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25/04/2013 04:28 CEST | Actualizado 24/06/2013 07:12 CEST

Pedir permiso al rey

Aunque lo que está de moda son las leyes de transparencia, a mi las que me gustan de verdad son las de Gobierno Abierto, que no solo buscan hacer la Administración transparente sino también que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas, consiguiendo una verdadera administración de todos y con todos.

Reconozco que no me gusta cómo se está tratando la inclusión de la Casa Real en la Ley de Transparencia. Frases como "la Casa del Rey acepta ser incluida en la Ley de Transparencia" me indignan. Todos hemos visto películas en las que los emisarios del rey iban a recaudar de los vasallos impuestos para mantener el reino y sus privilegios. Si no cumplían con sus expectativas eran sometidos a crueles castigos, aunque la entrega supusiera incrementar aún más su pobreza. La monarquía española que tenemos es la aceptación por parte de los españoles de la figura del rey como el elemento de consenso que tanto necesitaba este país en la transición, pero de ahí a que el rey tenga que dar permiso para entrar en la Ley de Transparencia va un trecho. La Casa Real, al igual que el resto de instituciones del Estado, se financia mayoritariamente con dinero de los ciudadanos. Es, pues, de justicia que todos conozcamos los máximos detalles del uso que se hace con su dinero. El miércoles 24 de abril supimos que por primera vez en la historia la Casa del Rey rendirá cuentas de todos sus gastos, aunque sea como respuesta a los presuntos casos de corrupción que le salpican, bienvenido sea.

Ahora surgen como setas a lo largo y ancho de este país leyes de transparencia, en la mayoría de los casos como respuesta a casos de corrupción y no como convencimiento de la clase política de la necesidad de dar cuenta de todo lo que hacen, a qué se destina el dinero, con quién contratan, el número de políticos, el sueldo... Prefiero leyes de transparencia como vacunas y no como tratamiento contra la corrupción. En el primer caso tienen garantizado el éxito, pero en el segundo no siempre. ¿Te imaginas que un día vas al banco y se niegan a darte un extracto de tu cuenta? ¿O que un amigo te pide dinero pero no te quiere decir a qué lo va a destinar? Pues eso pasa con muchos gobiernos: no enseñan a los ciudadanos en qué se gastan su dinero. Las acciones de transparencia no son un regalo, son un acto de justicia con los contribuyentes que durante muchos años no han conocido dónde iba a parar su dinero.

A muchas de estas normativas se les llama Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Reconozco que no me gusta la expresión "Buen Gobierno", me recuerda a cuando iba a la iglesia y el sacerdote nos decía que había que ser buenos para ir al cielo, pero si no lo eras no pasaba nada, te confesabas y listo, todo arreglado. Es tan relativo lo de bueno y malo, que prefiero otra terminología.

Pero lo importante no es tener una ley de transparencia: es tener una buena ley de transparencia. La presentada inicialmente por el Gobierno garantizaba en mayor medida la ocultación que la transparencia. Poco a poco se están dando pasos para conseguir una buena ley, forzados por la opinión pública, los partidos de la oposición y la presión mediática; motivados, además, por los casos de corrupción con los que nos desayunamos un día sí y otro también. Al final se plantea una ley tratamiento contra la desafección ciudadana, pero espero que se convierta en una vacuna contra la corrupción.

Son varios los elementos que debe contener una buena ley de transparencia. Lo primero a definir son las instituciones, organismos y organizaciones que deben verse afectadas. Lo lógico es que sean aquellas que se financian mayoritariamente con fondos públicos: todos los niveles de la administración, empresas públicas, Casa Real, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, Iglesia... Eso sí, sin tenerles que pedir permiso. Si no quieren estar sometidos a la Ley de Transparencia que renuncien a los fondos públicos. Todo gasto público debe ser conocido por el ciudadano. Otro de los debates es el límite que se le pone a la información pública. Excepto la que marque la Ley de Protección de Datos, la seguridad nacional y algún que otro elemento, el resto debe ser accesible para todos. La información debe ser publicada de forma activa sin esperar a que alguien la tenga que solicitar, y deberá hacerse en formatos abiertos y reutilizables, para permitir el procesado por parte de cualquier empresa, organización o persona individual, sacándole el máximo jugo, haciéndola accesible y entendible. Además, es imprescindible que se regule un régimen sancionador, de lo contrario quedará en buenas intenciones, una simple pose. Me gusta lo aplicado en Chile donde el Consejo de Transparencia propone sanciones en forma de una parte de la remuneración al cargo político que incumple la ley, además de elaborar un ranking de las instituciones más transparentes.

Y aunque lo que está de moda son las leyes de transparencia, a mí las que me gustan de verdad son las de Gobierno Abierto, que no solo buscan hacer la Administración transparente sino también que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones, en el diseño de las políticas, consiguiendo una verdadera administración de todos y con todos. Si quieren conocer una buena iniciativa de Gobierno Abierto les recomiendo que se pasen por Irekia, un portal de Gobierno Abierto puesto en marcha en el País Vasco por el Gobierno de Patxi López y que se ha convertido en referencia internacional.

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