Bielorrusia celebra otras elecciones 'fake': más represión y servilismo de Lukashenko a Putin

Bielorrusia va a las urnas este 26 de enero y la cita no puede estar más lejos de eso que se suele llamar la "fiesta de la democracia". Sobre sus casi 9,2 millones de habitantes manda sin límite Alexandr Lukashenko, el último dictador de Europa, camino de 31 años en el poder, y lo seguirá haciendo: se espera que todo esté, de nuevo, manipulado. 

En las elecciones de agosto de 2020, Lukashenko se proclamó ganador con más del 80% de los votos y ese "robo", como lo llamaron los opositores, provocó la mayor movilización social en la historia del país, independiente desde 1991, tras formar parte de la URSS. Las calles se llenaron de banderas nacionales y europeas, reclamando un proceso transparente. Surgieron las fotos de las papeletas, que confirmaron el fraude. El clima ya estaba enfebrecido, con la mayoría de candidatos disidentes en la cárcel, pero sus esposas tomaron el relevo y convencieron a los ciudadanos de la posibilidad de cambio. No lo hubo, sí detenciones masivas, persecución, cárcel y exilio, una lucha premiada hasta con el Nobel de la Paz en 2022.  

Desde entonces, en estos cuatro años, decenas de miles de bielorrusos han tenido que marcharse del país para conservar la libertad o la vida -Bielorrusia es el único país europeo donde la pena de muerte sigue en vigor y, además, se han añadido más supuestos en los que aplicarla-. Lukashenko ha apretado más el puño en el cuello de los críticos y, en paralelo, se ha consolidado como el satélite perfecto del presidente ruso Vladimir Putin, permitiendo que por su país pasaran las tropas que iban a invadir Ucrania o que le coloquen armas nucleares tácticas en su suelo. 

Además de Lukashenko, también concurren a estas elecciones cuatro candidatos más: el líder comunista Serguéi Sirankov; el líder del Partido Republicano, Alexandr Jizhniak; el hijo de un histórico político bielorruso, Oleg Gaidukevich, y la abogada Anna Kanopátskaya, que ya concurrió hace cinco años. Los tres primeros tienen un corte tecnócrata, más que político, y la última es la única que puede ser calificada verdaderamente como crítica. Ha reclamado al dictador que ceda el poder, ha pedido reformar su sistema autoritario, defiende la libertad de expresión plena y apoya la propiedad privada, cita la Agencia EFE. 

Sin embargo, la oposición mayoritaria -con sus líderes en la cárcel y el exilio- han pedido a los ciudadanos votar en contra en estas elecciones, ya que considera que en Bielorrusia no se pueden celebrar elecciones democráticas libres. En el país existe la opción de votar contra todos los partidos que concurren, opción que elegiría hoy el 7,9% de la población, según los sondeos publicados, de escasa credibilidad dado el oficialismo o dependencia de los medios nacionales. 

Estas encuestas apuntan a que Lukashenko -de 70 años y al que sus seguidores llaman batka, padre- ganaría este domingo con el 82,5% de los votos (Putin se concedió un poco más, un 87%, en las presidenciales de marzo pasado), mientras que el resto  de candidatos se llevarían un 2,9%. Un 6,7% más no va a participar. Hay más de siete millones de personas llamadas a las urnas. 

El Parlamento Europeo ha votado esta semana un pronunciamiento en el que llama a la Unión Europea (UE), a sus países miembros y a la comunidad internacional a rechazar las elecciones, a no reconocer la legitimidad como presidente de Lukashenko tras el 26-E y a adoptar más sanciones contra Bielorrusia. El hecho de que se haya anticipado a la propia elección ha hecho que Minsk haya denunciado la "burda injerencia" de Bruselas en el proceso. 

"No tiene nada que ver con la situación real y está llamado a ejercer presión sobre la libre expresión de la voluntad popular de los bielorrusos", en palabras de Anatoli Glaz, ministro de Exteriores bielorruso, según la agencia oficial BELTA. "Las elecciones acaban de empezar y allí ya está todo condenado y no reconocido. Para la soberana Bielorrusia todo esto es inadmisible. Cualquier intento como ese recibirá la debida respuesta", añadió. 

