POLÍTICA
31/05/2021 10:03 CEST | Actualizado 31/05/2021 10:14 CEST

El Gobierno planea reformar el delito de sedición para blindar los indultos

El Ministerio de Justicia pretende reducir las penas previstas, según 'El País'.

Pablo Blázquez Domínguez / Getty Images
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el Congreso

El Ministerio de Justicia lleva meses preparando una reforma del delito de sedición que rebaje las penas previstas, actualmente de entre 8 y 15 años de cárcel. El Gobierno de España pretende dar luz verde a esta modificación del Código Penal en las próximas semanas, llevándola a un Consejo de Ministros. El objetivo es el de poder reforzar el argumentario jurídico ante los posible indultos que se otorgarían a los presos del ‘procés’. Así lo recoge una información publicada por El País, en la que cita a fuentes del Ejecutivo.

El pretexto del Gobierno se corresponde con que las actuales penas son excesivas. Esta modificación llega después de que el Tribunal Supremo se pronunciase en contra de indultar a los 12 líderes políticos condenados en 2019 por la celebración del referéndum independentista del 1-O. 

Esta reforma ya había sido anunciada por el Ejecutivo antes de la pandemia y según adelanta el diario ya está preparada para su tramitación en el Congreso. De ser aprobada, dificultaría la anulación de dicha medida de gracia por parte de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. En este sentido, El País sostiene que el Gobierno ya cuenta con los apoyos suficientes para sacarla adelante, un proceso que tendría lugar antes de otorgar los indultos.

Al igual que ha ocurrido con los indultos, cuando el Gobierno anunció que estaba sobre la mesa rebajar las penas del delito de sedición también se produjo una gran polémica. El motivo es que esta reforma se entendió con una forma de corregir la sentencia del Supremo. 

Los delitos de los presos del ‘procés’

El Tribunal Supremo condenó por sedición en octubre de 2019 a 9 de los 12  dirigentes implicados en el ‘procés’ independentista. No obstante, no fue el único delito por que fueron sentenciados, ya que se sumó el de malversación de fondos. 

Las penas que conlleva el delito de sedición han sido cuestionadas recientemente por dos jueces del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer. Ambos fueron elegidos a propuesta del PSOE.

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