Ayuso manda callar porque "habla una mujer" y García replica: revuelo y risa de la presidenta

Ayuso manda callar porque "habla una mujer" y García replica: revuelo y risa de la presidenta

También ha negado con la cabeza.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, protagonizó la semana pasada un llamativo momento en la Asamblea cuando afeó que otros diputados hablasen mientras ella estaba interviniendo.

“Está hablando una mujer, ¡cállense los de enfrente!”, dijo a gritos. Este jueves, Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha querido responder a esas palabras de Ayuso.

“Mire, el otro día nos mandó callar en nombre del feminismo. Y, mire, le cuento: es que el feminismo no manda callar. El feminismo escucha. Así que mire, escuche”, le ha dicho en unas declaraciones que han provocado alboroto en la Asamblea y la risa de Ayuso mientras miraba sus papeles y negaba con la cabeza.

Parte de la sesión se ha centrado en que se rechazará en el Pleno, previsiblemente, las enmiendas de los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) al proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como ‘Ley Ómnibus’, por lo que continuará su trámite parlamentario.

Se trata de una reforma legal que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.

La decisión de Ejecutivo regional de validar la Ley Ómnibus llega después del dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de un periodo de audiencia e información pública. Durante este proceso se recibieron unas 600 alegaciones que han permitido mejorar el texto elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa.

Con esta norma, el Ejecutivo madrileño calcula un ahorro anual de un millón de euros para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta en beneficio de los ciudadanos y las empresas.