Una de las quejas europeas, más allá de todo lo acontecido en estos últimos cuatro años de represión, es que no habrá observadores internacionales revisando lo que pasa en los colegios electorales. Glaz lo niega: sostiene que hay confirmados 45 observadores, cuya procedencia no explica y se teme que sean de países amigos, empezando por Rusia. Sostiene que la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), dependiente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha sido invitada. "Aún pueden venir". No se les espera, en principio, porque ha ocurrido como en las últimas presidenciales: la invitación, a sabiendas, se ha enviado tarde y no ha dado tiempo a organizar la expedición. 

El último precedente electoral tampoco da lugar a la esperanza. El 25 de febrero de 2024 se celebraron elecciones a la Cámara de Representantes (la Cámara Baja del parlamento) y a los consejos locales de diputados (unos órganos representativos locales). La organización local Defensores de los Derechos Humanos para unas Elecciones Libres documentó numerosas violaciones de las normas internacionales sobre comicios libres y justos. 

Ya en noviembre, preparado el terreno para la cita de este domingo, las fuerzas del orden llevaron a cabo más de cien redadas en relación con las elecciones en el Consejo de Coordinación, un organismo no gubernamental que busca una transición democrática en el país y se presenta como un órgano representativo colectivo de la parte democrática de la sociedad bielorrusa. Tras ellas, las autoridades condenaron en ausencia a 20 activistas, periodistas y académicos por su supuesta afiliación a la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya, hoy en el exilio y reconocida y premiada por la comunidad internacional. En mayo, cuando se celebraron las elecciones al Consejo, las autoridades también abrieron causas penales contra 257 personas cuyos nombres figuraban en la lista de candidatos.

Caza al disidente

Hay cientos de miles de exiliados que no van a poder votar, además, porque no se han habilitado urnas en el exterior. La causa: "seguridad". No es casual que los bielorrusos que están fuera hayan salido de su hogar más por cuestiones políticas que económicas y que fueran a votar masivamente contra el régimen. 

Según la organización Human Right Watch, en Bielorrusia hoy hay al menos 1.275 presos políticos, en buena medida arrestados en esta última legislatura de Lukashenko. Desde mediados del pasado año, el presidente ha iniciado una campaña de indultos que ha beneficiado ya al 10% de ellos, en un intento de mejorar sus relaciones con los países occidentales. La razón de fondo no es que el dictador se haya caído del caballo y quiera ahora defender los derechos humanos, no, sino que quiere congraciarse con los países occidentales. 

Sabe que está en ciernes una negociación entre Ucrania y Rusia para poner fin a la invasión iniciada en 2022, porque los Estados Unidos de Donald Trump no quieren conflictos armados en su mandato y fuerzan a las partes para sentarse a debatir. Si hay armisticio, aunque sea temporal, se podrían revisar las relaciones del oeste con Moscú y Minsk y eso implicaría, posiblemente, una rebaja en las sanciones internacionales. Lukashenko da pasos por lo que pueda venir. 

Mientras eso pasa o no pasa, la realidad de los detenidos es terrible. Explica HRW que las autoridades bielorrusas continúan su "purga" de voces independientes que persiguen y acosan a defensores de los derechos humanos, periodistas, abogados, políticos de la oposición, manifestantes y activistas. "Cientos de personas siguen encarceladas por cargos de motivación política y se enfrentan a malos tratos durante su detención", denuncia en su informe anual. Ninguna organización de derechos humanos puede operar legalmente en Bielorrusia, recuerda. 

Las autoridades han procesado en el último año no sólo a quienes quieren a Lukashenko fuera del poder sino, ahora, también a críticos de la guerra de Rusia en Ucrania, dispersado brutalmente las protestas contra la invasión o hasta la publicación de fotos de tropas rusas pasando por su país. 

Dice la ONG Viasná (Primavera) que 282 presos políticos se encuentran "en riesgo", principalmente, por motivos de salud. Al menos 81 personas "tienen graves problemas de salud" y 35 personas son mayores de 60 años. Entre los detenidos por motivos políticos hay también 30 padres y madres de familias numerosas, agregan. 

Hay familias que han estado dos años sin saber nada de sus encerrados: en los casos de María Kolésnikova -posiblemente la mayor líder opositora que queda dentro del país, condenada a 11 años, acusada de haber creado y liderado una organización "extremista" para tomar el poder- y Víctor Babariko -un excandidato en 2020, doblemente condenado por oposición al régimen y evasión fiscal-, los medios estatales bielorrusos han mostrado imágenes, también un guiño hacia el exterior que por ahora es sólo propaganda, denuncia la citada ONG. 

Las condiciones del encierro son muy severas, como evidencia esa desconexión de dos años, esa plena incomunicación de dos de los principales disidentes, que afecta al menos a seis presos, dice HRW. Hay más, variadas y tremendas. Hasta los indultos tienen truco: muchos de sus beneficiarios fueron obligados bajo coacción a firmar una petición oficial a las autoridades, que incluye la admisión de culpabilidad.

Los funcionarios penitenciarios restringieron severamente el acceso de estos reclusos de conciencia a la correspondencia, las llamadas, los paquetes y las reuniones con abogados y familiares. Se enfrentaron al uso de celdas de castigo y a regímenes de confinamiento "arbitrariamente severos y prolongados". También a nuevos cargos falsos de "desobediencia maliciosa", que prolongaron sus condenas.

"La administración penitenciaria negó a los presos políticos el acceso a una atención médica oportuna y adecuada", insiste HRW. En el pasado año, al menos tres presos políticos, Aliaksandr Kulinich, Ihar Lednik y Vadzim Khrasko, murieron por causas evitables tras recibir atención médica tardía o inadecuada. Las fuerzas del orden obligan rutinariamente a los detenidos en casos con motivaciones políticas a "arrepentirse" de sus “crímenes” ante las cámaras bajo coacción y difunden dichos videos en Internet. Eso también genera una presión mental importante. Viasná calcula que hay al menos una docena de presos que, de base, ya tienen afecciones mentales, que se ven agravadas.

El acoso de Lukashenko llega incluso con la libertad, porque se acosa a los presos políticos tras su liberación, "sometiéndolos a controles periódicos y abriendo nuevos procesos penales". Estando dentro y estando fuera, sufren también por ellos sus familiares y amigos, que son investigados y atacados, como las organizaciones que les brindan apoyo y denuncian sus casos. 

Un botón: en enero de 2024, las autoridades nacionales calificaron de "extremista" a INeedHelpBY, un grupo que repartía ayuda alimentaria para presos políticos y sus familias. Entonces, las fuerzas de seguridad allanaron, detuvieron e interrogaron a al menos 287 de esos receptores de alimentos. Más de 100 de ellos se enfrentaron a multas administrativas y arrestos acusados de "recibir ayuda extranjera para actividades terroristas y extremistas".

Sólo entre junio y julio, agentes del orden allanaron los domicilios de 21 periodistas independientes exiliados y obligaron a sus familiares a grabar vídeos condenándolos. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a Bielorrusia en el puesto 167 de su clasificación mundial de la libertad de prensa, sobre 180 Estados analizados. Ha caído 10 puntos en un año, lo que da cuenta de la erosión de las libertades en ele país. Antes de la invasión rusa de Ucrania, ya era el país más peligroso de Europa para los informadores. 

Al menos 43 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación también están tras las rejas a día de hoy. Desde agosto de 2020, se han registrado 589 detenciones injustificadas de profesionales de la información contra 397 periodistas. "Algunos han sido detenidos varias veces", dice Reporteros. En vísperas de este "simulacro electoral", la organización profesional ha denunciado al régimen ante la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, "de los que los periodistas son un objetivo masivo".

El régimen también ha procesado a decenas de personas por "financiación del terrorismo" y "extremismo" tras sus donaciones a fondos que brindan ayuda a los disidentes encarcelados y a bolsas de resistencia cívica a las que ponen estas mismas etiquetas. "Los agentes de la ley obligaron a muchos a pagar sobornos para evitar ser procesados", dice el informe anual de HRW.

Misma dinámica con sitios web y páginas de redes sociales de medios independientes y grupos de derechos humanos, que son sistemáticamente bloqueados con esa excusa. En abril, el Centro de Operaciones y Análisis controlado por la presidencia adoptó una directiva que permite al Centro de Operaciones y Análisis dependiente del Presidente de la República desconectar los sitios web considerados "extremistas" del sistema de dominio nacional del país (.by), lo que en la práctica los cierra. A mediados de noviembre de 2024, las autoridades habían cerrado casi 1.200 organizaciones no gubernamentales gracias a esta vía. 

