El Tribunal Constitucional de Corea del Sur aprobó este viernes, de manera unánime, la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol, por su controvertida declaración de ley marcial, con lo que el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días.

El fallo fue adoptado con el voto a favor de los ocho jueces del máximo tribunal surcoreano. Para que la destitución fuera ratificada, se requería el respaldo de al menos seis de los ocho magistrados que componen la instancia.

Yoon permanecía suspendido de sus funciones desde hace más de 100 días después de que la Asamblea Nacional aprobara una moción para su destitución tras su declaración de la ley marcial el pasado 3 de diciembre.  "Aunque es lamentable, el PPP acepta solemnemente y respeta con humildad la decisión del Tribunal Constitucional", declaró el líder interino del su partido, el Partido del Poder Popular (PPP), Kwon Young-se, poco después del anuncio del mismo.

El tribunal concluyó que Yoon violó la Constitución al declarar la ley marcial el 3 de diciembre y al enviar al Ejército al Parlamento para impedir que los legisladores anularan el decreto. El mandatario ha negado todos los cargos.

El fallo, leído por el presidente interino del tribunal, Moon Hyung-bae, tiene efecto inmediato y es irrevocable, por lo que Yoon queda apartado del cargo formalmente y el país deberá celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de dos meses.

"La crisis política no justifica las acciones tomadas. La situación en la Asamblea Nacional en ese momento no justificaba el ejercicio de poderes nacionales de emergencia", señaló Moon durante la lectura del veredicto.

En su argumentación, el tribunal subrayó que el presidente incurrió en una violación sustancial de la ley al impedir el ejercicio de las funciones legislativas. También concluyó que Yoon infringió disposiciones constitucionales al violar el derecho de los legisladores a deliberar y votar, así como su inmunidad parlamentaria.

Agregó que el presidente utilizó fuerzas armadas con fines políticos, lo que constituyó una grave transgresión de la neutralidad política del Ejército y de su deber como comandante en jefe.

El proceso ha estado marcado por una fuerte polarización social y política, con protestas masivas en todo el país y encuestas que mostraban alrededor del 60 % de apoyo ciudadano a la destitución.

El principal partido opositor celebró la decisión como una "victoria del pueblo", mientras que el partido oficialista declaró que "acepta humildemente" el veredicto del tribunal.

El presidente interino Han Duck-soo aseguró que el Gobierno trabajará para garantizar una transición de liderazgo sin contratiempos hasta la elección del nuevo jefe de Estado, prometiendo que no habrá vacíos en áreas clave como la seguridad nacional y la política exterior durante el periodo de interinidad.