Israel y los crímenes de guerra, la noticia que le congela la sonrisa en su momento triunfal

Israel y los crímenes de guerra, la noticia que le congela la sonrisa en su momento triunfal

El mundo aplaude la estrategia de vacunación de Tel Aviv, pero el viejo conflicto con Palestina sigue sangrando: la Corte Penal Internacional se lo ha recordado.

Unos palestinos pasan con su carro por la destruida Beit Hanun, al norte de Gaza, el 18 de agosto de 2014. THOMAS COEX via Getty Images

″Éxito arrollador”, “un ejemplo de eficiencia”, “un milagro hecho con cabeza”... La prensa mundial se rinde a los buenos datos de vacunación contra el coronavirus en Israel, donde más de un tercio de la población ha recibido su dosis. Así se ha extendido una visión positiva del país, que se ha situado en cabeza gracias a su sistema sanitario fuerte y su apuesta temprana por la inmunización, pero también a que ha pagado más que nadie por los viales y a que va a darle a las farmacéuticas la información médica de los vacunados.

Sin embargo, la sonrisa triunfal se le ha congelado a sus dirigentes en estos días, después de que la Corte Penal Internacional haya decidido que es competente para juzgar presuntos crímenes de guerra de sus dirigentes y sus militares contra los palestinos porque Palestina, entiende, es un estado legítimo que ingresó en la CPI en forma y al que hay que amparar en su denuncia.

El proceso parte de 2019, cuando la fiscal jefe de la Corte, la gambiana Fatou Bensouda, planteó la necesidad de investigar lo ocurrido en los territorios palestinos ocupados de la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. No sólo se debía examinar a Israel, sino a la milicia armada palestina de Hamás y sus ataques contra su vecino y adversario.

Su argumentario tenía tres bloques los hipotéticos crímenes cometidos por Israel y Hamás en la guerra de 2014 (1.500 civiles palestinos murieron, además de seis ciudadanos israelíes); los cometidos por Tel Aviv durante las Marchas del Retorno, las protestas continuadas de los palestinos a lo largo de la frontera de la Franja de Gaza iniciadas en 2018 (más de 300 palestinos); y los aplicados por Israel también mediante la implantación de asentamientos judíos en Cisjordania (en los que, sumados los de Jerusalén Oriental, residen unas 600.000 personas, según la ONU).

Un camino largo e incierto

Ahora se da un paso más, que abre un camino largo e incierto. Por varias razones. La primera es que Israel, como EEUU y otros 70 estados, no es parte de la CPI, no la reconoce, por lo que no se da por aludido por lo que en ella se investigue. Tampoco reconoce, obviamente, a Palestina como estado formal, capaz de denunciarte ante un organismo de esta naturaleza.

Benjamín Netanyahu, el primer ministro, ha llamado incluso “antisemita” al tribunal y sus medios más afines llevan años vomitando acusaciones similares contra la fiscal Bensouda. El Ejército, a través de un comunicado, dijo que la decisión de la CPI era “segada” y estaba fuera de su jurisdicción.

Segundo, porque no hay precedentes de que una denuncia seria, fundamentada, de un organismo internacional haya movido ni un pelo de la ceja del mandatario israelí del momento. Las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y de su Asamblea se acumulan desde hace décadas, clamando por el fin de la ocupación y el respeto a los derechos humanos de los palestinos. Caen a un pozo sin fondo. No se cumplen. EEUU, con su derecho a veto, ha protegido a Tel Aviv e incluso, por mediación de Netanyahu, el expresidente Donald Trump impuso sanciones contra la CPI.

Y tercero, porque las fases del proceso son tediosas y complejas. La fiscal deberá, inicialmente, anunciar el inicio formal de la investigación. Hoy no se sabe cuándo ocurrirá eso, pero la situación de complica porque debe dejar el cargo -en el que lleva desde 2012- en junio.

Desde ese momento, Israel tendrá un mes de plazo para decir si inicia o no por su cuenta una investigación, algo de lo que se vanagloria siempre Netanyahu, de “investigar sus asuntos” como la “mayor democracia de Oriente Medio” que son, dice. El problema es que, formalmente, esas investigaciones se abren, pero no son independientes, sino internas, y se cierran en falso.

Si llega el momento en que todo se formaliza y empiezan a buscarse testimonios que apuntalen o refuten la tesis de los crímenes de guerra, entonces se añade el problema de con quién hablar. Tel Aviv no va a dar testimonio alguno. Lo lleva avisando años. Complicado será que Hamás colabore, también. Habrá que recurrir a los supervivientes, expertos, ONG, organismos internacionales y prensa para recomponer los hechos.

Y si armar el pasado es complejo, más aún será llegar arriba, a la cúpula política que dio las órdenes. De un soldado sobre el terreno a la orden del despacho de Netanyahu va mucho trecho. Y mucho tiempo.

Los palestinos, que llevan años planteando en la Corte esta batalla diplomática, convencidos del espaldarazo internacional que supone para su causa el aval de La Haya, han respirado satisfechos. Una alegría de las pocas que reciben. Su primer ministro, Mohamed Shtayeh, entiende que han logrado “una victoria para la Justicia y la humanidad”, al abrir la posibilidad de investigar a Israel por presuntos crímenes de guerra. La decisión es “un mensaje para los perpetradores de crímenes” y transmite el mensaje de que sus acciones “no estarán prescritas” ni “quedarán impunes”, indica la agencia Wafa.

Justicia y redención

De momento, la decisión de la CPI cuenta con el aplauso de Naciones Unidas. “Este es un importante paso adelante en la búsqueda de justicia y rendición de cuentas que involucra la inexplicable ocupación de Cisjordania, que lleva 53 años, incluyendo Jerusalén [Oriental] y Gaza”, afirma Michael Lynk, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos ocupados. “Este fallo abre la puerta para que las acusaciones de crímenes del Estatuto de Roma sean finalmente investigadas y potencialmente lleguen a la etapa de juicio en la CPI”. añade.

“Si las obligaciones legales internacionales se hubieran cumplido intencionalmente hace años, la ocupación y el conflicto se habrían resuelto con justicia y no habría sido necesario el proceso de la CPI”, señaló tras conocer la noticia.

Un aplauso que llega también desde organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas han denunciado el “persistente clima de impunidad” que reina entre quienes cometen crímenes de guerra en el conflicto de Oriente Medio, por lo que “necesaria” la investigación. Sus propios técnicos han hecho informes en los últimos años que desvelan, por ejemplo, que las fuerzas israelíes mostraron una “cruel indiferencia” en los ataques letales contra viviendas de civiles en la operación de 2014.

¿Qué son los crímenes de guerra?

El término de crímenes de guerra, definido por el Derecho internacional y la Convención de Ginebra, se refiere a las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario que se cometen durante un conflicto armado.

¿Cuáles están catalogados como crímenes de guerra?

  • El asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos.
  • Deportación para obligar a realizar trabajos forzados a la población civil en territorios ocupados.
  • Genocidios contra la población.
  • La toma y ejecución de rehenes.
  • La destrucción o devastación injustificada de poblaciones.
  • El robo de bienes públicos o privados.