la Propiedad Intelectual: