Ya no es solo cuestión de precio: el 42% de las personas jóvenes sufre problemas de salud mental por la crisis de la vivienda

Las dificultades para acceder a una vivienda, siquiera para poder hacer frente al pago del alquiler, está haciendo mella en la juventud, y ya no solo por la parte económica. El 42% de los jóvenes entre 25 y 34 años percibe su salud mental como regular o mala, según se desprende del nuevo informe "Habitar la incertidumbre: vivienda, juventud y malestar estructural" que publican el Consejo de la Juventud de España (CJE), Fad Juventud e Intermón Oxfam; una investigación que "pone de relieve cómo la crisis habitacional y la precariedad laboral van de la mano de una peor percepción de la salud mental entre la población joven, además de limitar sus proyectos de vida y expectativas de futuro".

El informe, que se ha hecho público este martes, refleja cómo ha cambiado el modelo residencial de los jóvenes en los últimos años. Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en propiedad, con unos precios que no dejan de aumentar, a la población joven de la época se la define ya como "generación inquilina". En 2025, la mitad de las personas jóvenes que pudieron emanciparse lo hicieron en régimen de alquiler.

Esta emancipación es, sin embargo, también más difícil, ya que los jóvenes deben destinar "de forma sostenida entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda", un umbral muy superior al recomendado del 30%. El asunto es si cabe peor en el caso de los hogares unipersonales jóvenes, donde desde 2017 se "supera el 80% del salario" que debe destinarse al pago mensual de la renta. 

El porcentaje del salario que se destina a la vivienda está directamente relacionado con la incidencia en la salud mental. Las personas de entre 16 y 34 años que deben destinar más del 50% de sus ingresos a la mensualidad sufren el doble de malestar emocional que quienes pueden pagar menos del 30%.

Pero el problema ya no reside solo en el precio de la vivienda, sino también en la creciente precariedad e inestabilidad laboral, que tienen su peso "sobre la salud psicológica de la población joven y reducen sus opciones de futuro". Cuantos más problemas económicos, más problemas de salud psicológica. Tal y como detalla el estudio, en el último año, "el 65,3% de quienes se encuentran en situación de carencia material severa sufrió algún problema de este tipo, frente al 52,4% de quienes no presentan ninguna privación". Asimismo, los problemas psicológicos son mayores cuantos más problemas existen para poder ahorrar.

Todo esto, al final, genera un "círculo vicioso: disponer de pocos medios está asociado a una peor salud mental, lo que dificulta reunir dinero para atención psicológica y, al no recibir asistencia, empeora la percepción del propio malestar emocional". Entre las personas de 24 a 35 años, "la mala salud mental aumentó del 7% al 19,3% para quienes tuvieron que renunciar a apoyo psicológico por falta de recursos".

Por si fuera poco, la carencia material y la mala salud mental condicionan al mismo tiempo la necesidad humana, también la urgencia, de "vínculos, vida social y percepción de apoyo". Casi el 40% de las personas jóvenes con carencia material severa afirma "sentir soledad no deseada con frecuencia", un porcentaje que baja hasta el 20% entre quienes no afrontan tantas dificultades materiales.

¿Y la solución?

Tanto el CJE como Fad Juventud e Intermón Oxfam consideran que es urgente aprobar "medidas para abordar una doble emergencia". Las tres organizaciones creen imprescindible reforzar por un lado "los servicios y la atención psicológica para cuidar la salud mental de la juventud" y, por otro, "abordar con soluciones los problemas estructurales que están detrás de este malestar".

Los tres organismos reclaman en su estudio "políticas públicas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna y asequible con medidas como incrementar el parque de vivienda pública o combatir las prácticas especulativas en el mercado del alquiler".

Respecto a la precariedad laboral, apuestan "por actuaciones como la aprobación del Estatuto del Becario o la ampliación de los programas de becas y ayudas al estudio". Asimismo, plantean la habilitación de acciones específicas como la reforma del Ingreso Mínimo Vital "para que las personas menores de 30 años puedan solicitarlo para combatir la pobreza juvenil y reducir la carencia material severa".