INTERNACIONAL
23/11/2018 08:28 CET | Actualizado 24/11/2018 16:51 CET

Guía para entender por qué Gibraltar ha llevado al límite el acuerdo del Brexit

La clave: lo que dice (y no dice) el artículo 184 del Tratado de Retirada.

Imagen de archivo de Gibraltar.

El tiempo se agotaba pero a falta de horas para la cumbre europea en la que se debería refrendar el acuerdo del Brexit se obró el milagro: España y Reino Unido se han puesto de acuerdo sobre Gibraltar. El Peñón ha sido el asunto que ha mantenido en vilo no sólo a las partes implicadas, sino a toda la UE, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez había dicho ha dicho por activa y por pasiva que vetaría el pacto si no tienía más garantías sobre la Roca.

¿Por qué se ha llegado a una situación tan extrema? Por el penúltimo artículo de los 185 que componen el Tratado de Retirada de Reino Unido de la UE. El 184 es, en palabras de Ejecutivo español, "un gol" que les ha colado en el último momento la primera ministra británica, Theresa May. Por eso la postura de Pedro Sánchez no aceptaba medias tintas: o se retiraba o se vetaría el acuerdo. Y si quiere una salida pacífica, lo políticamente correcto sería que Reino Unido contara con el voto a favor de todos los estados miembro.

En este sentido, el gobierno británico ha asegurado este domingo a través de un comunicado que discutirá el futuro de Gibraltar directamente con España, como parte de las garantías dadas a Madrid para que de su visto bueno al acuerdo del Brexit.

De aquí viene todo el conflicto sobre Gibraltar.

¿Qué dice el artículo 184? (Y qué no dice)

Es el que se refiere a las "negociaciones sobre la relación futura" entre Bruselas y Londres y es el que se ha introducido en opinión de España "con nocturnidad y alevosía" por el Gobierno de May, sin que el equipo negociador europeo viera motivos de alarma para España y le advirtiera.

Por poner algo más de contexto, el enfado de España también está vinculado al hecho de que en abril de 2017, cuando los 27 pactaron las directrices que debían regir la negociación de la salida de Reino Unido, se dejó claro que una vez fuera, cualquier acuerdo futuro sobre el Gibraltar tendría que contar con el visto bueno de España.

Sin embargo, cuando se anuncia el acuerdo de 585 páginas, aparece el artículo en cuestión. En una primera lectura, este artículo parece totalmente inofensivo, pero la Abogacía del Estado ha captado que puede dar paso a una ambigüedad que, en el futuro, les perjudique.

"La Unión y Reino Unido pondrán su mejor empeño, de buena fe y respetando plenamente sus respectivos ordenamientos jurídicos, para tomar las medidas necesarias con el fin de negociar sin demora los acuerdos que deben regir su relación futura mencionada en la declaración política del (DD/MM/2018) y llevar a cabo los procedimientos de ratificación o conclusión de esos acuerdos, con el fin de garantizar que dichos acuerdos se apliquen, en la medida de lo posible, a partir del final de la transición

Efectivamente, en una primera lectura este punto sólo define la voluntad que tienen ambas partes de negociar un tratado comercial que entre en vigor tras el periodo de transición, algo que no tiene mucho que ver con Gibraltar. Por lo tanto, el problema está más bien en lo que este artículo no dice. Al vincular esa "futura relación" con la "declaración política" que es el pacto de divorcio (en el que se incluye el protocolo sobre Gibraltar), a una negociación entre la UE y el Gobierno británico, se da a entender que el estatus del Peñón será negociado como parte integral de Reino Unido.

O dicho de otro modo, el artículo no especifica que cualquier acuerdo futuro entre la UE y Reino Unido no se aplicará a Gibraltar a menos que España haya dado previamente su consentimiento.

Es ahí donde está la clave, porque hay un cambio muy relevante respecto a lo que queda pactado en los papeles de separación, que determina las condiciones de salida en marzo de 2019. En ese proceso inmediato no ha habido ningún problema porque han sido los gobiernos español y británico los que han negociado de manera bilateral el mantenimiento de la libre circulación de personas entre Gibraltar y sus zonas colindantes durante el periodo transitorio, además de otras cuestiones como la coordinación para vigilar la evasión fiscal y el contrabando.

¿Qué quería España?

Básicamente quiere tener la última palabra sobre Gibraltar. Y aquí es donde, en palabras de Sánchez, se han logrado grandes avances.

