POLÍTICA
04/06/2020 14:39 CEST | Actualizado 04/06/2020 14:40 CEST

El Gobierno aprobará este martes la 'Ley Rhodes' de protección de la infancia frente a la violencia

Obligará a denunciar cualquier indicio de violencia contra menores y hará que el plazo de prescripción no empiece a contar hasta que la víctima cumpla los 30.

El Gobierno aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros la ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, según ha anunciado en el Parlamento el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que bautizó este proyecto como ley Rhodes.

“Esta ley estaba llamada a ser el primer proyecto que sacara adelante esta vicepresidencia, pero su aprobación se vio interrumpida por la llegada de la pandemia, aunque ya estaba prácticamente lista”, ha explicado Iglesias durante su comparecencia ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.

El vicepresidente ha asegurado que se está trabajando para que sea en esa próxima reunión del Consejo de Ministro del martes 9 de junio cuando “vea la luz esta ley, que va a ser fundamental para proteger los derechos de la infancia y la adolescencia en nuestro país”, y ha reconocido que le “llena de orgullo” poder impulsarla desde su departamento de Derechos Sociales.

Según ha explicado Iglesias, se establecerá el deber para todos los ciudadanos de denunciar de forma inmediata la existencia de indicios de violencia ejercida sobre niños y adolescentes. 

Además, se va a crear la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, que estará presente en todos los centros educativos. 

También se establecerán protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, suicidio, autolesión y cualquier otra forma de violencia. 

Habrá unidades especializadas en la Policía y la Guardia Civil, y se dará formación especializada a jueces y fiscales. 

Todos los centros de menores contarán con protocolos de prevención obligatoria con planes de detección precoz ante posibles casos de trata con fines de explotación sexual. 

Se creará además un Registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia. 

Además, el plazo de prescripción de los delitos graves contra menores no empezará a correr hasta que la víctima haya cumplido 30 años. 

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