Matías Martínez, el primer juez que rechaza seis cambios de sexo registrales por fraude

Evitar el uso fraudulento de una ley que beneficia a todo un colectivo. El juez cántabro Matías Martínez, de 33 años, se ha convertido en el primer magistrado en España que rechaza seis solicitudes registrales de cambio de sexo al entender que buscaban un objetivo diferente al espíritu con el que nació la ley trans. 

El joven juez, que trabaja en el Juzgado de Primera Instancia 5 de San Bartolomé de Tirajana (sur de Gran Canaria) con competencia compartida en materia de Registro Civil, explicó la semana pasada en una entrevista en El País y en un programa autonómico en RTVE los motivos por los que rechazó dichas solicitudes y las lagunas que, como magistrado, observa en la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad y aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero. 

Martínez admite en todo momento que la ley trans es necesaria porque son "personas que de verdad nacen en cuerpos equivocados". "Es algo totalmente cierto, pero necesitamos que las leyes tengan la calidad legislativa suficiente", advierte. 

Para el juez, la ley - tal como está redactada - "es muy amplia y no deja claro los supuestos en los que puedes denegar la rectificación registral". "Hubo algunos compañeros que entendían que debíamos siempre conceder la rectificación, dado que la ley únicamente hace depender dicha rectificación del sentimiento de la persona interesada. Había otro grupo, en el que me encontraba yo, que consideraba que dentro de las funciones registrales está la de controlar el cumplimiento de la ley. Estas divergencias radican en una cuestión: cuando actuamos como encargados del Registro Civil, técnicamente no somos jueces, sino una suerte de funcionarios calificadores: como juez, al ejercer potestad jurisdiccional, podemos controlar mejor el fraude; pero al ser encargado del registro civil, no", señala. 

Efectivamente, la ley trans especifica que para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años no será obligatorio presentar informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género, ni tampoco estar en un proceso de hormonación o haberse sometido a operaciones para modificar la apariencia. Basta, en principio, con la mera palabra de la persona solicitante.

Sin embargo, esto abre la puerta a que algunos usen la norma a su favor por motivos que nada tienen que ver con un cambio de sexo. Por ejemplo, el sargento del Aire que lo solicitó para tener beneficios laborales o el condenado por violencia machista que aspira al indulto "porque se siente mujer". 

Saber si la persona solicitante intenta cometer un fraude es el hándicap al que se enfrentan los encargados del registro civil. Aunque Martínez admite: "Si le soy sincero, según entran por la puerta, uno ya se da cuenta de cuándo se trata de un fraude. Esto no lo puedo poner así en los autos, obviamente, pero uno ya ve a esas personas y se da cuenta de que sus motivos son diferentes al sentimiento que tienen". De momento, ha aprobado diez y ha rechazado seis. Entre las negativas se encuentran un médico que decía que "un juez le fastidió la vida porque le divorció de su mujer que no quería lavarle los calzoncillos" y otro que quería cambiarse de sexo "porque una vez le detuvieron por pegar a su mujer y no quería que le volviera a pasar".

Para evitar ese fraude, el cántabro exige que la Dirección General de la Seguridad Jurídica y Fe Pública emita una instrucción más clara para la forma de proceder en el registro civil y evitar que un/a solicitante pueda acudir a otra oficina en el caso de que en una de ellas se le deniegue el cambio de sexo.