Para el Gobierno español la redacción actual del artículo 184 del Tratado de Retirada "pone en cuestión la capacidad española de negociar con Reino Unido el futuro de Gibraltar" y esto "no es aceptable para España", en palabras del propio Sánchez.

Los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo no ven en la actualidad el riesgo que sí percibe España, pero el secretario de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano, ha recordado que su responsable dejará el cargo en un año y cabe la posibilidad de que quien le sustituya haga una interpretación jurídica distinta con respecto a este artículo.

Las cosas han cambiado este domingo, "Europa y Reino Unido han aceptado las exigencias marcadas por España", ha dicho Sánchez, quien ha asegurado que España votará "a favor del Brexit". El jefe del Ejecutivo ha explicado que se ha logrado una declaración conjunta "que descarta que artículo 184 sea aplicable al contenido de la relación futura incluida en el ámbito territorial". También se ha logrado que "el Gobierno británico reconozca por escrito esta interpretación", algo que para España es de "un valor trascendental".

Dicho de otro modo: el acuerdo alcanzado no modifica el artículo 184 del Tratado de Retirada como pedía España, que se da por satisfecha con una declaración conjunta de la Comisión Europea y del Consejo Europeo en el marco del acuerdo de retirada "sea aplicable al contenido de la relación futura, incluido el ámbito territorial". Reino Unido también reconoce por escrito esa interpretación.

Es un gran avance porque en una larga conversación telefónica mantenida el miércoles entre May y Sánchez, éste le exigió que retirara el controvertido artículo, pero la premier se negó. De ahí que recién llegado a la Habana, Sánchez reiterara su postura:

Al fin y al cabo lo que quería el Gobierno, según había explicado el secretario de Estado, garantías de que España mantiene lo que hasta el momento había conseguido en la negociación, esto es, que para que cualquier aspecto de la relación futura entre la UE y Reino Unido se aplique a Gibraltar deberá haber un acuerdo previo entre Madrid y Londres. Y esa negociación debe estar separada de la que la UE mantenga con Reino Unido con carácter general.

Dede el pasado jueves, según lo expresado por Marco Aguiriano, España se contentaba con que los servicios jurídicos europeos dejaran por escrito, en un instrumento legalmente vinculante, que ese artículo no se aplica para el Peñón.

¿Qué pasará el domingo?

Después de lo acordado este sábado, todo apunta a que la cumbre europea sigue adelante.

Ahora el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y Gobierno este domingo, debe avalar políticamente el acuerdo, y este órgano toma todas sus decisiones por consenso. Solo posteriormente el Tratado de salida será aprobado formalmente. Entonces el acuerdo tiene que ser aprobado por una mayoría cualificada, lo que implica el apoyo de al menos 20 países que representen al menos al 65% de la población de la Unión Europea, por lo que no se necesita unanimidad.

Por lo tanto, ciñéndonos estrictamente a las normas, el texto del divorcio podía haber sido aceptado sin el apoyo de España, pero políticamente parece inviable que no haya consenso. Este escenario ya no parece factible tras el 'sí' anunciado por España.

Más datos sobre lo que dice la base legal:

El acuerdo de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE) no precisa el visto bueno de todos los Estados miembros sino que se puede aprobar por mayoría cualificada en el Consejo de ministros de la UE.

Así lo precisa el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que detalla cómo todo Estado miembro podrá decidir, de conformidad con sus normas constitucionales, retirarse de la Unión.

El acuerdo negociado por Bruselas y Londres para un 'brexit' ordenado, sobre el que se posicionarán los líderes de la UE en una cumbre extraordinaria el próximo domingo, se convertirá en texto legal cuando lo celebre el Consejo por mayoría cualificada, previa aprobación del Parlamento Europeo.

La mayoría cualificada en este caso se alcanza si al menos el 72 % de los miembros del Consejo vota a favor y éstos representan al menos el 65 % de la población de la UE.

El acuerdo negociado con Londres establece la forma de retirada teniendo en cuenta el marco de las relaciones futuras entre la UE y el Reino Unido.

Las bases para esa relación están contenidas en la declaración política que ha sido negociada por ambas partes.

Los dos textos, tanto el del acuerdo de retirada como el de la declaración que orienta sobre cómo serán las relaciones después del periodo de transición (el 31 de diciembre de 2020, con posibilidad de prolongarse otros dos años), son estudiados actualmente por los países.

Al margen de que se apruebe o no el acuerdo de retirada, el Reino Unido dejará de ser un Estado de la Unión el próximo 30 de marzo, al cumplirse dos años de haber invocado el artículo 50 del TUE para salir del club comunitario.

(Fuente: Efe)

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