Todo lo que viene de fuera suena a amenaza y, por eso, "decenas de exiliados" han sido procesados en ausencia cada año, desde los comicios de 2020, "por motivos políticos, violando las garantías de un juicio justo". A los que se la juegan y regresan a ver a la familia, porque no llegaron a tener cargos pendientes, se les revisan los teléfonos y, en ocasiones, se les detiene por seguir a medios independientes etiquetados, de nuevo, como "extremistas", tener fotos de las protestas de 2020 o por donar a fondos considerados antipatrióticos.

Por todo ello, en marzo del pasado año, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que había encontrado "motivos razonables para creer se han podido cometer crímenes de lesa humanidad por persecución" por parte de los funcionarios de Bielorrusia. Todo eso, en el corazón de Europa y sin repercusiones judiciales por ahora, aunque hay intentos de que Lukashenko rinda cuentas: en septiembre, pasado, Lituania  remitió  la situación del país al  fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), quien inició un examen preliminar de la situación. En septiembre, grupos de derechos humanos presentaron un nuevo informe al fiscal de la CPI en el que denunciaban la participación de Bielorrusia en el desplazamiento y adoctrinamiento de niños ucranianos.

En abril, además, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó un Grupo de Expertos Independientes sobre la situación de los derechos humanos en el país, que busca "investigar y apoyar la rendición de cuentas por los crímenes internacionales cometidos por las autoridades bielorrusas". Ya hay un relator especial trabajando sobre estos casos.

Ucrania presente

Bielorrusia vota este año con la invasión de Ucrania no de fondo, sino presente. Minsk ha permitido que las fuerzas rusas utilicen su territorio del país desde el comienzo de la "operación militar especial" de Rusia a Ucrania, hace casi tres años, y así se vio desde el primer día, cuando una de las principales columnas partió de su flanco. 

Datos de fuentes abiertas sugieren que las autoridades bielorrusas han facilitado los traslados forzosos ilegales de más de 2.000 niños ucranianos desde los territorios ocupados por Rusia en Ucrania a Bielorrusia, un robo de población contrario al derecho internacional y por el que hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin. 

Sin ir a estas fuentes, se ha reconocido oficialmente que Moscú ha trasladado al país armas nucleares tácticas en Bielorrusia, y tiene previsto también enviar a territorio bielorruso misiles Oreshnik, el nuevo proyectil balístico que las fuerzas rusas ya han probado en su ofensiva sobre Ucrania y que Moscú quiere producir en serie. 

Más: el pasado diciembre, los dos países firmaron un tratado con garantías mutuas de seguridad en el que respaldan el uso de armas nucleares ante potenciales amenazas externas. Quieren "garantizar la defensa, proteger la soberanía, la independencia y el orden constitucional" de los dos países vecinos". La nueva doctrina atómica de Putin está en la base de ese acuerdo: por primera vez, permite respuestas con armamento atómico ante ataques convencionales que amenacen la soberanía de Rusia y Bielorrusia. El blindaje de su aliado, expresamente, es una novedad formidable de la que Lukashenko ha hecho gala en esta campaña electoral. 

El dictador también está ayudando al Kremlin con tácticas de guerra híbrida, especialmente usando a los inmigrantes contra países fronterizos que son a la vez parte de la UE y de la OTAN, esto es, Polonia, Lituania y Letonia. Todos aliados de Kiev. Sobre todo en los últimos tres años, miles de personas han intentado cruzar la densamente boscosa frontera de Bielorrusia con estos estados, con Lukashenko animando a estas personas en necesidad a volar a Minsk para, luego, llevarlas a la frontera y abandonarlas a su suerte. Delante, el bloqueo de la entrada. Detrás, abusos por parte de los uniformados bielorrusos. 

Lejos de ser puntual, estamos ante una estrategia permanente. POLITICO ha desvelado unas llamadas telefónicas y documentos interceptados al régimen que exponen su plan de usar a los migrantes contra Europa. Se leen cosas como esta, un episodio de mayo de 2021:

"Ihar Kachalau, subdirector de la policía criminal de la región de Minsk, recibió informes sobre la desaparición de varias personas que habían viajado a Bielorrusia desde África para aprender a jugar al fútbol, llamó al Ministerio del Interior para pedir asesoramiento. 

