POLÍTICA
02/11/2018 11:14 CET | Actualizado 02/11/2018 21:24 CET

La Fiscalía pide 25 años de prisión por rebelión para Junqueras

Solicita 16 años de cárcel para los otros consellers encarcelados y 17 para los 'Jordis' y Forcadell

La Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de un delito de rebelión y pide 25 años de prisión para el exvicepresidente Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell.

En su escrito de calificaciones provisionales, presentado hoy ante el Tribunal Supremo, el Ministerio Público solicita la pena más alta para Junqueras por considerarle el líder de la rebelión, y añade a la petición de prisión 25 años de inhabilitación absoluta para cargo público.

Un escalón por debajo están el exlíder de ANC y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, para quienes la Fiscalía pide 17 años solo por rebelión -y otros 17 de inhabilitación absoluta-, la misma pena que solicita para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, por considerarles también jefes o promotores.

En concreto, la Fiscalía atribuye a Jordi Turull un delito de rebelión agravado por malversación y reclama para él 16 años de prisión, al igual que a Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull y Dolors Bassa. Mientras, para Carles Mundó, solicita siete años de prisión por un delito de malversación y un delito continuado de desobediencia grave. En la misma situación están Meritxell Borrás y Santi Vila.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra el proceso soberanista, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado.

Para los cinco miembros de la Mesa del Parlament que tramitaron las denominadas "leyes de desconexión" -Lluis Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet- solicita 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público por un delito continuado de desobediencia grave, misma pena que plantea para la expresidenta de la CUP en la cámara catalana Mireia Boya.

PETICIONES DE LA FISCALÍA

Oriol Junqueras (exvicepresidente de la Generalitat): 25 años de cárcel y 25 de inhabilitación

Jordi Sànchez (expresidente de la ANC): 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta

Jordi Cuixart (presidente de Ómnium Cultural): 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta

Carme Forcadell (expresidenta del Parlament): 17 años de cárcel y 17 de inhabilitación absoluta

Jordi Turull (exconseller de Presidencia): 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta

Raül Romeva (exconseller de Exteriores): 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta

Joaquim Forn (exconseller de Interior): 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta

Josep Rull (exconseller de Territorio y Sostenibilidad): 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta

Dolors Bassa (exconsellera de Trabajo): 16 años de cárcel y 16 años de inhabilitación absoluta

Carles Mundó (exconseller de Justicia): 7 años de cárcel, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros

Meritxell Borrás (exconsellera de Gobernación): 7 años de cárcel, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros

Santi Vila (exconseller de Empresa): 7 años de cárcel, 16 años de inhabilitación absoluta y multa de 30.000 euros

Lluís Corominas (exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

Lluís Guinó (exvicepresidente primero de la Mesa del Parlament): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

Anna Simó (exsecretaria primera de la Mesa del Parlament): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

Ramona Barrufet (ex secretaria cuarta de la Mesa del Parlament): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

Josep Joan Nuet (exsecretario tercero del Parlament): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

Mireya Boya (diputada de la CUP): 30.000 euros de multa y un año y ocho meses de inhabilitación

En su escrito, firmado por los cuatro fiscales del caso, el Ministerio Público considera que el proceso secesionista catalán que derivó en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) estuvo "salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia", una palabra que aparece escrita en 14 ocasiones en las 127 páginas del documento.

Los cuatro fiscales señalan que los principales promotores fueron Junqueras, Forcadell y los Jordis "en unión de otros procesados huidos", en alusión al expresident Carles Puigdemont.

"Obligar al Estado a aceptar la separación"

Los dos escritos de conclusiones provisionales de la Fiscalía sobre los líderes del procés inciden en que, con su actuación, todos ellos pretendían orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, con el fin último de declarar la independencia y "obligar al Estado a aceptar la separación" de este territorio.

"Finalidad que estuvieron a punto de lograr con los actos delictivos que ejecutaron poniendo así en grave peligro el orden constitucional", incide el Ministerio Público.

Así se señala en ambos escritos presentados este viernes ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y que acusa a varios de los miembros del exGovern de Carles Puigdemont, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los líderes sociales Jordi Sánchez (Asamblea Nacional Catalana) y Jordi Cuixart (Ómnium Cultural) de delito de rebelión agravada con malversación de caudales públicos.

Mientras, en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, la Fiscalía ha remitido el escrito en el que solicita 11 años de prisión contra el exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, también por rebelión, en lugar de los dos delitos de sedición y un de organización criminal por el que fue procesado por la juez Carmen Lamela.

El relato de hechos de ambos escritos de conclusiones se enmarca en un "contexto fáctico común", constituido por la estrategia planificada y las actuaciones desarrolladas por los acusados "a fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como nuevo Estado en forma de República, segregándola de España, mediante la acción combinada y sincronizada de tres pilares básicos: el parlamentario, el ejecutivo y el social", según la tesis de Fiscalía.

Escrito de la Fiscalía sobre el 'procés' by El HuffPost on Scribd

La Fiscalía justifica el discurso del rey

La Fiscalía justifica además la intervención del rey el 3 de octubre de 2017 cuando, "en el legítimo cumplimiento de su función como jefe de Estado y primer garante del orden constitucional", se dirigió en un mensaje a la población e instó a las autoridades "a garantizar la convivencia democrática".

Lo hizo, dice la Fiscalía del Tribunal Supremo, ante el "levantamiento generalizado, salpicado de actos de fuerza, agresión y violencia" que se estaba desarrollando en Cataluña para conseguir la independencia.

Por ello, apunta el texto, Felipe VI actuó como jefe de Estado y dirigió un mensaje a los ciudadanos en el que instó a "los poderes del Estado al cumplimiento de sus responsabilidades y a garantizar la convivencia democrática".

La Fiscalía destaca que durante el mensaje, el rey constató "el quebrantamiento de los principios democráticos", además de "la profunda división y fractura que se estaba produciendo en la sociedad catalana y el enorme riesgo" en la "estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España" tras el proceso soberanista catalán.

Por ello, prosiguen los cuatro fiscales del caso, reclamó el "aseguramiento del orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones", además de la "vigencia del Estado de Derecho y del autogobierno en Cataluña, basado en su Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

El rey "calificó de inadmisible el comportamiento de las autoridades de Cataluña" y solicitó "a los poderes del Estado" que cumpliesen sus responsabilidades y garantizasen la convivencia democrática.

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