INTERNACIONAL
23/06/2021 04:48 CEST

España y otros 12 países europeos exigen a Bruselas que actúe contra Hungría por sus leyes homófobas

Exigen a la Comisión Europea que use "todas las herramientas" para el respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE.

GERGELY BESENYEI via AFP via Getty Images
Protesta contra la ley impulsada por el Gobierno húngaro, en Budapest.

La polémica normativa recién aprobada por Hungría para prohibir hablar sobre homosexualidad en los programas escolares ha provocado este martes las críticas de varios socios de la Unión Europea contra el Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán. 13 miembros, entre ellos España, han firmado una declaración en la que condenan la normativa húngara y piden a la Comisión Europea que use “todas las herramientas” para garantizar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos en la UE. 

Los países del Benelux (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), promotores de la iniciativa, la llevaron a la reunión celebrada este martes en Luxemburgo, en la que se trataron los procedimientos abiertos contra Polonia y Hungría por no respetar los principios del Estado de Derecho, como la independencia judicial o el pluralismo de los medios de comunicación.

“Expresamos nuestra grave preocupación por la adopción por parte del Parlamento húngaro de enmiendas que discriminan a las personas LGBTIQ y violan el derecho a la libertad de expresión con el pretexto de proteger a los niños”, dice el texto.

Además de España y los países del Benelux, respaldaron el documento Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Lituania, Suecia y Letonia. En total, son trece Estados miembros de la Unión Europea.

Enmiendas en una serie de leyes húngaras

La declaración se refiere a las enmiendas introducidas en una serie de leyes húngaras (Ley de Protección de la Infancia, Ley sobre la Actividad Publicitaria de las Empresas, Ley de Medios de Comunicación, Ley de Protección de la Familia y Ley de Educación Pública) para prohibir la “representación y la promoción de una identidad de género diferente al sexo de nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad” para los menores de 18 años.

Esas enmiendas representan “una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género y, por tanto, merecen ser condenadas”, dice la declaración. Y añade que la “inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de nuestra Unión Europea, y no podemos comprometer estos principios”.

Además, esa enmiendas “violan la libertad de expresión, al limitar la libertad de opinión y de recibir y transmitir información sin injerencia de la autoridad pública, tal como se consagra en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. “La estigmatización de las personas LGBTIQ constituye una clara violación de su derecho fundamental a la dignidad, tal y como se establece en la Carta de la UE y en el derecho internacional”, agrega el texto.

Por eso, más allá del debate de este martes en la reunión de ministros y secretarios de Estado en Luxemburgo, los firmantes de la declaración instan a la Comisión Europea, como “guardiana” de los Tratados, a que utilice “todas las herramientas a su disposición para garantizar el pleno respeto del Derecho de la UE”, incluso remitiendo el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Estamos dispuestos a proteger los derechos de todos los ciudadanos de la UE”, concluye el texto. 

Base legal para un procedimiento de infracción

La vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) para Valores y Transparencia, Vera Jourova, aseguró este martes que el Ejecutivo comunitario estudia si la nueva legislación húngara que restringe los derechos de los homosexuales viola el Derecho de la Unión Europea y hay una base legal para poner en marcha un procedimiento de infracción.

“Estamos estudiando ahora la ley y analizando si y cómo viola el Derecho de la UE, porque afecta a la educación, la libertad de expresión y, desde mi punto de vista, también la cuestión de la discriminación”, declaró la política checa en una rueda de prensa posterior a la reunión de ministros y secretarios de Estado de Asuntos Europeos celebrada hoy en Luxemburgo.

Jourova subrayó que Bruselas necesita encontrar la base legal “adecuada”. “Como siempre, lleva algo de tiempo, así que dadnos algo de tiempo; vendremos al debido tiempo con la solución sobre si hay base legal para poner en marcha un proceso de infracción”, explicó.

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