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01/05/2020 07:47 CEST | Actualizado 01/05/2020 07:47 CEST

El valor del trabajo y de los servicios públicos

Es necesario un pacto de Estado para la reconstrucción económica y para proteger al país ante el posible rebrote de la pandemia.

CESAR MANSO via Getty Images
Personal sanitario en Burgos. 

Este primero de mayo es atípico y extraordinario. No podemos visibilizar las reivindicaciones de la clase trabajadora en las calles, pero pocas veces como ahora se hace patente en la sociedad el valor del mundo del trabajo.

Hemos tenido y aún tenemos el país al ralentí. Una brutal pandemia que está instalando una sensación de vulnerabilidad en las sociedades occidentales, ha traído consecuencias dramáticas y ha mostrado debilidades en nuestras sociedades sobre las que conviene reflexionar.

Entre las consecuencias, la que ya es irreversible son las miles de personas fallecidas. Recordar a todas y cada una de ellas, y hacer una mención a aquellas generaciones de postguerra, es obligado para nuestro país.

La paralización de la actividad, necesaria para detener la catástrofe, nos está llevando a una recesión económica sin precedentes en tiempos de paz. Los datos de caída del PIB, de consumo o de paro, dan fe de ello. La recuperación será incierta y depende de variables múltiples: la evolución de la pandemia, la corresponsabilidad europea en una respuesta integral en la Unión, o la orientación de las políticas económicas, sin ir más lejos.

Desde CCOO hemos planteado una batería de medidas tanto en el corto plazo como en el medio y largo. Para el corto, era y es fundamental tratar de preservar al máximo el empleo y las empresas. Por eso planteamos la flexibilidad en la utilización de los ERTES, las adaptación de jornada y las restricciones al despido. De forma paralela inyectar liquidez a las empresas, sobre todo a las PYMES, para evitar con ese oxígeno financiero su colapso, que conllevaría la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo.

Necesitamos auditar cómo ha funcionado el sistema de atención a la dependencia, el sanitario y el socio-sanitario.

El resultado de estas medidas ha sido que el número de personas afectadas por ERTES (y que por tanto no han perdido el puesto de trabajo y acceden a una prestación de desempleo, que en muchas empresas con presencia sindical ha contado con complementos salariales) sea el triple que quienes han sido despedidos. Pese a ello, hay muchas personas sin empleo, entre las cuales más de un millón no tienen acceso a ningún recurso económico.

En torno a seis millones de personas en España cuentan hoy con una renta de sustitución, y aún así falta completar esa red de protección con un Ingreso Mínimo Vital, que debiera tener en cuenta la ILP sindical que planteamos hace varios años.

Desde el momento en que se empiecen a reducir las restricciones a la movilidad y a la actividad económica, hay que apostar por un plan de impulso a la inversión y al empleo. Este plan debe tener una dimensión española, pero sobre todo europea. Un escudo financiero para evitar el encarecimiento de la deuda pública y una gran palanca inversora para la reactivación económica son las dos variables que relegitimarán la UE.

Para afrontar un reto de esta dimensión es necesario un pacto de Estado. Un pacto político, social e interinstitucional, para la reconstrucción económica y para proteger al país ante el posible rebrote de la pandemia.

Necesitamos reforzar los servicios públicos, y sería bueno que el conjunto de administraciones se comprometieran a la consolidación de los mismos mediante la estabilización de las plantillas.

Hay que reformular las políticas industriales para no volver a depender ante una crisis como la vivida de mercados externos colapsados y prácticamente pirateados.

Necesitamos auditar cómo ha funcionado el sistema de atención a la dependencia, el sanitario y el socio-sanitario. Y de las conclusiones de esa auditoria, proceder a revisar la gestión de ese cuarto pilar del Estado de bienestar, el de la dependencia y los cuidados, que se ha canalizado en buena parte por fórmulas concertadas o privatizadas de gestión. La incorporación a la red pública de estos servicios, con un proceso de reordenamiento de los mismos, debe ir precedida de la inmediata dignificación de sus condiciones salariales. En general mujeres, precarizadas y con bajos salarios. Para que no ocurra como con los Salarios Mínimos de Convenio, la equiparación de los sueldos a los del sector público debieran contar con las dotaciones necesarias por parte de la administración central, CCAA y ayuntamientos.

Y hay que reformular las políticas industriales. Se requiere una garantía de suministros básicos en el marco español y europeo, para no volver a depender ante una crisis como la vivida de mercados externos colapsados y prácticamente pirateados.

Este Primero de Mayo, con el homenaje emocionado a las personas fallecidas, el reconocimiento del papel central del mundo del trabajo, de puesta en valor de los servicios públicos y la constatación de que lo común, lo colectivo, define sociedad, volveremos no a las calles, sino a las redes. ¡Viva el Primero de Mayo, viva la clase trabajadora! 

Unai Sordo es secretario general de CCOO.