"El ministro dio instrucciones explícitas", dijo Mikhail Bedunkevich, un alto funcionario del ministerio, en una intercepción de la llamada. "No deberíamos preocuparnos por los migrantes en tránsito hacia Europa". Hizo una pausa por un momento y luego agregó: "¿Desaparecidos? Todo bien, siempre y cuando no se establezcan aquí. Cualquier cosa que se mueva en esa dirección… No deberíamos interponernos en su camino".

Las organizaciones de derechos humanos  locales registraron  muertes de migrantes en ambos lados de la frontera, aunque se desconoce el número. Entre ellos hay incluso niños.

En 2024, las autoridades bielorrusas procesaron a decenas de personas "por expresar su apoyo a Ucrania, compartir fotografías del movimiento de tropas rusas con los medios de comunicación, protestar en solidaridad con los migrantres usados como arma de guerra o realizar donaciones al Regimiento Kastuś Kalinoŭski", una unidad compuesta por bielorrusos que luchan por Ucrania, dice HRW. 

El pasado 19 de enero, Putin llamó a Lukashenko para desearle suerte en las elecciones. Con ocasión de la fiesta de la Epifanía ortodoxa, hablaron y "le deseó éxitos", según informó el Kremlin. "Los líderes confirmaron su compromiso mutuo para reforzar aún más la alianza y asociación estratégica entre ambos países", añade la nota oficial. No es nuevo, tampoco: el ruso ya ofreció una ayuda impagable a Lukashenko en las anteriores presidenciales, con dinero y medios. Luego, ante las protestas, las condenó duramente y hasta se mostró dispuesto a desplegar fuerzas propias para restablecer el "orden constitucional". A la vez, concedió un crédito a su amigo y vecino para hacer inyecciones con las que calmar las cosas. 

Desde aquel 2020 fue cuajando el quid pro quo, que quedó clarísimo ya en 2022, con la invasión de Ucrania y el papel jugado por Minsk en su preparación y como avanzada territorial decisiva. Papel que no comparte de forma monolítica la nación bielorrusa, lo que ha llevado más allá de las protestas a que algunos de ellos crucen a Ucrania y sirvan en la Legión Extranjera, en primera línea de fuego. 

La Agencia EFE ha estado con ellos en Leópolis y explica que se cree que hasta 70 combatientes voluntarios bielorrusos han muerto en esta contienda. Los que sobreviven y ayudan, desde el plano militar y el civil, dicen que están convencidos de que "el destino de Bielorrusia se decidirá en Ucrania". "Los bielorrusos entienden que la raíz del mal está en Moscú, no en Minsk, y que no podrá haber una Bielorrusia democrática mientras el régimen de Putin y sus ambiciones imperiales no sean derrotadas", declara Aliaksei Frantskevich, director de la Casa de la Bielorrusia Libre en la ciudad ucraniana.

Oleg Ovchinikov, soldado del Regimiento Kastus Kalinouski del Ejército ucraniano, añade que "el apoyo ruso es la única razón por la que Lukashenko sigue en el poder", por lo que “sólo cuando debilitemos todo lo posible a Rusia habrá un levantamiento para derrocar al régimen de Lukashenko". Si Putin llega a caer, en un mes lo hace su propio tirano, augura. 

Entre ellos hay temor a unas hipotéticas negociaciones de paz, por si hay demasiadas cesiones que pedir a Kiev, por si hay pocas garantías de seguridad que ofrecerle, por si le quitan territorio, por si Putin se sale en parte con la suya. Frantskevich alerta a los países occidentales contra la rehabilitación de Lukashenko como un líder legítimo. Sin una Bielorrusia democrática e independiente, cree, no habrá seguridad en la región. "Al igual que los ucranianos, necesitamos una victoria, no la paz. La paz supondría prolongar la dictadura que hemos tenido durante treinta años con Lukashenko", remacha.

De momento, la cita inmediata es con las urnas este domingo. El presidente va preparando el champán. ¿Se estará preparando también la calle para otra lucha histórica?