Quiénes son los siete miembros del TAD que pueden sentenciar (o no) a Rubiales
El CSD espera ansioso una decisión crucial para el futuro del fútbol español.
Hace diez días, mucha gente ni siquiera conocería de su existencia y otros tantos apenas sabían su significado, pero con el caso Rubiales, el TAD se ha convertido en uno de los grandes focos de la actualidad deportiva, social y hasta política. De su decisión depende en buena medida el futuro de Luis Rubiales y lo que pueda hacer (o no) el Gobierno en un escándalo que parece lejos de su final.
A estas horas, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sopesa si admite o no la denuncia elevada por el CSD contra Luis Rubiales por "infracciones muy graves". En caso de 'luz verde', el organismo gubernamental iniciaría un proceso exprés para inhabilitarle. Pero la decisión se hace de rogar y lo que se esperaba para la tarde del lunes aún no llega.
La 'papeleta' legal está en manos de siete personas, todas ellas juristas de reconocido prestigio, aunque no se hable de ellos de forma individual, sino siempre como colectivo. Ante la trascendencia de su decisión, han optado por pedir más documentación al CSD, retrasando el 'veredicto'.
El TAD está presidido por Francisco de Miguel Pajuelo. Nombrado como responsable en mayo de 2023 tras expirar el mandato de su predecesor, Julián Espartero Casado, este licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca se ha encontrado una 'patata muy caliente' apenas llegó al cargo (mismo escenario que el mandatario del CSD, Víctor Francos, que 'aterrizó' en junio).
Pajuelo es funcionario del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, además de autor de numerosas obras de Derecho y cuestiones administrativas y cuenta con amplia experiencia como miembro del TAD, ya que previamente había sido vocal y secretario.
Su segundo ahora ha pasado a ser Guillermo de Blas Bados, que llegó al cargo de secretario también en mayo y es abogado del Estado.
Los otros cinco miembros son vocales del TAD. Es el caso de Eva Fernández, abogada del Estado; Pilar Juárez, profesora de la Universidad Carlos III; Alfonso Ramos del Molins, otro abogado del Estado, Marina Adela Porta Serrano, abogada del Estado y Jaime Caravaca, igualmente abogado del Estado.
La designación de los siete miembros es mixta. Cuatro de ellos son elegidos a propuesta del presidente del Consejo Superior de Deportes y los otros tres salen a iniciativa de las federaciones deportivas españolas.
A pesar de su relación institucional con el Consejo Superior de Deportes, actúa con independencia de este, como ha venido recordando el propio Víctor Francos, que sigue a la espera de lo que decida un organismo que se antoja crucial para el presente y el futuro del fútbol español.