Preguntas y respuestas sobre el Constitucional: ¿Puede Sánchez 'colocar' a dos afines a su gobierno?

El Gobierno ha anunciado este martes que designará al magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la catedrática de Derecho y exdirectora general de Asuntos Constitucionales en el Ministerio de Presidencia, Laura Díez para cubrir dos puestos de magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El acuerdo será adoptado en la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

En mitad del debate sobre la independencia del poder judicial, Sánchez ha decidido ‘colocar’ a dos afines a su Gobierno en el TC. El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, salió del Gobierno en julio de 2021 tras año y medio bajo las órdenes de Sánchez. Fue él, además, quien firmó los polémicos indultos a los dirigentes independentistas condenados por el ‘procès’. Tras haber rubricado las medidas de gracia, Sánchez lo cesó y el juez tuvo que volver a la Audiencia Nacional, donde tenía plaza de magistrado. Es la primera vez que un exministro entra en el Constitucional en la misma legislatura en la que abandonó el Gobierno. Díez, por su parte, forma parte desde abril del Consejo de Garantías Estatutarias catalán.

Pero, ¿puede Sánchez colocar a afines a su Gobierno en el TC? ¿Serán elegidos pese a la falta de renovación en el CGPJ? ¿Habrá choque de trenes entre instituciones? En El HuffPost damos respuesta a las preguntas más importantes sobre esta cuestión.

¿Por qué Sánchez toma esta decisión?

El Ejecutivo ha adoptado esta iniciativa ante el bloqueo desde hace cinco meses en el seno del Consejo General del Poder Judicial para designar a otros dos magistrados cuya elección corresponde al órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, el Gobierno ya había manifestado en numerosas ocasiones su intención de nombrar a sus dos candidatos al TC sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designara a los otros dos que completan el tercio de cuatro magistrados pendiente de renovación.

¿Habrá un vuelco a favor del ala progresista?

El órgano está formado por 12 magistrados. El mandato de cuatro de ellos expiró el pasado 12 de junio y su renovación corresponde tanto al Ejecutivo, que debe proponer a dos candidatos, como al Consejo General del Poder Judicial, que debía proponer a otros dos. Hasta ahora, el Gobierno había decidido esperar hasta que el Poder Judicial no propusiese a su vez a los suyos.

Los magistrados que han agotado su tiempo son el presidente Pedro González-Trevijano, el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez.

Sin embargo, el órgano de los jueces lleva más de cuatro años sin renovar a sus propios vocales debido a la situación de parálisis provocada por la falta de entendimiento entre Gobierno y oposición.  Hasta hace apenas un mes, PSOE y PP estuvieron negociando un pacto para renovar de una vez el CGPJ y establecer nuevos límites, como poner límites a las puertas giratorias entre la política y el mundo judicial. La sospecha de que el Gobierno iba a reformar el delito de sedición para favorecer a los condenados por el procés dinamitó dicha negociación.

Parte del sector conservador del CGPJ, con ese mandato caducado desde hace casi cuatro años, está dilatando la obligación legal de designar a su candidato para el TC, mientras que el sector progresista puso sobre la mesa el nombre de José Manuel Bandrés, actual juez del Tribunal Supremo.  Si entraran Campo, Díaz y Bandrés, la correlación de fuerzas del pleno cambiaría y se impondría una mayoría progresista en el Constitucional, algo que favorecería al actual gobierno de Sánchez.

¿Puede Sánchez elegir a dos ‘afines’ a su Gobierno?

Moncloa ha designado a Campo y Díez, de claro sesgo progresista. Y aunque sí es la primera vez que un exministro entraría en el Constitucional durante la misma legislatura, es habitual que los gobiernos de turno usen su poder para imponer magistrados de su misma ideología. En 2013, Rajoy eligió a Enrique López, actual consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y Francisco José Hernando, referente conservador.

Además, el PP también eligió a magistrados que habían sido diputados en sus filas, como es el caso de Andrés Ollero (2012 - 2021), y puso a un militante del PP como Francisco Pérez de los Cobos (2013 - 2017) como presidente del Constitucional.

La Constitución fija que los miembros del TC deben elegirse entre magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio profesional. Tanto Campo como Díez cumplen con estos requisitos previos.

¿Qué escollos hay por delante?

El problema es que el artículo 116.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que el órgano se renueva cada nueve años “por terceras partes”. Es decir, que el Gobierno tendría que esperar a los otros dos magistrados elegidos por el CGPJ para incluirlos en el Pleno. Sin embargo, algunas voces sostienen que el tribunal no puede permanecer sin renovarse porque “los vocales hayan decidido incumplir su función”. El tribunal de garantías tendrá que decidir, por tanto, si admite a los magistrados designados por el Gobierno o si veta su ingreso.

Fuentes de la corte de garantías a Europa Press veían también difícil que los dos aspirantes del Ejecutivo superaran el filtro del Pleno sin los dos del CGPJ, porque ―explicaban― el Consejo no podía cumplir con su función constitucional debido a la reforma de la LOPJ operada en marzo de 2021 que prohíbe al órgano hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial mientras esté caducado, situación en la que lleva ya casi cuatro años.

Sin embargo, las mismas fuentes subrayan ahora que el escenario cambió el pasado julio, cuando PSOE y Unidas Podemos impulsaron la aprobación de una segunda reforma para que el Consejo recuperara su poder de cubrir vacantes en los altos tribunales, aunque solo para el Constitucional.